Pedro Bárcena González

En una verdadera lección de aprendizaje se torna la muerte de Paola Villalobos Mancilla (42). La madre de tres hijos fue encontrada al interior del nuevo hogar que levantaba en la comuna de Dalcahue con múltiples golpes y lesiones punzocortantes en el cuerpo. A su pareja se le imputa el crimen, considerado como el femicidio 13 ocurrido este año en el país.

La historia de violencia que marcó la convivencia entre los intervinientes desnuda la complejidad de estos casos y la necesidad de abordarlos de manera integral. Pese a que existieron seis episodios de agresiones judicializados en solo dos años, nunca se pudo frenar esta espiral de ataques, incluso mutuos. Todos fallaron en la protección de esta víctima.

Sin considerar los múltiples encontrones que se mantuvieron ocultos en la clandestinidad de las viviendas que compartían, muchas fueron las instancias de violencia que se denunciaron. Estas comenzaron a visibilizarse el 4 de octubre del 2015, cuando una discusión entre el sujeto de iniciales M.H.V.A. (33) y su conviviente culminó en golpes recíprocos dentro de la casa ubicada en calle Angulo de Osorno.

Tratamiento

El joven reconoció su participación en este delito de lesiones menos graves en contexto de VIF y junto a la mujer debieron someterse a tratamiento sicológico en el centro de salud familiar por seis meses, como única medida de intervención para tratar un problema grave de convivencia y consumo de alcohol. Claramente, esto no fue suficiente.

Las disputas y agresiones continuaron. Dos meses después se produjo otro incidente, el cual incluso llegó a juicio oral, en el que también se vio involucrada una de las hijas de la Paola. El cocinero fue acusado de nuevas lesiones, como de amenazas de muerte y desacato. Sin embargo, la sala presidida por la magistrado Patricia Gallardo del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad del Rahue decidió absolver al sujeto. La razón: la insuficiente prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público.

Los hechos del debate se produjeron el 13 de diciembre del 2015, en el nuevo domicilio de la afectada en calle Lastarria. Al sujeto se le acusó de irrumpir en este inmueble pese a que tenía prohibición de acercarse, vociferar que iba a matar a la mujer y su hija, arrastrarla por la calle y golpearla. Muchos vieron el incidente y pese a las evidencias corporales que dejó, el fiscal José Vivallo no pudo crear convicción entre los sentenciadores. Un nuevo fracaso.

Las golpizas entre ambos continuaron. Muchas en el anonimato, pero otras también llegaron a tribunales. El 18 de febrero del año pasado, ambos se vieron enfrascados en una paliza de proporciones por la cual fueron condenados a una simple pena de multa y accesorias -inhabilitación de derechos políticos y cargos públicos, como prohibición de porte de armas- que nada influyeron en frenar esta dinámica de violencia.

Menos de dos meses después de estos hechos, ocurrió otra agresión. Esta vez, ambos vivían en calle 5 de Abril de Osorno, donde el joven le propinó una paliza a la mujer, quien resultó con una contusión nasal. El delincuente fue condenado a pena de multa y a la obligación de someterse a un tratamiento por su alcoholismo por el plazo de un año. Sin embargo, no se analizó el claro riesgo que implicaba para la mujer la libertad del sujeto, con sentencias previas por atacarla. Por ello, no extrañó que ocurriera otra agresión.

En agosto del 2016, ahora en un domicilio de calle Baquedano, siempre en la ciudad del Rahue, ambos se trenzaron en una golpiza, en la cual Paola terminó con contusiones en su nariz, ojo y oreja. Una causa que todavía estaba en trámite y en la que increíblemente no se solicitaron medidas de protección.

Bajo esta dinámica, sin que existieran trabas legales para impedir esta violencia arraigada en esta relación enfermiza, los casos se sucedieron. En octubre de ese mismo año, en un fundo que la mujer compartía con su pareja en el sector Pulli el imputado la agredió con puñetazos y patadas, ocasionándole laceraciones y hematomas.

