Luis Contreras Villarroel

Un serio cuestionamiento a la forma en que se estarían aplicando los protocolos previos a la contratación de servicios de transporte escolar plantearon diferentes representantes organizacionales hacia la institucionalidad de la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Castro.

Los reparos de las voces sociales aparecieron a raíz del revuelo que provocaron las acusaciones en contra de un chofer del transporte escolar acusado de abuso sexual infantil en contra de ocho menores y que en estos momentos se mantiene en prisión preventiva en la cárcel local.

El caso que prácticamente no ha dejado indiferente a ningún miembro de la comunidad chilota por la gravedad de los relatos descritos por el Ministerio Público en la formalización del pasado lunes alcanzaron a líderes de juntas vecinales, quienes apuntaron a la necesidad de que los exámenes a que se estarían sometiendo los prestadores de estos servicios sean rigurosos y efectivos.

Claudia Meza, presidenta de la Junta de Vecinos de Arturo Prat I, aludió una "falta de fiscalización" de parte del ente sostenedor hacia los transportistas escolares que contrata. "Si la corporación hace algún examen sicológico antes de contratar furgones escolares, me llama mucho la atención como mamá que esto esté pasando en Castro", cuestionó.

Sumó la líder social que "he visto que cuando se va a buscar o dejar a los niños, los baja el mismo conductor y no un auxiliar", lo que es exigido por ley.

Una interpretación similar hizo la dirigenta de la villa Los Presidentes, Marta Vargas, al sentenciar que "toda persona que trabaja directamente con niños debe tener sus exámenes previos antes de tener un contrato, tiene que ser entrevistas personales, exámenes con sicólogos y ellos tienen que determinar si la persona está apta o no para desempeñarse en el trabajo".

A su vez, Rodrigo Yudumán, que lidera la junta vecinal del sector Alonso de Ercilla, evaluó que "hoy día el cuidado de los niños es súper importante, entonces en ese sentido hay que tener un cuidado de quién se contrata y quién está al cuidado de los niños".

PERFIL

Para el sicólogo Javier Márquez, las secuelas de un delito de abuso sexual marcan la vida de un menor de edad a manos de su victimario.

"Es una sensación de vergüenza, sensación de sentir asco sobre sí mismo, por la manera en cómo se siente utilizado, abusado, hay un menoscabo que generalmente no se comunica por temor a la consecuencia", apuntó el profesional.

Sumó que "se guarda generalmente esa situación y para evadir esa sensación constante, esa emoción que no tiene cabida, que no lo puede comunicar, que está cargada de emociones como también de culpa".

"Cuando se cuenta y la familia no actúa y cuestiona al niño es peor porque se sienten culpables, se sienten sin apoyo", enfatizó.

En cuanto a las características o el perfil propio de un abusador de menores, el profesional es categórico al hacer una radiografía o lectura de la condición de este tipo de victimarios.

Márquez consignó que "lamentablemente, tengo que decir que no se puede determinar un perfil específico porque muchos pueden ser victimarios, ser una amigo de confianza de la casa, un tío, puede ser el abuelo, puede ser el tío del furgón, entonces siempre se trata de tener una figura del enfermo, pero en la sociedad se ve como una persona muy normal".

CORPORACIÓN

El abogado de la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor, Alex Galindo, aseveró que la contratación de un conductor depende de los antecedentes que avalen sus condiciones para trabajar con niños.

"Para que sea contratado por la corporación tiene que ser acompañado de antecedentes donde generalmente aparecen las anotaciones o antecedentes por ilícitos que haya cometido o no los tenga, o anotaciones cuando se trata de situaciones de violencia intrafamiliar", sumó el jurista.

Aunque reconoció que en el caso puntual del "tío" transportista de la Escuela de Nercón desconoce la selección que tuvo para el cargo, sumó que en los actuales procesos "se solicita un certificado de idoneidad sicológica y eso se entrega a través del Servicio de Salud (Chiloé)".

El asesor jurídico del ente encargado de la educación municipal castreño sentenció que "en el caso que existiese una falta de idoneidad moral, tenga por seguro que la corporación no contrataría los servicios de una persona sobre la cual existe algún tipo de situación que esté legalmente sancionada".

Rodrigo Yudumán, de la villa Alonso de Ercilla

"Yo entiendo que si los papás o la corporación contratan un servicio deben tener conocimiento de quién es la persona, tiene que tener algún tipo de referencia (...), lo que queda como lección es el cuidado y estar atento más que nada hoy día a nuestros niños", reflexionó el paradocente.