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Crisis de la basura amenaza con colapsar al Archipiélago

A pesar de años de trabajo para llegar a una solución provincial para la disposición final de residuos sólidos domiciliarios, esa parece aún lejana mientras los vertederos municipales están con los días contados.
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Carolina Larenas Faúndez

Al día un chilote genera en promedio un kilo de basura, es decir, diariamente cerca de 170 toneladas de residuos sólidos domiciliarios son llevados a los vertederos con que cuentan cada una de las 10 comunas de la provincia para su disposición, pero no para su tratamiento.

Se trata de una situación problemática para los municipios, que son los encargados de esta tarea, ya que la mayoría de estos basureros municipales tiene una vida útil que no se extiende más de tres o cuatro años y que se complicará aún más con el rechazo a la construcción de un relleno sanitario provincial.

Casi 500 millones de pesos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para realizar el denominado "Estudio de gestión integral de residuos sólidos en las provincias de Chiloé y Palena" se perdieron debido a que la Municipalidad de Castro no autorizó que continuara el proyecto en el sector que se había definido como el punto en el que se emplazaría la solución de los desperdicios del Archipiélago.

Se estima que a lo menos unos siete u ocho años demoraría tener una nueva alternativa a este problema, ya que todo quedó en foja cero y será necesario comenzar nuevamente el proceso, incluyendo un nuevo estudio y la posterior construcción en el caso de hallarse un terreno apto.

"El tema es complejo porque todos sabemos que las 10 comunas tienen vertederos municipales que están colapsados", indicó el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda (DC).

La situación no es diferente en Ancud, como lo expresó su jefe comunal Carlos Gómez (indep.): "La recolección y disposición final de los residuos sólidos en la provincia es absolutamente crítica".

Más complejo aún es el panorama para Quinchao. "Nosotros estamos en una problemática como isla (Quinchao, compartida con Curaco de Vélez), pero a su vez, a nosotros se nos complica por nuestras nueve islas (menores)", relató el alcalde Washington Ulloa.

Sumarios por incumplimiento de faenas como el tapado diario de los desperdicios e incluso prohibición de funcionamiento son algunas de las complejidades que enfrentan los municipios chilotes constantemente. Situaciones que se podrían incrementar de no existir la voluntad de avanzar en esta materia en el corto plazo, lo que por ahora tiene a las autoridades enfrentadas.

Pérdida de resolución

El 12 de julio era el plazo que tenía el Concejo Municipal de Castro para volver a pronunciarse sobre el tema de la construcción del relleno sanitario provincial, pero como el tema ya estaba definido esto no prosperó, ya que el proyecto fue rechazado por 6 votos en contra y una abstención por el ente colegiado en noviembre de 2015. En ese entonces fue objetado el traspaso de 150 hectáreas que habían sido consideradas en el estudio.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Los Lagos aprobó el 12 de julio de 2012 la resolución de calificación ambiental (RCA) para el lugar en el que se emplazaría el relleno, tras lo que se debió llamar a licitación de la obra.

En este sentido, la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010, introdujo modificaciones a la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, entre ellas la figura de la caducidad de la resolución de calificación ambiental.

Dichas modificaciones consideran, entre otros aspectos, que proyectos o actividades calificados con posterioridad al 26 de enero de 2010 y con anterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento del SEIA, y que no se hubiesen ejecutado a la fecha de la entrada en vigencia de este último, deberán cumplir con la obligación de acreditación antes de transcurridos cinco años contados desde la notificación de la correspondiente RCA.

Como eso no ocurrió dentro del plazo, se perdió la resolución de calificación ambiental para el lugar en el que concretaría el Centro de Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos para Chiloé, iniciativa realizada por profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

La falta de apoyo ciudadano y también de voluntad política del concejo castreño son algunos de los argumentos esgrimidos como los causantes de que esta iniciativa sanitaria provincial no continuara adelante en el área de Punahuel-Puacura.

"Este proyecto que se pretendía levantar en la zona de Punahuel es recibir la basura de toda la provincia y yo lo voy a decir muy claro: Yo no voy a permitir que en mi gestión la comuna se termine transformando en la capital provincial de la basura y no lo voy a hacer porque este es un proyecto que no cumple con las expectativas que nosotros tenemos".

