Tres comuneros deponen huelga de hambre y RN acusará a Mario Fernández
Mapuches deponen la medida tras 117 días de protesta.
Pablo y Benito Trangol, además del lonco Alfredo Tralcal, decidieron ayer deponer la huelga de hambre que mantienen hace 117 días en la Región de La Araucanía. Esto luego que el Gobierno anunciara el viernes la recalificación de la querella por Ley Antiterrorista que pesaba sobre ellos.
Por su parte, el cuarto huelguista, Ariel Trangol, rechazó bajar la medida y dice estar desconfiado de los objetivos del Ejecutivo. La información fue confirmada por el vocero de los manifestantes, Cristián Tralcal.
La determinación de los comuneros ocurre, además, el mismo día en que la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó a Gendarmería a trasladarlos hasta un recinto hospitalario.
Lo anterior, con el objetivo de aplicarles suero que comience a recuperar su debilitado estado de salud. Los cuatro comuneros que realizaron el extenso ayuno están enfrentando a la justicia por el ataque incendiario a un templo evangélico, ocurrido en junio de 2016. Por esa razón, cumplen prisión preventiva desde hace un año y tres meses.
"Esperamos que tras los compromisos adquiridos por el Gobierno, ningún mapuche deba exponer su vida ni su salud para obtener un juicio justo, tramitado bajo un debido proceso", expresaron los tres comuneros a través de un comunicado
"Se arrodilló"
Además, ayer desde Renovación Nacional (RN) señalaron que La Moneda se "arrodilló" frente al "chantaje" del terrorismo, por lo que anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Mario Fernández.
"Ayer vimos un gobierno que se ha arrodillado frente al chantaje de la delincuencia y el terrorismo. Aquí el Gobierno ha cedido a presiones que son totalmente indebidas. Y estado de derecho tambalea frente a las decisiones del gobierno de la Presidenta Bachelet", afirmó desde la sede de RN el vicepresidente de la colectividad, Gonzalo Fuenzalida.
"Nosotros vamos a seguir adelante con una acusación constitucional (...). No vamos a bajar los brazos en esto porque creemos que aquí el Gobierno ha inobservado la Constitución, las leyes y, por lo mismo, el ministro de Interior y Seguridad Pública, el ministro Fernández, debe hacerse responsable", sostuvo el dirigente político.
Fuenzalida enfatizó en que no se trata de un "delito común" y dijo que "creemos que cuando el Gobierno dice que quemar una iglesia con feligreses adentro es un delito común, no busca causar temor, creemos que está totalmente equivocado. Aquí hay un delito terrorista y no puede calificarse eso como un delito común".