El golpeador fue condenado a multa y el abandono del hogar común, como también prohibición de acercarse a la víctima. Unas accesorias que rápidamente quedaron en el olvido, ya que la pareja un mes después de este fallo se trasladó a Chiloé, donde las discusiones y agresiones continuaron hasta llegar a un trágico final.

Estas resoluciones judiciales nunca abordaron el fondo del problema que vivía Paola. Las amenazas eran evidentes y constatadas, por lo cual ella nunca se atrevió a dejar al cocinero. Siempre se retractaba y volvía a verse comprometida en esta secuencia insalvable de violencia.

La "oportunidad" que se dieron en la Isla, la llamada "luna de miel", tardó poco en romperse. Así lo revelaron los compañeros de trabajo de la víctima, quienes relataron que la veían "marcada" por los golpes.

"Se trataba de ocultar con maquillaje las lesiones, hasta vi cuando le pegó", indicó Verónica Ruiz, colega de la Villalobos en la planta pesquera de Cermaq Chile en Dalcahue. Incluso, como indicó Lindsy Aguilera, "un día la vi con moretones en el trabajo"; hasta la criticó por continuar con su pareja que siempre la agredía y amenazaba. No obstante, el vínculo fue imposible de romper.

Las amigas trataron de impedir lo inevitable, como también su familia, pero nunca fueron muestras activas y firmes, solo mensajes que nada hacían dentro del círculo vicioso de esta relación.

Mensaje

La hermana de Paola ya advertía en febrero del año pasado la pesadilla que sufría su familiar. En las redes sociales publicaba que este sujeto "es un maricon k le gusta pegarle a las mujeres ......le pega a mi hermana y la tiene amenazada. Temo por su vida", escribió Sylvana Abrigo.

Los esfuerzos sirvieron para alertar esta situación, pero la institucionalidad falló y no pudo a rescatar a esta madre de tres hijos de lo que fue su muerte.

La directora subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) en Los Lagos, Angélica Palma, recalcó que nunca fue derivada esta vecina a uno de los centros dedicados a atender esta problemática. Es más, explicó que esta intervención "es voluntaria y cuando alguien es obligada no irá".

Por lo tanto, el claro rol reactivo de este organismo necesita del apoyo mancomunado para evitar que sigan registrándose más afectadas y la dinámica de violencia crezca. Todos deben comprometerse.

Así lo entiende la sicóloga, manifestando que la denuncia de estos casos "la puede realizar cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos. Se debe apoyar a la víctima y denunciar, acercarse a los centros".

La demanda es espontánea para acceder a la intervención del Sernameg, o bien, con derivación de las policías, el Ministerio Público o la justicia. Aunque se dé cuenta que no existió este traslado con Paola, sí aparece otro fenómeno que impidió abordarla a tiempo: la retractación.

Como especificó el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, cada vez que aparece una víctima con riesgo alto o medio, como fue el caso de Paola Villalobos, "remitimos los datos a las redes, pero siempre tenemos que tener en vista que la víctima quiera ser atendida", lo que no se produjo con esta mujer.

La dinámica de la problemática, como enfatizó el persecutor, obliga a enfocarse en que la propia afectada se de cuenta de su situación. Hacia ese objetivo avanza el trabajo que desarrolla este organismo con personas envueltas en la VIF.

"La Fiscalía busca acercarse a las víctimas y que se genere un empoderamiento, que se asuma como víctima y salga del fenómeno de violencia", aseveró el abogado.

Los ribetes complejos de esta causa prenden la alerta. "Acá existieron agresiones mutuas", advirtió Canales, sumando como una verdadera consigna que "el sistema en su conjunto debe atender el fenómeno, con los recursos de todas las instituciones". Una situación que no se observó en Paola, pero que se torna en exigencia para no lamentar otras muertes.

"La denuncia de estos hechos la puede realizar cualquier persona".

Angélica Palma,, directora regional (s), del Sernameg."