M. Eugenia Núñez G.

Hace exactamente un año que pescadores apoyados por otras organizaciones se tomaron la Ruta 5 Sur en diferentes puntos de la Isla, como una forma de presionar al Gobierno para la búsqueda de soluciones concretas a la crisis generada por la marea roja en la provincia.

Fueron los artesanales de Quellón los primeros en movilizarse, quienes a primeras horas de ese lunes 2 de mayo del 2016 procedieron a bloquear el kilómetro 3 de la Carretera Panamericana, en el acceso norte de la ciudad, respaldados, entre otros, por mitilicultores, miembros de comunidades indígenas y descargadores del muelle local, permitiendo el paso solamente para vehículos de emergencia y transporte escolar.

Horas más tarde, se sumaron cerca de 800 pescadores de Queilen con una manifestación pacífica en la Ruta W-853 que une esta comuna con la de Chonchi, más otros dos mil en Ancud, con una toma de la carretera en Mutrico y bloqueos en las rampas de embarque y desembarco de transbordadores, impidiendo la entrada y salida de vehículos desde la Isla Grande de Chiloé.

Los manifestantes acusaban que la determinación adoptada por el Gobierno, de fines de abril del 2016, de declarar Zona de Catástrofe no venía acompañada de la forma en cómo se distribuirán los recursos para la gente de mar que sufría los embates de la marea roja, tampoco la procedencia de los mismos. Todo lo anterior en el marco de un fenómeno que los mantenía cesantes.

Al día siguiente se les unieron los macheros de Chanquín y alrededores, con una toma de carretera a la altura de la rotonda de Chonchi, como también sus símiles de Dalcahue y Castro, con una postura de que no claudicarían en sus exigencias hasta ser oídos por el Ejecutivo.

Poco a poco esta movilización que se fue tomando distintos puntos de la provincia, abarcando las 10 comunas, logró convertirse en el mayor estallido social que se tenga recuerdo de esta zona del país.

Protagonistas

Fueron 18 días de movilización, que culminaron el jueves 19 de mayo cuando Ancud llegó a un acuerdo con el Gobierno. Antes ya lo habían hecho las demás localidades.

Hoy, a casi 12 de meses del término de esta histórica fecha en el calendario insular, sus protagonistas afirman que algunas demandas que fueron negociadas con el Ejecutivo sí se cumplieron, pero otras jamás llegaron a buen puerto y que el daño ecológico que sufrieron los mares del Archipiélago es una deuda que aún sigue vigente por parte del Estado chileno.

"Yo diría que -a lo menos en nuestra comuna- se cumplieron el 80% de los compromisos pactados", indicó Santiago Navarro, presidente del Sindicado de Pescadores de Queilen.

"Nos ofrecieron cuatro PMU (Programa de Mejoramiento Urbano) y solo se cumplieron tres; asimismo, hubo problemas en la entrega de bonos, no le llegó a toda la gente que sí debía recibirlo, apelaron 200 personas y de ellas solo 30 cumplían, según Sernapesca, con los requisitos y quedaron otras fuera que sí tenían derecho, y pese de los reclamos que hicimos por esta situación, el Gobierno siempre nos bypaseó", acusó el exconcejal.

Asimismo y junto con agradecer el apoyo incondicional de la población chilota, el dirigente expuso que "este paro dejó de manifiesto que el 60% de la población de Queilen vive de la pesca artesanal y que este es un rubro productivo que mueve la economía local".

Lo anterior es compartido en parte por Alberto Naín, presidente del Sindicato de Pescadores Indígenas de Chanquín.

El reconocido machero de la zona del pacífico de la comuna de Chonchi destacó que esta movilización fue el fruto del complejo escenario que estaban viviendo como hombres de mar, lo que los obligó a salir a las calles a protestar, buscando recursos para paliar el complejo fenómeno gatillado por la marea roja.

"Las cosas no estaban bien para nosotros, estaban bastante difíciles, no podíamos trabajar; además, se nos estaba imponiendo un bono de cien mil pesos para familias completas que llevaban cuatro meses sin poder trabajar", precisó el comunero.

En cuanto a la ayuda ofrecida por el Ejecutivo para la reconversión laboral de la población, ella solamente llegó a medias.

