Pedro Bárcena González

Su disconformidad manifestaron familiares y amigos de las víctimas del mortal accidente registrado el 14 enero pasado en el sector Huicha, comuna de Chonchi, por el cierre de la indagatoria y la acusación presentada en los últimos días por el Ministerio Público. Recalcan que faltaron diligencias por realizar y que la pena invocada no refleja todo el daño provocado: dos muertos y otros dos jóvenes con lesiones graves.

Justamente, los 5 años de presidio que invoca el fiscal Enrique Canales contra el imputado de iniciales P.A.V. provocaron un verdadero golpe entre los cercanos a Javiera Borneck (19) y Danilo Bórquez (21), quienes perdieron la vida producto del siniestro vial en la Ruta W-853. Sus seres queridos exigen el máximo rigor de la Ley Emilia, resaltando que el sujeto manejaba con una graduación de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

Para manifestar su molestia por este escenario procesal que sería la antesala a la preparación del juicio oral, los padres de los jóvenes fallecidos, como los dos sobrevivientes de la colisión, firmaron una carta que fue remitida al fiscal nacional Jorge Abbott.

En la misiva los familiares de los afectados solicitan la reapertura de la indagatoria y que se desarrollen unas pesquisas como aquellas enfocadas en la supuesta denegación de auxilio de parte del conductor de la camioneta. Enfatizaron que "no prestó ayuda a las víctimas y se fugó del lugar, habiendo pruebas suficientes para corroborar tales hechos". Además, piden la medición de las fuerzas del impacto, velocidad de las máquinas y sus distancias.

"Otro punto que pensamos que es importante es la consideración de un testigo clave, quien no aparece en la acusación", aclaró Leopoldo Bórquez, padre de Danilo, añadiendo que tampoco entienden la baja penalidad invocada por el persecutor.

"Creemos que el fiscal no actúa como corresponde... acá dos jóvenes fallecieron y otros dos sufrieron lesiones que los marcarán de por vida. En otros accidentes se ha pedido más de 5 años para que el autor cumpla de manera efectiva", recalcó la fuente.

Reapertura

Milton Cuevas, abogado de los padres de Danilo y los dos amigos que salvaron de la muerte, fue el encargado de solicitar al tribunal una audiencia para analizar la reapertura de la investigación, instancia que se debatirá el 18 de agosto en el Juzgado de Garantía castreño.

Asimismo, el profesional espera que se deje sin efecto el cierre de la causa y la acusación, para invocar nuevas pericias. Incluso, no descartó que ante esta situación se pueda llegar a reformalizar con relación a la denegación de auxilio.

"Según la reconstitución de escena, un carabinero que llegó al lugar del accidente verificó quién era el conductor, el cual estaba a más de 100 metros del sitio del suceso. Además, negó en un primer momento ser el chofer y buscó salir de ahí, siendo posteriormente detenido", acotó el jurista con relación a esta eventual figura delictiva.

A su vez, el querellante recalcó que una de las opciones que existe es presentar acusación diferenciada por cada víctima, entendiendo la pluralidad de las mismas. Un escenario que sería más gravoso para el imputado que actualmente se encuentra con arresto domiciliario total.

Por su parte, Paola Hess, madre de Javiera, quien fue la primera en querellarse fue más cauta aunque igual de categórica en su afán por exigir el máximo rigor de la ley. Apuntó que "la Fiscalía se rige por la normativa para pedir una pena. Está claro que cinco años es poco para un delito tan grave, por eso esperamos la reapertura para agregar nuevas nuevos antecedentes".

En tanto, el fiscal Canales explicó los alcances del actual escenario procesal de esta causa, manifestando que las diligencias están agotadas, reconociendo que algunas de las pesquisas que pidió el querellante no se efectuaron.

"Encontramos pertinente no llevar a cabo algunas de estas acciones, lo cual puede modificarse si se determina la reapertura y la realización de las mismas", acotó el persecutor, afirmando que la figura de abandonar el lugar y no denunciar el hecho no se indagó, "aunque en la acusación particular pueden presentar este punto y proponer una pena distinta a la que invocamos", aclaró.

Máximo

A su vez, el abogado sostuvo que se acusó por un delito al ser un hecho el que provocó este resultado gravoso. También resaltó que pidió lo máximo del grado para el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones graves.

"Al existir una atenuante -irreprochable conducta anterior- sin agravante, la ley da cuenta que la penalidad se ubica dentro del presidio menor en su grado máximo -3 años y un día a 5 años-, por ello realizamos esta solicitud. Dentro de nuestra obligación se encuentra el principio de objetividad, dado por la aplicación de la ley vigente, por eso efectuamos esta solicitud dentro de este marco", expresó Canales.