Carolina Larenas Faúndez

Dos preguntas buscó responder la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la ejecución y rendición de recursos recibidos por la Intendencia de Los Lagos para enfrentar la emergencia vivida por los efectos del fenómeno denominado marea roja.

Se trató de conocer: ¿los recursos transferidos a la Intendencia Regional de Los Lagos fueron entregados a personas que efectivamente fueron afectados por la emergencia de la marea roja?, y ¿la Onemi (Oficina Nacional de Emergencia) de la Región de Los Lagos efectuó un adecuado proceso de adquisición, almacenamiento y distribución de los productos adquiridos para mitigar la catástrofe?

Aunque ya se habían adelantado algunos de los hallazgos de esta auditoría al proceder de las instituciones públicas frente a esta problemática que el año pasado mantuvo en Chiloé 19 días movilizaciones, en los últimos días el órgano contralor entregó el informe final y sus respectivas observaciones en los casos en los que advirtió alguna discrepancia.

Dentro de los resultados entregados por el informe se detalla que se constató que existen 16 beneficiarios de bonos de emergencia, quienes, a febrero de 2016, eran funcionarios de planta o a contrata o estaban prestando servicios en calidad de honorarios a entidades públicas, lo que vulnera lo dispuesto en la resolución exenta N°J-820 de 2016.

Además, la Contraloría requiere para subsanar este problema que la autoridad regional deberá remitir, en el plazo de 30 días hábiles contando de la recepción del informe, los comprobantes de ingreso que acrediten la restitución de los aportes percibidos indebidamente, bajo apercibimiento de formular reparo.

Junto con ello, la fiscalización advirtió el depósito del bono de emergencia a 11 personas que se encuentran fallecidas y el monto pagado asciende a un millón 800 mil pesos, situación que también transgrede a lo dispuesto.

Un plazo de 30 días estableció el ente contralor en este caso para subsanar este tema, instruyendo a efectuar las acciones de cobro respectivas. A su vez, procede que esta materia sea incorporada en el sumario que debe ordenar instruir la Intendencia.

De acuerdo a lo explicado por el diputado opositor por Chiloé y Palena, Alejandro Santana (RN), quien solicitó esta fiscalización, en esta investigación se constataron algunas irregularidades como que funcionarios públicos recibieron el bono de emergencia, además de un detalle que no existía en el pasado que entregó a personas fallecidas.

"Aquí hay problemas de competencia, de prolijidad, de chequeo, de registros", afirmó el parlamentario, sumando que "también se detectó que beneficiarios tenían cotizaciones previsionales que era una de las condiciones que no podían tener para ser beneficiados de este bono".

El político también comentó que como parte de esta revisión se hizo un catastro del uso de vehículos fiscales y se determinó que hubo uso de móviles en días inhábiles, lo que está detallado en el informe y que no hay autorización de parte de las jefaturas con respecto a asociarlo para este fin.

"Se constató que llegaron productos en mal estado de las canastas familiares adquiridas por la Onemi y aquí hay una muestra que se tomó y dice que de un total de 550 beneficiarios a quienes se les entregó ayuda, 322 de ellos no corresponden a personas afectadas por la marea roja", describió el congresista.

Bajo este análisis, Santana precisó que "de acuerdo con los antecedentes proporcionados entre el 1 de mayo y el 31 de julio 2016, el monto de los ingresos que se recibieron con el objeto de poder ir en ayuda de los damnificados fue de 3 mil 811 millones de pesos; en tanto, los egresos asociados a los gastos ejecutados suman 3 mil 764 millones de pesos, correspondientes a 6 mil 500 beneficiarios".

Ahora, agregó el político, "estos beneficiarios representan el 24% del total de los trabajadores directos, llámese pescadores artesanales o trabajadores de la acuicultura del universo total".

Para el parlamentario chilote, un aspecto clave en esto es que "a pesar que se hicieron todas las observaciones con anticipación, no hubo prolijidad necesaria para poder subsanar los errores cometidos y la indignación pasa porque entiendo que de 74 de cada 100 personas que no recibieron la ayuda, sí hubo ayuda a quienes no les correspondía entregarles y hay casos que son obviamente extremos como el de las personas fallecidas".

Julio Cárdenas, dirigente del Sindicato de Pescadores de Bahía Caulín, en Ancud, y quien fue parte de la mesa de marea roja de esa comuna durante la crisis de mayo pasado, aseguró que el informe de la Contraloría solamente ratifica lo que su colectivo ya ha planteado sobre el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno.

"Yo he dicho que de lo que se nos ofreció hace un año solo se ha cumplido un 40 por ciento, sobre todo porque quedó mucha gente sin beneficios", argumentó el ancuditano, añadiendo que "este informe viene a detallar lo que nosotros pensábamos".

Igualmente, Cárdenas realizó un llamado a las autoridades a aclarar este tipo de situaciones, las que durante los últimos meses han sido cuestionadas, pero que a la fecha no tienen una respuesta satisfactoria.

El pasado abril, cuando se hizo público parte del resultado de la investigación de la Contraloría, el intendente Leonardo de la Prida reconoció que se entregaron 11 bonos a similar cantidad de funcionarios públicos de la Región de Los Lagos durante el conflicto por la marea roja.

Lo anterior, lo relacionó con que el margen de error en la entrega de este beneficio fue "mínimo", considerando que fueron 6.754 las personas favorecidas.

"Dentro del contexto de 6.700 pagos y correspondiente al 0,16% de las cancelaciones totales, hubo efectivamente 11 personas que en alguno de los pagos revistieron la calidad de funcionarios públicos. Quiero aclarar, no son funcionarios de Intendencia ni del Gobierno Regional, sino que son personas que, viviendo en las zonas afectadas, en algún momento, optaron por un cargo, ya sea una municipalidad o en alguna otra entidad fiscal", aclaró en su momento el abogado.