Luis Contreras Villarroel

Dos fallos categóricos en los que se invocó la vulneración de derechos labores y el pago de millonarias indemnizaciones dictó el Juzgado de Letras y del Trabajo en contra de la Municipalidad de Castro.

Las causas arrojaron sus resultados en los últimos días a favor de los periodistas Miguel Sánchez y Pablo Giordano, quienes se desempeñaban en labores vinculadas al consistorio.

Ambos funcionarios acudieron a la justicia por vías separadas argumentando a través de sus abogados una abierta vulneración de derechos laborales motivada por razones de índole político.

Sánchez, a cargo entonces de relaciones públicas, y Giordano, en su calidad de profesional del programa Quiero Mi Barrio, prestaron servicios desde la administración del exalcalde Nelson Águila (DC) hasta finales de marzo, cuando sus contratos no fueron renovados bajo el alero del jefe comunal Juan Eduardo Vera (UDI).

Para el abogado de Miguel Sánchez, el exasesor jurídico del municipio Juan Pablo Sottolichio, la decisión del juzgado laboral corresponde a un fallo ajustado a derecho en primera instancia.

"Se le terminó el vínculo laboral al funcionario sin expresión de causa y se le terminó el vínculo con vulneración de sus derechos laborales, como lo dio por acreditado el tribunal", dijo el profesional.

Este periodista, al momento de su despido del municipio el pasado 31 de marzo, ostentaba un contrato a plazo fijo o contrata, fecha desde la cual desde el consistorio "no se le informó ni comunicó ninguna razón o fundamento por la cual se le puso término a esa relación funcionaria", según Sottolichio.

Por esta causa la parte demandante se encuentra solicitando el pago de una indemnización por la suma de 26 millones de pesos.

La otra acción judicial por la misma causal involucra a Pablo Giordano, a quien del mismo modo se le puso término a su relación laboral bajo el nuevo gobierno comunal.

El también periodista que trabajó hasta finales de marzo se desempeñaba en el área de comunicaciones del programa Quiero Mi Barrio producto de un convenio entre el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el municipio.

El abogado demandante, Ignacio Álvarez, mencionó que "la desvinculación de don Pablo Giordano correspondió a un despido discriminatorio, por discriminación política", añadiendo que "logramos acreditar que cuando llegó la nueva administración se le realizó un contrato por un período más corto, de tres meses, lo que nosotros detectamos y así lo entendió el tribunal, que aquí se vino preparando el despido de Pablo Giordano".

Álvarez sentenció que por esta acción se busca el pago indemnizatorio por una suma cercana a los $20 millones.

respuesta

Frente a los veredictos, el asesor jurídico del consistorio, Marcos Velásquez, expuso que la Municipalidad de Castro ya apeló en el caso del fallo por la causa de Giordano, mientras que ya se prepara para recurrir a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt tras el último dictamen que se inclinó a favor de Miguel Sánchez.

"Este mismo tribunal en situaciones parecidas ha reconocido que los contratos a plazo fijo terminan cuando vence el plazo", dijo el jurista, a lo que sumó que "nos sorprende que en estos dos casos puntuales haya hecho otra interpretación el mismo tribunal".

El municipio tiene 10 días de plazo para recurrir a la segunda instancia legal.