Formalizan a werkén por incendio y desórdenes en movilizaciones sociales
Tras una querella de la empresa Toralla, se encausó al dirigente de la comunidad Wicha Pukatue, de Chonchi.
En lo que marcó un nuevo episodio judicial de una disputa entre la empresa Toralla y una agrupación indígena de Chonchi, el werkén de la comunidad Wicha Pukatue, Emilio Guaquín, fue formalizado en las últimas horas por su presunta participación en incidentes registrados durante las movilizaciones sociales de mayo del 2016.
Tras una querella presentada por la firma pesquera y el desarrollo de las primeras diligencias desjudicializadas, se procedió a encausar al dirigente por los delitos de desórdenes públicos e incendio. Se le imputa intervención en calidad de autor de estos hechos, registrados la mañana del 5 de mayo del año pasado, en medio de las protestas y cortes carreteros que aislaron Chiloé por 18 días.
El fiscal Luis Barría expuso los antecedentes para sostener la formalización y sindicando a este isleño como el autor de los ilícitos. El abogado querellante Jaime Barría refrendó esta información, tal como presentó en la acción judicial particular, en la cual no solo se identifican estos hechos, sino también una seguidilla de altercados que se extende desde el 2013.
En la querella el jurista manifiesta que desde ese año la empresa sufre lo que califica como "hostigamientos" por parte de esta comunidad originaria, los que se alzarían hasta en "amenazass" y "exigencia de beneficios económicos a cambio de dejar de operar". Incluso, la firma mitilícola señala que esta tendencia ha llegado a los delitos.
Dentro de este marco se describe este incidente enfocado en las manifestaciones sociales en la Isla, sosteniendo en el escrito que este grupo liderado por Guaquín "se tomó los accesos de la planta y procedió a quemar los portones de la misma... atentando precisa y exclusivamente en contra de la planta".
Cautelares
El imputado, como especificó el fiscal Barría, "quedó con las cautelares de firma mensual en Carabineros, la prohibición de acercarse a la empresa y arraigo nacional". Además, la magistrada Jésica Yáñez decretó un plazo indagatorio de 45 días para el desarrollo de las diligencias.
En tanto, a la salida del tribunal, el propio líder indígena calificó esta nueva acción legal como una "persecución" de parte de la pesquera, la cual tiene su génesis "en el momento en que solicitamos como comunidad un espacio costero marino para pueblos originarios. Ellos no quieren que nos entreguen este borde costero cercano a su planta".
Asimismo, la fuente aclaró que este episodio específico por el cual fue encausado no se trata más que "una de las tantas protestas que se realizaron en mayo en Chiloé". Además, criticó al Ministerio Público por "construir causas a partir de declaraciones conducidas e inducidas por la empresa. Acá existe una clara distorsión judicial, un proceso poco transparente y objetivo".
Otro punto que cuestionó Guaquín fue el hecho que se formalizara una indagatoria justo ad portas del inicio de temporada alta de producción de mariscos. "Todo esto lo hacen para hostigar a la comunidad que denuncia irregularidades ambientales y sanitarias de la empresa", explicó el werkén de la comunidad Wicha Pukatue.