"Este compromiso que realizó la entidad pública fue a la mitad. Sí estuvo presente Indap, Conadi y Sernam con talleres y ayudas técnicas para la llamada reconversión laboral de nuestra gente, pero nunca vimos la ayuda comprometida por Fosis y Corfo; además, no todos pudieron participar de las herramientas que entregaron estos servicios públicos, pues decían que solo algunos cumplían con los requisitos", acotó Naín.

Desde el norte de la Isla, el presidente de la Mesa de Marea Roja de Ancud, Pablo Oyarzo, aclaró que esta lucha aún no ha finalizado y que todavía queda trabajo por hacer.

"El balance uno quisiera que fuera más positivo, por lo mismo es que aún seguimos luchando como mesa de marea roja, llegaron muy pocos bonos solidarios, los aportes que entregaron fueron muy bajos y ello se lo hemos mostrado al Gobierno con gráficos; por lo mismo, es que le decimos que no bajaremos los brazos", puntualizó el ancuditano.

Agregó que lo único positivo que los hombres de mar que representa de este primer aniversario del estallido social es la solidaridad de la comunidad insular hacia ellos, acusando que "hoy estamos prácticamente abandonados, no se cumplió con todos los compromisos pactados, les llegó bonos a personas que no les correspondía y eso se lo dijimos (Gobierno) y nunca quisieron hacer caso y obviamente eso perjudicó a quienes sí estaban siendo perjudicados por la marea roja".

La fuente además subrayó que para los artesanales es de suma importancia que se clarifique la forma como se ha demandado, respecto a los verdaderos responsables de la grave crisis ambiental que atacó los mares insulares.

"Para nosotros es fundamental saber qué relación tuvo el vertimiento de salmones con el alza en los índices de marea roja, debe haber una aclaración", manifestó Oyarzo.

Crítica

Desde el otro extremo de la provincia en Quellón, Héctor Morales, secretario general del Consejo Regional de Pescadores (Corepa), fue más crítico y aseveró que esta movilización no benefició en nada a su gremio.

"La pesca artesanal no ganó nada con esta movilización, solo hubieron bonos mal entregados. El mismo 2 de mayo me reuní con el exsubsecretario de Pesca Raúl Súnico en Valparaíso y le adelanté lo que iba a ocurrir con los bonos y así pasó, uno sabía que en Sernapesca estaba acreditada gente que no va al mar", cuestionó.

"También hubieron personas que incitaron a que el paro comience antes de tiempo pues el 26 de abril se acordó en reunión con el intendente (Leonardo de la Prida) que le daríamos 15 días al Gobierno para una respuesta y eso se cumplía el 11 de mayo", sentenció Morales.

"Hubo gente que quiso salir antes a la calle para no darle tiempo al Gobierno a presentar una propuesta", concluyó el histórico dirigente del sur de la Isla Grande.

"Este paro dejó de manifiesto que el 60% de la población de Queilen vive de la pesca artesanal".

Santiago Navarro, queilino."

Pablo Oyarzo, líder social de Ancud

"Lo positivo es que nuestra gente siempre estuvo unida y que contamos con el apoyo de toda una comunidad. El apoyo fue tremendo y eso para nosotros fue muy importante y estaremos siempre agradecidos, sin embargo, en el aspecto económico no hemos podido lograr una recuperación", mencionó.

Héctor Morales, representante de Quellón

"Hay que decirlo, aquí hubo una manipulación, lamentablemente detrás de esta movilización estuvo metida la UDI y el Partido Comunista, increíblemente aquí hubo una persona del Partido Comunista que le pidió la renuncia a la mismísima Presidenta (Michelle Bachelet)", manifestó el histórico dirigente.

Alberto Naín, dirigente de Chonchi

"Si bien fuimos la primera comuna (Chonchi) de la provincia en negociar con el Gobierno, aquí hubo un muñequeo político de por medio y como sucedió en todas las comunas, los bonos no llegaron a todas las personas que sí tenían derecho, se reclamó pero no pasó absolutamente nada", sostuvo el machero.

18 días duró el paro. La comuna de Ancud fue la última en bajarse, tras llegar a acuerdo.