Pedro Bárcena González
Aprovechando la escalada de recursos interpuestos para declarar inaplicable una norma de la Ley Emilia que obliga a la privación de libertad e impide beneficios de cumplimiento por un año para los autores de manejos en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones graves o gravísimas, otros dos requerimientos provenientes de Chiloé -de los 18 a nivel nacional- se encuentran en tramitación.
Así quedó establecido en los últimos días, cuando el Tribunal Constitucional (TC) admitió los antecedentes presentados por el joven de iniciales J.P.A. (37), quien arriesga 10 años de cárcel por conducción etílica causando la muerte de Aldo Vera Valenzuela (53) y las lesiones de otras cuatro personas, como también otros 5 años de presidio por denegación de auxilio.
Estas severas penas están asociadas al fatal accidente registrado el 14 de febrero del 2016, a la altura del kilómetro 1.265 de la Ruta 5 Sur, en el sector Coinco de Quellón, las cuales busca atenuar el acusado invocando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley de Tránsito.
Principio
El abogado patrocinante, Milton Cuevas, explicó que esta acción judicial "busca que se aplique una pena acorde al hecho", enfatizando que los artículos cuestionados "atentan contra el principio de culpabilidad", en especial, porque se estaría calificando un delito por el resultado.
El profesional recalcó que este caso se trataría de un manejo en estado de ebriedad simple y que existirían diversos factores que modificaron la evolución normal de las lesiones.
Según la acusación de la fiscal Karen Rosas, el imputado perdió el control de su vehículo, cruzando el eje de la calzada para impactar a un taxi, "el cual se desplazó de manera irregular e imprevista por la ruta", colisionando con otro móvil. Producto de ello, la víctima que viajaba en el transporte público salió eyectada falleciendo en el lugar.
Analizando la dinámica de este múltiple siniestro vial, el defensor particular especificó que "se observan concausas que inciden en el resultado del accidente, como no permanecer atentos al impacto, las condiciones de los pasajeros y otros elementos que no son responsabilidad del acusado".
Por lo pronto, el TC ordenó la suspensión del juicio oral programado para el 18 de mayo en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, mientras tramita el recurso y resuelve sobre su admisibilidad.
En tanto, en la fase posterior a la acusación fue admitido el recurso por el TC por parte del imputado de iniciales J.J.B.O. (36), a quien se le vincula como autor del delito de conducción en estado de ebriedad causando la muerte de Jennifer Rodríguez (28) el 18 de mayo del 2016, en medio de una carrera clandestina en la Ruta W-881, a la altura del sector Chaiguao en Quellón.
Tal como en el caso anterior, esta vez el abogado Yerko Yáñez cuestiona los mismos tres artículos de la Ley Emilia, con el objeto de impedir la opción de una pena sustitutiva.
Para el joven piloto solicitaron una pena de 10 años de cárcel por el manejo y otros 5 por denegación de auxilio a la mujer, que viajaba como acompañante en el auto del imputado.
Dilatorios
En tanto, la fiscal Rosas calificó estos recursos como "dilatorios", sumando que no afectarían el fondo de la solicitud de pena corporal.
"Nosotros pedimos penas muy superiores al evento del año de privación de libertad que está en cuestionamiento dentro de la norma. Por ello, la aplicación eventual de estas condenas no permitirían una pena sustitutiva, sino que sería de cumplimiento efectivo", aseveró la persecutor.
A su vez, la abogada recalcó que se espera la resolución del TC para la reprogramación del juicio oral por el primer caso, como también para la realización de la audiencia de preparación de juicio por la segunda causa.
