Pedro Bárcena González
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua decretó en las últimas horas la prisión preventiva de una joven chilota, involucrada en el secuestro de un comerciante por el cual se entregó un rescate de 5 millones de pesos. La imputada se suma a otros tres sujetos provenientes del Archipiélago, quienes también están tras las rejas al ser imputados por este grave delito.
La medida revoca la resolución del magistrado Héctor Benavides del Juzgado de Garantía de la capital de la Región de O'Higgins, quien no dictó cautelares contra la isleña, como tampoco contra su abuela, sindicadas como las encargadas de aportar sus cuentas RUT para el depósito el 17 de julio pasado del dinero por parte de familiares de la víctima. Este trámite posibilitó su liberación en las cercanías de San Fernando, tras permanecer seis horas retenido sufriendo una brutal golpiza.
El fiscal Lucio Ugás apeló verbalmente a la resolución de primera instancia que no dictó la cautelar más gravosa contra las mujeres. Una postura que confirmó en los alegatos de alzada ante la sala presidida por el ministro Emilio Elgueta.
"Hicimos ver que la imputada más joven colaboró activamente en facilitar los medios para el rescate, entregando su cuenta bancaria y consiguiendo la de su abuela", manifestó el persecutor, insistiendo en la aplicación de la medida de prisión preventiva.
Por su parte, el defensor Óscar Ortega ratificó sus dichos iniciales, remarcando que las mujeres no tienen antecedentes penales y que tampoco tenían conocimientos del presunto ilícito por el cual se les formalizó. "Desconocían el origen del dinero", acotó en su momento el abogado, agregando que la joven solo pensaba que se trataba de parte de una transacción que su pareja -también imputado había realizado por un camión en Rancagua.
Resolución
Con esta información, los tres integrantes de la sala de la Corte de Apelaciones resolvieron que la libertad de la menor de las féminas "constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, respecto a su participación, comisión y gravedad del delito". Por ello, dictaron la prisión preventiva y confirmaron que la otra imputada permanezca en libertad, al no establecerse vínculos con el hecho material registrado en la Sexta Región.
En tanto, el Ministerio Público se encuentra a la espera que emanen las órdenes de detención contra dos hermanos que estarían implicados directamente en el secuestro del comerciante rancagüino.
El fiscal Ugás ha intensificado el contacto con personal de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) para completar el círculo de los intervinientes en este grave ilícito. Cinco sujetos serían los autores materiales del delito, siendo dos de ellos estos familiares, uno de los cuales estaría oculto en Chiloé.
"El trabajo de inteligencia continúa y esperamos los requerimientos judiciales para potenciar estas labores", apuntó el subprefecto Marcelo Urrea, jefe de la unidad especializada de la policía civil, quien resaltó que los jóvenes están plenamente identificados.
Incluso, dos de los encartados que actualmente están presos sindican a estos sujetos como a un tercero no individualizado, como los responsables de la golpiza a la víctima, la que habría incluido hasta torturas con golpes eléctricos.
55 días se dictaron para la investigación de este complejo caso.
$2,5 millones recibieron las imputadas en sus cuentas RUT.
