Pedro Bárcena González

Su caso refleja con detalles la delgada línea existente entre la contención y los abusos a los que pueden verse sometidos personas inimputables por algunas enajenaciones mentales. Junto con demostrar las escasas instancias de cobertura en la provincia, pone de manifiesto la necesidad de buscar alternativas para que estos infractores de ley reciban la atención correspondiente, sin ser sometidos al desarraigo como tampoco sin despilfarrar recursos humanos.

A sus 35 años, Joel Maldonado Maldonado nunca pensó las experiencias vividas por lo que califica como un "error". Las reiteradas irrupciones de este obrero domiciliado en Quellón a la vivienda de su cónyuge en Ancud, pese a tener prohibición de acercarse a ella, le costaron una formalización por lesiones menos graves y amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar, como también por desacato. Delitos menores pero que se transformaron en su perdición.

En días sucesivos de noviembre del año pasado, este joven gatilló su propio calvario al embestir la casa de la mujer de 28 años en calle Caicumeo.

"Yo no soy una mala persona, solo fue que tuve mucha presión y cometí el peor error de mi vida que fue maltratar a mi esposa. Esto me tiene muy mal y apenado", expuso en una misiva remitida al Juzgado de Garantía ancuditano, donde también espera que su causa tome celeridad para reencontrarse con sus hijas en el sur de la Isla.

Nunca midió las consecuencias de estos actos que reconoce, los cuales lo llevaron a deambular desde el Centro de Detención Preventiva del norte de la Isla al Complejo Alto Bonito de Puerto Montt y después por cuanto hospital existente en la zona, una vez que se constataran sus problemas mentales.

Informes

Justamente, desde el hospital penitenciario de la capital regional emanaron los primeros y contundentes antecedentes médicos. La siquiatra del recinto, Mónica Almonacid, informó el 30 de diciembre que el joven es portador de un retraso mental moderado y de un daño orgánico cerebral, producto de una epilepsia de larga data y por su dependencia a la pasta base de cocaína. Además, indicó que posee descontrol de impulsos y que tiene incapacidad de comprensión y retención de instrucciones.

Bajo este escenario, se instruyeron nuevas pericias al Servicio Médico Legal que catapultaron la determinación de una audiencia de cautela de garantías, en la que la magistrado ancuditana María Angélica Islas ordenó a mediados de enero pasado su internación provisional en la sección siquiátrica del Hospital Base puertomontino.

Ese instante, más allá del control y resguardo sanitario al que pudo verse expuesto este isleño, se desataron los problemas, los enfrentamientos, revueltas y alteraciones que llevaron, incluso, a su defensa a recurrir de amparo ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por presuntas agresiones físicas en su contra de parte de funcionarios de Gendarmería.

Así lo describe el abogado Luis Mora, enfatizando que su representado es "inimputable" y que el 31 de julio enfrentará un juicio oral por los delitos por los cuales fue formalizado, "donde se tratará una medida de seguridad por sus problemas mentales".

El defensor penal público explicó que el requerido por la cercanía con su madre que vive en Quellón y que en definitiva se quedó al cuidado de sus hijas, fue derivado desde la capital regional hasta el hospital del sur de la Isla, regresando posteriormente al recinto asistencial base, donde se produjeron los incidentes que ponen en evidencia el complejo cuidado de estos infractores de ley.

"Un oficio de la jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Puerto Montt (Loreto Lorca) dio cuenta que en tres días distintos este joven fue golpeado por sus custodios de Gendarmería, siendo el último episodio (20 de junio) el más grave, ya que sufrió una fractura nasal", manifestó el profesional.

Calificando esta situación como "inaceptable" y hasta "atentatoria contra los derechos humanos de las personas", Mora interpuso un recurso de amparo que fue alegado recién el 30 de junio pasado.

En esta acción judicial, el abogado menciona severas infracciones constitucionales en cuanto a la seguridad personal de los individuos, como también vulneraciones a la integridad personal y hasta afectación a la Ley Orgánica de Gendarmería, en cuanto al trato digno de los privados de libertad.

"Este joven nunca tuvo un problema con la gente de la unidad médica en la cual se encuentra internado, sino que manifiesta que sus custodios -uniformados- son los que le hacen mal. Acá hay un claro inconveniente de seguridad individual que debe ser atendido", especificó el jurista.