Así de claro fue el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera (UDI), a la hora de explicar el porqué de la negativa a esta iniciativa, sumando que "la situación de los rellenos sanitarios que se les está ofreciendo a Chiloé es una política de Estado que se viene trabajando hace muchos años y que se entrecruza con el municipio de Castro que es el dueño de la propiedad donde se pretendía levantar este proyecto".

Sin embargo, para el militante de la Unión Demócrata Independiente la situación hubiese sido distinta si los terrenos los hubiese adquirido la Subdere en otro lugar.

Otra de las críticas de Vera al relleno provincial se centra en que "en su momento, a través de las entidades que corresponde, no se hizo una socialización adecuada en las comunidades donde ellos pretendían intervenir, donde muchas veces se desconocía el proyecto y lo que sabían era lo que habían podido averiguar ellos mismos o lo que ciertos políticos les habían hecho llegar".

A un 0 por ciento llega el avance a nivel provincial en materia de contar con una alternativa al tratamiento de la basura, tal como lo reconoció el propio intendente Leonardo de la Prida, quien también acusó de utilización política el rechazo a esta iniciativa.

"Se gastaron 500 millones de pesos porque el municipio de Castro destinó ese terreno y luego, solamente por utilización política de señalar sin mayor explicación que no se va instalar, se dejó de lado", afirmó.

El jefe regional agregó que "hablamos con el alcalde de Castro. Lo único que era necesario era que él enviara un oficio que le daba inicio a las obras, aunque fueran básicas para no perder la resolución de calificación ambiental, pues bien él señaló que lo iba a hacer, pero no lo hizo y no lo hizo porque al parecer políticamente era mejor no hacerlo".

Del mismo modo, el abogado expuso que "con la decisión del alcalde de Castro se han perdido más de cinco años porque no es menos de cinco años el plazo para avanzar en otro proyecto y ya estamos viendo otros terrenos que podemos evaluar, pero el punto está en que a mí me parece que ya está bueno que se hagan utilizaciones políticas sobre que esto es una mala cosa porque la basura está en Chiloé, la basura está todos los días y está abierta, con malos olores, con situaciones de crisis sanitaria".

Panorama

170 toneladas de basura se producen diariamente en la provincia, de acuerdo a los datos que maneja la Unidad de Residuos Sólidos del Gobierno Regional, cifra que se asemeja a lo calculado por la Autoridad Sanitaria, en el sentido que una familia promedio genera al día entre 4 a 5 kilos de residuos.

En el caso de Castro, la comuna con mayor población de Chiloé, el año 2015 produjo casi 26 mil toneladas de basura, mientras que en el 2016 la cifra estuvo cercana a las 27 mil toneladas y este año es muy probable que se llegue a las 30 mil.

A todo ello se debe sumar el aumento de generación de este tipo de desperdicios que se produce en temporada estival, cuando la población de Chiloé se dispara con la llegada de turistas.

De acuerdo a lo manifestado por Cristián Araneda, jefe provincial de la Autoridad Sanitaria, cada una de las comunas de la provincia cuenta con un vertedero, pero solo seis de ellos tienen autorización sanitaria, las que datan de la década del '90.

"Los vertederos municipales que podrían tener una mayor extensión en el tiempo son el de Castro, en el que estamos hablando 5 años, y Ancud, otros tres años más, pero hay otros que están complicados como Dalcahue, Quemchi, Curaco de Vélez y Quellón, con una vida útil que no pasa más allá de dos años", argumentó el médico veterinario.

El único consistorio que a la fecha ha presentado su plan de cierre es Ancud, el que está en la segunda etapa de revisión.

El profesional describió que "en dos o tres años se nos va a venir una crisis porque será cuando no vamos a tener espacio en estos vertederos para depositar más. Por ley, desde hace bastantes años que se hizo una modificación a la que autorizó estos vertederos, ya no se autorizan más y tiene que ser un relleno sanitario que es un tratamiento de la basura, se hace reciclaje y se hace manejo con liberación de gases y disminución de riesgos".

Al decir del funcionario, las mayores deficiencias que presentan los basureros comunales en el Archipiélago pasan por la cobertura diaria, lo que quiere decir que apenas les llegan los desperdicios los encargados de esta función los deberían tapar, pero no todos lo cumplen, lo mismo ocurre con los cierres perimetrales.