Pedro Bárcena González
La información entregada por las víctimas como por sus hermanas, además la prueba pericial que respaldó estos relatos, se convirtió en uno de los principales fundamentos para desvirtuar la presunción de inocencia de un obrero forestal en cuatro episodios de agresiones sexuales contra sus nietas. Una pesadilla que aún sacude emocionalmente a las menores, atacadas en Ancud y Puerto Montt.
El sujeto de iniciales J.A.T.B. (57), quien negó en todo momento cualquier acercamiento de connotación impropia con las niñitas, fue condenado por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una de las pequeñas desde que ella tenía apenas 7 años, mientras que por su hermanita se acreditó que el depravado la abusó desde los 5 años.
Tal como explicó el fiscal de la causa, Jorge Raddatz, la sala presidida por el magistrado Cristian Rojas ratificó "los hechos ocurridos en el 2010, cuando las menores fueron a visitar a su abuelo a Ancud, como también lo sucedido en mayo del 2014 en la propia casa de las ofendidas en Puerto Montt".
Bajo este escenario y pese a que los sentenciadores estimaron que los ilícitos tienen el carácter de continuado, el persecutor igual mantuvo su pretensión de condena: 20 años de cárcel. "Por ser cuatro los hechos que se comprobaron insistimos que existe una reiteración que se debe traducir en la intensidad de la pena", aclaró.
Contundente
Igualmente, el abogado valoró la contundencia de los antecedentes entregados por las ofendidas a través de circuito cerrado de televisión en la sala especial que tiene el tribunal del sector alto castreño, donde se efectuó el juicio que se extendió por cinco extenuantes jornadas. También destacó el aporte de sus parientes.
"Las niñas dieron cuenta de lo que les sucedió, mientras que las hermanas relataron que presenciaron la interacción del acusado con ellas", aseveró el representante del Ministerio Público, sumando que los informes periciales "dieron una credibilidad absoluta a estas declaraciones, tanto en el tiempo y lugar donde ocurrieron las agresiones, como también ratificando la participación de este imputado".
En tanto, la abogada querellante Vanessa Aránguiz, quien representa a las víctimas a través del Programa Reparación y Justicia, resaltó en sus alegatos que la "prueba entregada acredita los episodios de agresiones sexuales en contexto de violencia intrafamiliar en un caso que costó develarse, lo cual solo se produce cuando una de las hermanas más pequeñas de la víctima oye una conversación entre las otras referidas a estos ataques".
La profesional sostuvo la misma pretensión de condena que la Fiscalía y desestimó las argumentaciones de la defensa, referidas a la intervención de un tercero en estos hechos, ya que el obrero sería impotente sexualmente. Una versión que en definitiva desechó el tribunal.
Por esta decisión, el defensor Luis Mora mostró su disconformidad, expresando que "plateamos en el juicio la duda razonable y la falta de peritajes que analizaran y descartaran las motivaciones que eventualmente tendrían las menores para inculpar a su abuelo, una persona que tuvo siempre contacto con menores y los cuales descartan cualquier actitud semejante a su respecto".
Asimismo, el abogado enfatizó que "se acreditó mediante pericias médicas que el acusado padece una disfunción eréctil, la que convierte el delito de violación en uno imposible de cometer por el sujeto".
Otro punto que criticó fue la realización de peritajes de credibilidad del relato, que según indicó, se efectuaron en una etapa de la causa no judicializada. "Por eso, no podemos ejercer el derecho a defensa, el que se vio vulnerado también al no accederse a realización de nuevos peritajes que establezcan sin lugar a dudas la inexistencia de otras motivaciones para la acusación", finalizó.
"Por ser cuatro los hechos que se comprobaron insistimos que existe una reiteración".
Jorge Raddatz, fiscal."
