Pedro Bárcena González

Las falencias investigativas y la escasa contundencia de las pruebas acusatorias se conjugaron para que la justicia descartara la participación de dos sujetos en el mortal asalto contra un taxista en Quellón. Una causa que se extiende hace más de 54 meses y que desde sus albores mostró ripios, tanto en los procedimientos policiales como en las instrucciones indagatorias, que llevaron a dejar en la impunidad este horrendo crimen.

Así quedó establecido durante la tarde de ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, con la absolución de los dos imputados por el delito de robo con homicidio del transportista Juan Fernando Rivera Oteiza (55), quien recibió múltiples cuchilladas al interior de su auto durante la madrugada del 28 de marzo del 2014.

Dictamen

La sala presidida por la magistrado Angélica Monsalve acreditó que la víctima fue objeto de un robo con violencia y que debido a las múltiples lesiones recibidas, en especial una herida penetrante abdominal, perdió la vida 39 días después de este ataque en el Hospital Base de Puerto Montt.

Sin embargo, como expuso la sentenciadora, "las probanzas fueron insuficientes para determinar la autoría de los acusados", bajo los términos planteados por el Ministerio Público y el abogado querellante del Centro de Apoyo a Víctimas. Una serie de declaraciones de oída, prescindiendo de evidencia directa y material.

Es más, la jueza fue clara en relatar durante la lectura resumida del dictamen que los tres testigos principales presentados por el ente persecutor no ayudaron a sostener la tesis acusatoria. "Su aporte fue vago, impreciso e inconsistente", aclaró, sumando que la información entregada por ellos provenía de terceros.

Tampoco se valoró el escueto testimonio de la víctima, quien en el tiempo en que estuvo con vida y consciente, identificó a un sujeto diferente y que no fue llevado a juicio.

Bajo este escenario, no se demostró la participación del operario de iniciales J.C.C.M. (21) y del pescador D.E.F.M. (21), quienes arriesgaban presidio perpetuo calificado y 10 años de internación en régimen cerrado, respectivamente. Incluso, los magistrados levantaron las cautelares de arraigo y firma que pesaban en su contra, a la espera de la lectura de fallo programada para este miércoles.

Esta resolución generó conformidad en la defensa. Como indicó María Alejandra Alvarado, quien representó al hombre de mar, el veredicto "es el resultado que el tribunal pudo apreciar durante el juicio y que la prueba de cargo era insuficiente, lo que postulamos de un principio".

A su vez, la profesional hizo hincapié en que la calidad de los testigos fue "cuestionada", por ser cercanos al primer imputado en esta causa, quien estuvo ocho meses en prisión preventiva y luego fue sobreseído.

Por su parte, Ignacio Díaz, quien defendió al chilote que enfrentaba la pena máxima, insistió en que la clave fue la falta de evidencia. "Solo habían antecedentes aportados por terceros que vinculaban a nuestros representados. No hubo prueba directa y se observó en el juicio las falencias investigativas", sostuvo.

Valor

En tanto, la fiscal Karen Rosas enfatizó que no comparte la decisión de los sentenciadores, resaltando que "si bien era prueba indiciara (la que presentó) era lo suficientemente coherente, consistente y contundente en su volumen para acreditar la autoría de las dos personas".

Asimismo, la abogada otorgó credibilidad a los testigos "clave", pese a que fueron desvirtuados por los jueces. Insistió en que no eran solo sus declaraciones las que vinculaban a los acusados.

"Sus datos eran refrendados en otras pruebas que daban cuenta de la veracidad de estos dichos. Por eso no compartimos el veredicto", concluyó.

39 días agonizó la víctima antes de fallecer en el Hospital Base de Puerto Montt.

55 años tenía el taxista que había llegado desde Coquimbo a vivir a Chiloé.