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Evacuan a buzo que sufrió mal de presión en el canal Yal

La Armada de Chile abrió un sumario para aclarar las causas basales de este accidente laboral.
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Luis Contreras Villarroel

Hasta la cámara hiperbárica del Hospital San Carlos de Ancud y en estado grave fue trasladado ayer un buzo mariscador afectado por el síndrome de descompresión inadecuada mientras trabajaba en el canal Yal, en las cercanías de isla Lemuy.

El accidente se produjo alrededor de las 9.30 horas en circunstancias que Armin Cartes (44), originario de San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, se encontraba trabajando a unos 25 metros de profundidad en un centro de cultivos de propiedad de la Pesquera Invermar. El operario laboraba para una empresa contratista prestadora de servicios.

Así lo precisó el capitán de puerto de Chonchi, Miguel Ángel Bravo, al sostener que debido a la falta de oxígeno el buzo se desprendió del peso que llevaba para ascender bruscamente a la superficie.

"El diagnóstico, al parecer, es una enfermedad de descompresión inadecuada debido a que esta persona se habría quedado sin oxígeno bajo el agua, estaba a unos 25 metros y al quedarse sin aire, soltó los pesos, subió y no hizo la descompresión inadecuada", explicó el oficial.

El hombre fue trasladado en ambulancia desde Chonchi al Hospital de Ancud.

Jorge Calderón, médico neurólogo, explicó que el paciente ingresó pasadas las 14 horas al San Carlos para recibir atención en la unidad de medicina subacuática.

El profesional ratificó que el buzo sufrió un accidente bajo el mar, lo que le ocasionó serios problemas respiratorios de carácter grave, debiendo ser internado en el recinto.

25 metros es la profundidad a la que se encontraba el trabajador.

Reformalizarán la próxima semana a imputado por muerte de barrista

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Con el informe de autopsia que evacue el Servicio Médico Legal se realizará por parte de la Fiscalía de Ancud la reformalización en contra del imputado por la muerte del barrista ancuditano Javier Figueroa Farías.

La medida del organismo persecutor se aplicará a un único acusado que en primera instancia fue formalizado por homicidio en carácter de frustrado.

Tras el deceso del joven barrista, ocurrido el miércoles 26 de julio, tres días más tarde de la golpiza que sufrió en la villa Esperanza, el ente persecutor encausará una nueva figura penal.

Jorge Raddatz, fiscal a cargo del caso, señaló que "tenemos el informe de autopsia, el cual llegó este miércoles y la presentación se realizará en los próximos días", junto con recalcar que el acusado "estaba formalizado por el delito de homicidio frustrado y ahora será formalizado por el delito de homicidio consumado".

Sumó el profesional que "el mismo imputado reconoce que fue la persona que agredió a la víctima, está claro quién fue la persona que consumó el delito".

Tal acusado tiene 22 años, la misma edad del padre de familia fallecido, y se mantiene con la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel local.

En tanto, hay otras tres personas formalizadas por la falta penal de riña callejera.

Por este caso que le costó la vida al barrista de Colo Colo existe un plazo de 60 días para cerrar la investigación fijada por el Juzgado de Garantía de Ancud.

Santana pide que se cancelen servicios de camiones aljibes

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A través de un oficio extendido al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el diputado por Chiloé y Palena Alejandro Santana (RN) solicitó que sea regularizado el pago del servicio de entrega de agua potable a los dueños de camiones aljibes en la región.

El legislador recordó que en junio el intendente regional Leonardo de la Prida y los dueños de estos vehículos estanques se reunieron para resolver la normalización de las cancelaciones por entrega de agua.

El cambio de modalidad en la contratación de los servicios es el punto en conflicto y que podría redundar en no continuar con la labor de distribución del vital líquido en las comunidades.

Santana dijo que "esta tramitación es cuestionable, ya que traerá mayor burocracia y un aumento del tiempo respuesta para llegar con el líquido vital a la ciudadanía cuando lo necesite".

Los camioneros chilotes han esperado seis meses la cancelación, a pesar de que el Gobierno se comprometió a hacerlo efectivo a más tardar el 20 de julio.