La creación de una unidad de investigación y persecución penal a cargo de un grupo de elite, el envío de un delegado presidencial a la zona del conflicto y modificar la Ley Antiterrorista es lo que demandó ayer al Gobierno la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) y Chile Transportes.

La petición contempla esperar siete días para que el Ejecutivo les de una respuesta, tras la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser, en San José de la Mariquina, Región de Los Ríos, que se suma a otras decenas registradas en la IX Región.

El petitorio contempla iniciar una paralización nacional, en caso de no recibir una respuesta positiva por parte del Gobierno.

Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, sostuvo que "los ultimátum no son una política correcta cuando lo que estamos tratando de hacer es de superar las dificultades que hay en una región en particular, en este caso, como es en La Araucanía".

Agregó que "si alguien cree que la inteligencia tiene debilidades, que diga cuáles son para poder enfrentarlas".

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, se reunió con el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien en los días previos criticó que solamente hubiera un guardia cuidando los camiones quemados en Los Ríos.

Tras la cita, Ariztía dijo que "cuando los asaltos son hechos por terroristas especializados, preparados fuera del país, que se ponga uno o 15 guardias, los van a reducir igual".

Añadió que hay "una especie de complicidad, porque no se está haciendo la pega para parar la delincuencia".

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, dio a conocer los primeros resultados del Estudio de Registro Social de Calle que arrojó que, a nivel nacional, hay 10.610 personas en situación de calle.

La medición, dijo, es la primera realizada desde 2011.

Frente a los resultados, Barraza acotó que "teniendo presente que esto no es comparable metodológicamente con los catastros anteriores, porque tenían duplicidades de información, no es posible afirmar que la población en situación de calle haya aumentado".

Agregó que "lo que sí es posible afirmar es que las personas en situación de calle son más visibles que antes".

Añadió que un 1% corresponde a extranjeros, principalmente peruanos y bolivianos.

Michael Seguel P. - Medios Regionales

Una mujer de 81 años murió en el Hospital de Talagante tras ser atacada por dos perros rottweilers, luego de que intentara defender a sus gatos que estaban siendo agredidos por los canes en la comuna de El Monte de la Región Metropolitana.

El capitán de Carabineros, Mario Carreño, sostuvo que el hecho ocurrió en una cancha de fútbol que colinda con la parte posterior de la vivienda de Gladys Margot Aceituno Abarca (81), quien fue mordida en su cabeza y extremidades cuando intervino en el ataque a sus gatos.

Vecinos de la calle San Antonio trasladaron a la mujer al Hospital de Talagante, lugar donde murió producto de las heridas, confirmó Carreño.

Mientras, Carabineros detuvo a Cynthia Baeza Olguín (34), dueña de los dos rottweilers y quien, además, tenía otros perros de menor tamaño: uno de raza dachshund y uno mestizo.

Durante la tarde, Baeza Olguín fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Talagante por el fiscal Marcelo Duque por cuasidelito de homicidio, por el que arriesga entre tres meses y un año y medio de cárcel.

El tribunal dejó a la mujer con arresto domiciliario nocturno y firma mensual.

El abogado Juan Segura, defensor de la imputada, argumentó que los minutos previos al ataque en la cancha de fútbol, los perros estaban en la casa de su dueña y no deambulando.

"Ley Cholito"

El comisario Carlos Muñoz de la Policía de Investigaciones (PDI) aseguró que "esta es la primera formalización en un caso de homicidio que se registra bajo la nueva Ley de Tenencia Responsable", conocida popularmente como "Ley Cholito".

Tras la muerte de la mujer, los dos rottweilers fueron capturados por la PDI y trasladados a un canil municipal, donde quedaron con supervisión. Durante la audiencia se confirmó que no serán sacrificados bajo esta nueva normativa que fue promulgada el 19 de julio de este año.

El tribunal, además, otorgó a la Fiscalía 90 días de investigación para esclarecer la responsabilidad de Baeza en la muerte.

"Ésta es la primera formalización en un caso de homicidio bajo la nueva Ley de Tenencia Responsable".

Carlos Muñoz,, comisario de la PDI."