Pedro Bárcena González

Tras permanecer más de siete meses en prisión preventiva, un sujeto responsable de agredir por tres días a su expareja quedó en libertad. Un salvaje caso de violencia intrafamiliar (VIF) que se registró en el sector de Lajas Blancas, comuna de Ancud, por el cual el responsable recibió una pena sustitutiva.

Así quedó establecido en los últimos días en una audiencia realizada en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, donde se desarrolló el juicio contra el acusado de 37 años, quien fue condenado por el delito de lesiones graves y amenazas en contexto de VIF.

De forma unánime, la sala presidida por la magistrado Angélica Monsalve acreditó que este sujeto "entre el día 19 de noviembre de 2016 y el 21 de noviembre del mismo año, inclusive, agredió a su excónyuge y madre de hijos en común, con golpes de pies y de puños en distintas partes del cuerpo".

A su vez, la sentenciadora expuso en el veredicto que la víctima fue intimidada con un arma blanca de 23 centímetros de hoja, siendo obligada a arrodillarse y siendo amenazada "seria y verosímilmente de que la matarían".

Por este cobarde ataque, la mujer resultó con equimosis en labio superior, equimosis palpebral bilateral, equimosis cervical, fractura nasal y contusiones múltiples en brazos, muslos y piernas, de carácter grave.

El testimonio de esta funcionaria de salud maltratada, como los datos aportados por testigos y la prueba policial como pericial permitieron sostener los cargos y desvirtuar la presunción de inocencia del agresor, quien fue sentenciado a 3 años y un día de presidio por las lesiones y otros 100 días por las amenazas.

Beneficio

Sin embargo, como postuló el defensor particular Raúl Bustos, los jueces acogieron el beneficio de libertad vigilada contra el sentenciado, como también el abono del tiempo en que ha permanecido con la cautelar más gravosa, desde que fue encausado a mediados de diciembre pasado.

Bajo este escenario, tras el fallo entregado se determinó la modificación de la prisión preventiva por el arresto domiciliario total en su casa del sector rural ancuditano.

El dictamen fue criticado por los acusadores, tanto el querellante Reynier Rolo como el fiscal Jorge Raddatz, quienes se encuentran analizando en profundidad la resolución para evaluar algún recurso de nulidad.

"No estamos de acuerdo con la libertad vigilada, entendemos que debe estar cumpliendo condena efectiva, tal como estuvo todos estos meses en prisión preventiva", aseveró el persecutor, quien invocó penas iniciales de 5 años de cárcel contra el sujeto por las lesiones y otros 540 días por las amenazas.

Asimismo, el abogado recalcó que "la defensa alegaba que no eran lesiones graves, cuando este hombre por varios días agredió a la víctima, incluso en presencia de un hijo. Además, la amenaza con cuchillo. Como Fiscalía estamos siempre preocupados por estos casos de violencia intrafamiliar, buscamos que se castiguen con la mayor severidad".

A la espera del informe que entregue el Departamento de Estudios Técnicos (DET) de Bomberos de Castro se encuentra la Fiscalía Local para determinar las causas que provocaron el incendio que destruyó tres palafitos durante la noche del miércoles en calle Pedro Montt.

Como aclaró el capitán Francisco Valdivia, subcomisario de Carabineros local, estas pericias fueron encomendadas a los expertos bomberiles. "El fiscal (Enrique) Canales instruyó que personal investigativo de Bomberos realice las pesquisas", acotó el oficial.

Esta información fue confirmada por el propio comandante Francisco Delgado, resaltando que el ente persecutor les encargó las diligencias que permitirán descifrar el origen y las circunstancias que rodearon el siniestro.

A su vez, el propio fiscal adelantó que "no existiría participación de terceros, siendo la hipótesis principal una causa accidental del incendio".

Por 30 días más se extenderá la investigación para esclarecer la responsabilidad de un conductor, imputado por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio, tras protagonizar un fatal accidente en el sector Pid Pid, durante el Año Nuevo pasado. En la ocasión, falleció atropellado Humberto Cruces Medina (51).

La defensa del imputado, representada por el abogado Claudio Herrera, enfatizó que la indagatoria está ad portas de cerrar, aunque analiza recurrir al Tribunal Constitucional cuestionando el artículo 195 de la Ley 18.290 que castiga en un accidente de tránsito que el chofer no detenga su marcha, preste ayuda a la víctima y no notifique el hecho a la autoridad.

"Entendemos que esta norma colisiona con el derecho a guardar silencio de todo imputado y aparece contraria a otros tipos penales por las cuales la decisión de colaborar en los hechos, denunciarse, son consideradas como atenuantes de responsabilidad penal que toleran una rebaja en la pena; en cambio, acá la actitud contraria importa la comisión de un delito", dijo el jurista.

Agregó la fuente que la misma Constitución reconoce como una garantía fundamental el no incriminarse, lo que chocaría con la hipótesis penal de la Ley de Tránsito que impone una pena privativa de libertad a quien haga uso de este derecho.