Pedro Bárcena González

En calidad de detenido en la cárcel de la capital provincial quedó el transportista vinculado a una serie de ultrajes a menores de la Escuela Ana Nelly Oyarzún de Nercón, luego de controlarse su aprehensión durante la jornada de ayer en el Juzgado de Garantía de Castro. Una audiencia marcada por el dolor e impacto, tanto de los familiares de las víctimas, como de los cercanos al imputado.

La necesidad de potenciar las diligencias y contar con mayores antecedentes indagatorios gatilló que la magistrado Jésica Yáñez acogiera la solicitud del fiscal Enrique Canales de prorrogar la formalización por abuso sexual infantil reiterado para este lunes. Las pesquisas incluso podrían derivar en la inclusión de nuevas afectadas.

Como ajustada a derecho fue declarada la detención del conductor del transporte escolar de 58 años de edad, la cual fue materializada la tarde del jueves por parte de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme). Una orden judicial fue la base para sustentar la legalidad del procedimiento.

Asimismo, el persecutor recalcó que espera la realización de nuevas pesquisas para corroborar los antecedentes acusatorios que mantiene hasta ahora y proceder a encausar al isleño.

Diligencias

Dentro de las acciones que se están desarrollando se encuentra la recopilación de datos de testigos de los supuestos abusos sexuales contra las escolares -entre 8 y 12 años-, en el trayecto de su casa al centro educativo. Hasta ayer el abogado confirmó la existencia de cinco afectadas directamente, considerando la declaración que prestaron, a las que se sumaría una sexta menor violentada.

"Estamos en espera de nuevas diligencias para sustentar una futura formalización. Para ello es preciso contar con todos los datos posibles, por lo cual todavía aguardamos por la toma de declaración de dos presuntas víctimas con síndrome de Down, como también de la asistente del conductor para que explique su presencia o ausencia ante los hechos", acotó el jurista.

Además, otro punto fundamental en la causa será la especificación de las fechas en que ocurrieron los supuestos vejámenes, lo que redundaría -junto a la cantidad de afectadas- en el carácter reiterado de este ilícito.

El defensor particular Rodrigo Vargas se opuso a la ampliación de la detención, resaltando que esta medida se explicaría "en delitos flagrantes", apuntando que los antecedentes serían prematuros y urgiría la realización de más pericias.

A su vez, el profesional argumentó que tanto en esta etapa de la causa, como en tres días más, "solo existirían declaraciones para formalizar", lo cual no sustentaría este plazo extra para realizar este trámite procesal.

Pese a estas alegaciones, la jueza aceptó esta prórroga, enfatizando que es "relevante" que la formalización sea "completa", considerando la gravedad del delito imputado y la existencia "de seis víctimas".

Un último recurso para impedir que su representado sea trasladado al centro de detención preventiva intentó el defensor, aludiendo a enfermedades -hipertensión y diabetes- del transportista. Por ello, pidió que espere la audiencia internado en el hospital castreño, lo cual fue desechado de plano por la magistrado.

Esta medida fue tomada con conformidad por parte de los parientes de las víctimas, quienes esperan el máximo rigor de la ley contra el imputado, de quien nunca esperaron su vinculación en estos hechos.

Confianza

Así lo reveló la madre de una de las afectadas, una escolar de 12 años que sindica a este conductor como el responsable de las agresiones que sufrió. La joven apoderada recalcó que "frente a toda la comunidad escolar parecía de lo más amoroso... se había ganado la confianza de todos en los tres años que llevaba trabajando con sus dos furgones en la escuela".

La isleña manifestó que toda esta espiral de imputaciones y vulneraciones quedó al descubierto por la reacción que habría tenido una estudiante con síndrome de Down. "Esta niña de 8 años reveló todo, al no querer subirse al furgón, dando cuenta después de las acciones que realizaba en su contra", aclaró.

Por su parte, la tía de otra escolar de 12 años involucrada como víctima en este caso indicó que "ella fue amenazada por este sujeto, quien le habría dicho que si no lo besaba o dejaba que la tocara, la bajaría del furgón o le haría algo más".

En tanto, la madre de una alumna de apenas 9 años, quien también aparece como afectada por estos hechos, confirmó que "mi hija vio como este tipo zamarreaba a una de las chicas".

Todas las apoderadas coincidieron que esto podría constituir literalmente la "punta del iceberg", puesto que aseguran que existen más casos que todavía no se revelan.

"Las niñas están intimidadas, temerosas, por lo que pueden salir más menores afectadas. Por eso, no puede quedar esto así nomás, se ve llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia", comentó la mamá de otra de las víctimas, que están recibiendo un apoyo integral para superar este complejo momento.

Por ello, se constituyeron en el tribunal representantes de la Oficina de Protección de Derechos de Castro y del Centro de Apoyo a Víctimas, para prestar toda la atención a los afectados.

Como sostuvo Gabriela Solís, coordinadora de la OPD castreña, su presencia en la audiencia fue en representación del Servicio Nacional de Menores, con el objeto de reunir todos los antecedentes necesarios para luego interponer una querella.

Asimismo, la profesional recalcó que "es importante que las autoridades comunales estén al tanto del impacto de estas situaciones que dañan a los niños y trabajar en conjunto para proteger la integridad física, emocional y sicológica de los menores".

"Estamos en espera de nuevas diligencias para sustentar una futura formalización".

Enrique Canales,, fiscal de la causa."

58 años tiene el imputado que esperará en la cárcel la formalización en su contra.

11.56 horas del jueves se otorgó la orden de detención contra el transportista.