Detalle

Sin embargo, desde la institución penitenciaria respondieron fuerte y claro, señalando una serie de inconvenientes y hasta agresiones de parte de este sujeto contra su personal.

De acuerdo a los antecedentes recopilados desde Gendarmería, los conflictos comenzaron a avizorarse el 12 de mayo de este año. Como expusieron, el joven habría intentado agredir a un funcionario del Centro de Detención Preventiva de Castro, que estaba custodiándolo en el Hospital de Quellón. "Lo insulta y le escupe el rostro", informaron.

El martes 23 del mismo mes por orden de la jueza de Garantía de Ancud, María Angélica Islas, se ordena que el requerido ingrese a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Base de Puerto Montt y se le instruye a Gendarmería su custodia, pese a que no ha sido ingresado a ninguna unidad penal.

En cuanto a las presuntas agresiones contra el infractor de ley, desde la organización penitenciaria solo se mencionan dos episodios.

Por el primero, ocurrido el 17 de junio pasado, se señala una descompensación que sufre el isleño en el área siquiátrica del centro asistencial de la capital regional. Se habría encerrado en el baño y se autoinfiere golpes contra las paredes. Al desalojarlo, intenta agredir al funcionario encargado de su custodia. "Con uso proporcional de la fuerza se le reduce y se le lleva a su cama. En ese proceso sufre lesiones leves", dan cuenta los informes tras la declaración de los uniformados involucrados.

Con respecto al segundo y más grave de los incidentes, el 20 del mes pasado, se expuso que el formalizado por VIF intenta fugarse desde el hospital cuando era conducido a una hora programada con un otorrino dentro del mismo Hospital Base de Puerto Montt.

Los custodios enfatizaron que lo recapturaron antes que llegara al ascensor y que por orden del tribunal de Ancud, no tiene medidas de seguridad, lo que habría facilitado su intento de huida.

Los últimos episodios problemáticos se registraron el lunes y el jueves de la semana pasada. Esa primera jornada, durante un registro corporal preventivo el funcionario encargado de su custodia se percata que el quellonino presenta cortes en su muñeca izquierda. Se le incauta entre sus pertenencias trozos metálicos con restos de sangre. Mientras que el segundo caso, notifica que producto de su comportamiento agresivo, el sujeto es cambiado de dependencia a una habitación individual dentro de la sección de Psiquiatría. La medida fue tomada por la especialista Loreto Lorca.

Resolución

Más allá de estos informes, acusaciones y réplicas, la sala del tribunal de alzada presidida por la ministra Teresa Mora acogió el recurso de amparo, acreditando las agresiones contra Maldonado, enfatizando que "es el mismo Hospital de Puerto Montt quien ha referido en primer lugar los hechos de violencia física, dándole el carácter de gravedad mencionado en los oficios".

Asimismo, la resolución revela que la versión del amparado es "creíble" y que sus lesiones responden a "un actuar que es en cualquier caso excesivo por parte de los funcionarios de Gendarmería".

Y otra conclusión alude a que las lesiones que informa la jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Base "no se coinciden con el relato dado por los gendarmes involucrados en los hechos, tampoco explican la fractura nasal". Estas razones permiten estimar a los sentenciadores una actuación de los uniformados que "excedió el mero uso racional de sus fuerzas, sino que constituye una agresión desproporcionada". Un embate que no solo tuvo su instancia en sede judicial, sino que también está indagando el Ministerio Público.

En definitiva, la Corte de Apelaciones ordenó a Gendarmería abstenerse en la reiteración de estas conductas e iniciar una investigación administrativa.

En este contexto, desde la institución penitenciaria, el director regional, coronel Gino Sanguinetti, manifestó que Gendarmería "acata los fallos de la Justicia. Por tanto, a raíz del veredicto de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios encargados de su custodia. Como dicho sumario se encuentra en etapa indagatoria, por el momento no se pueden entregar mayores antecedentes ni juicios de valor".

Por ello, el caso permanece abierto dejando entrever cómo la institucionalidad debe ocuparse de estas personas que enfrentan a la justicia poniendo a prueba a todo el sistema.

"Un oficio de la jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Puerto Montt dio cuenta que este joven fue golpeado por sus custodios".

Luis Mora,

defensor penal público."