Pedro Bárcena González

En tramitación hasta la próxima semana se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC) el requerimiento interpuesto por un acusado de provocar un mortal accidente en Chonchi, el que pretende declarar inaplicable un artículo de la Ley Emilia que obliga a suspender por un año una eventual pena sustitutiva, tiempo en el cual se ejecuta la privación de libertad.

Este recurso es uno dentro de la decena que ha ingresado a nivel nacional a este organismo durante este año, los que buscan declarar como inconstitucional esta norma (artículo 196 ter de la Ley 18.290). Todo ello luego que en diciembre los ministros resolvieran a favor de un conductor que atropelló a un peatón manejando ebrio en San Antonio.

En el caso chilote, el sujeto de iniciales J.V.M. presentó la acción judicial antes que se desarrolle el juicio oral en su contra por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, el cual se iba a realizar el próximo 10 de mayo. Sin embargo, a la espera de la admisibilidad del requerimiento el TC ordenó la suspensión de este proceso penal.

Así lo confirmó el defensor Claudio Herrera, quien sustanció el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, señalando que se busca con esta ofensiva legal "que se pueda aplicar la pena sustitutiva con cumplimiento desde el momento en que se dicte condena y el acusado no quede supeditado a esperar un año privado de libertad estos beneficios".

Desproporcionada

Otro de los argumentos que se postulan para dejar sin efecto esta norma es que la consideran "desproporcionada", ya que incluso en delitos de mayor gravosidad no se cuenta con esta obligación carcelaria.

Es más, el propio TC recalcó en su fallo del 13 de diciembre del 2016 en que confirma esta ilegalidad que "las penas privativas de libertad se utilizan como último recurso, después que esté plenamente establecido que el uso de otros mecanismos resulta insuficiente para sancionar las conductas delictivas más graves".

Su rechazo a esta medida expuso el fiscal Javier Calisto, quien sustancia la causa por el deceso de Milton Villarroel Villarroel (51), ocurrido el 2 de noviembre del 2014 -menos de dos meses después de promulgarse la Ley Emilia-, cuando el auto en que viajaba impactó con un montículo de tierra a un costado de la Ruta 5 Sur, a la altura del sector Rauco.

El persecutor que invoca una pena de 7 años de reclusión para el acusado de 49 años y conductor de esta máquina, quien marcó 1,03 gramos por mil de alcohol en la sangre, aseveró que "sostenemos que no es inconstitucional esta norma, la cual se legisló y pasó todos los controles respectivos en su momento".

En tanto, la familia de la víctima criticó este requerimiento. "La responsabilidad del imputado está establecida y se quiere rebajar su pena. Él debe cumplir con cárcel el delito que cometió, puesto que por su accionar se perdió una vida", aclaró Elena Guerra, esposa de la víctima fatal de este accidente.

Pedro Bárcena González

Con el objeto de potenciar la persecución penal de los delitos de mayor impacto en la comunidad, el Ministerio Público y las policías han desarrollado reuniones de coordinación para diseñar los principales pasos a seguir para fortalecer la investigación de estos casos. Especial atención la centraron en los robos, problemática que azota con fuerza a la provincia y que muchas veces queda impune.

Más allá de las variaciones hasta marginales que puedan tener los estadísticos, siempre existe una movilidad en los atracos. Así lo entienden estos organismos en alianza por los mismos casos que se ven en Chiloé.

Según la Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros (Pacic), durante este 2017 hasta la primera semana de marzo en la jurisdicción de la Primera Comisaría de Ancud casi todos los indicadores por robos aumentaron, siendo los más preocupantes el incremento en un 80% -con respecto a igual período del 2016- de la sustracción de objetos o accesorios de vehículos y el alza de un 24% de ataques en viviendas.

En el área de la Segunda Comisaría de Castro, los índices están a la baja, salvo por los robos en lugares no habitados (alza de 24%) y robos con violencia (50%); lo mismo pasa con la Sexta unidad de Quellón, donde constituyen la excepción los incrementos en este tipo de asaltos (50%) y apropiaciones en viviendas (30%).

Bajo este escenario, se están ejecutando estos encuentros de planificación, los cuales, como resaltó el fiscal regional Marcos Emilfork, apuntan a llevar más casos a los tribunales. "Se trata de coordinar mejor los esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la persecución penal de estos ilícitos", acotó.

El único fiscal especializado en indagar estos hechos en la provincia, Javier Calisto, estuvo en esta cita, remarcando que "se analiza el trabajo realizado en el primer trimestre en cuanto a las diligencias que se deben efectuar para mejorar la persecución de estos delitos, considerando que los robos se encuentran dentro de la línea de interés especial de la Fiscalía por su repercusión en la comunidad".

Dentro de las acciones estudiadas, como detalló el abogado, se encuentran métodos de despliegue "como inteligencia policial, análisis de información, imputados frecuentes, lugares en que se cometen estos hechos, como también metodologías como el posicionamiento georreferencial y el mismo impacto del Plan Cuadrante".