Enjuician a cuatro jóvenes por tráfico de salmones en Quellón
Los sujetos enfrentan cargos por receptación y comercio ilegal como clandestino.
En un nuevo episodio procesal relacionado al tráfico de recursos marinos en Chiloé, cuatro jóvenes enfrentan desde ayer un juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, en el cual están siendo acusados de receptación, comercio irregular y clandestino de más de 3 toneladas de salmón sustraídas desde un centro de cultivo de Quellón.
Compleja ha sido la fase indagatoria y judicial de esta causa. No solo la recopilación de antecedentes ha mostrado sus barreras, sino también el desarrollo del proceso de enjuiciamiento. La audiencia sufrió una postergación en marzo pasado y este jueves casi vive otra instancia similar por la ausencia de un quinto coimputado. Sin embargo, la sala presidida por el magistrado Cristián Rojas resolvió realizar la sesión.
Los cuatro isleños arriesgan penas de entre 818 días y 3 años de presidio, como también millonarias multas, por su responsabilidad en los hechos que se remontan a la madrugada del 25 de octubre del 2014, cuando fueron detenidos en el sector Candelaria de la comuna porteña tras ser sindicados como los responsables de cargar y transportar las especies salmonídeas, utilizando la lancha Tsunami II y una camioneta.
Tal como versa la acusación, el grupo "ejerció de manera oculta" la comercialización de estos productos, que fueron robados desde el centro de cultivos Caucacura perteneciente a la empresa Granja Marina Tornagaleones S.A.
Acusadores
De acuerdo a lo indicado en sus alegatos por la fiscal Karen Rosas, a través de una prueba principalmente testimonial se buscará acreditar que los sujetos "cargaron, transportaron y manipularon cerca de 3 toneladas de salmón atlántico. Una acción que solo se realiza por el origen ilícito del producto".
La persecutora remarcó la importancia del contexto en que se dieron los hechos, ya que todo se registró en un sector apartado, oscuro y sin autorización. "Todo esto denota el actuar de un comercio irregular -sin cumplir las exigencias de declaración y pago de impuestos- como clandestino, el cual debe ser sancionado", apuntó.
Por su parte, el abogado querellante, Jorge Andrade, quien representa al Servicio de Impuestos Internos (SII), concentró sus cargos en los presuntos delitos tributarios que se habrían cometido con este accionar. Enfatizó que el desembarco de esta carga "en una playa desolada", como la describió, denota ánimo de "comercialización, ya que no es lógico que sea para el consumo privado".
En la acusación particular que presentó recalcó que el perjuicio total contra el fisco supera los 2 millones 348 mil pesos, enfocando sus penas a multas del 300 por ciento del impuesto eludido. Además, invocó el mismo quántum del Ministerio Público.
En tanto, la otra querellante en este caso, la empresa afectada, representada por la abogada Sindy Pardo coincidió en los supuestos fácticos presentados por la persecutora fiscal, buscando la acreditación de los hechos y la participación de los jóvenes en los tres delitos.
La jurista sostuvo en sus alegatos que la firma pesquera "había sufrido días previos a la detención de los imputados un hurto en su centro de Caucacura". Aunque indicó que la cantidad de salmones sustraídos no logró especificarse, sí estaría comprobado el atraco y el reconocimiento de la carga recuperada en el borde costero de la localidad de Candelaria.
Una visión diametralmente opuesta manifestó la defensa de los acusados. Ignacio Díaz, quien representa a tres de los jóvenes, pidió la absolución argumentando que no se podrán acreditar los ilícitos.
Por la receptación, el profesional aclaró que "nunca se investigó a un camión que se habría ido del lugar", añadiendo que "no hubo una denuncia formal de hurto que es necesaria para configurar este delito, sino que esta fue posterior". Mientras que por los ilícitos tributarios, sentenció que "requieren de actos de comercio para establecerse", los cuales no existirían.
Infracciones
En esta misma línea abordó su teoría el defensor Juan Manuel Castro, quien asesora al mayor de los acusados, aunque profundizó en las supuestas infracciones de garantías que sufrieron todos y que invalidarían la prueba recopilada. "Fueron pasados a control en un lapso muy superior a las 24 horas de su aprehensión, además se realizaron actuaciones no autorizadas por ley".
En subsidio, la fuente apuntó a la insuficiencia probatoria para configurar los hechos delictivos.