Pedro Bárcena González

La impactante descripción de las lesiones sufridas por la víctima y los antecedentes policiales reunidos, como la evidencia científica recogida, se combinaron para sustentar la formalización contra un adolescente y su internación provisoria por el asesinato de Jacqueline Carmen Oliva Carrillo (51), ocurrido en Chonchi.

En el Juzgado de Garantía de Castro se realizó ayer la audiencia en que el menor de 16 años fue encausado por el delito de homicidio calificado, bajo las circunstancias de alevosía y ensañamiento.

Así lo expuso el fiscal de la causa, Luis Barría, detallando la información recopilada por la Brigada de Homicidios (BH) que logró la captura del estudiante tras permanecer cinco día prófugo, como también exponiendo parte del informe de autopsia del Servicio Médico Legal de Puerto Montt.

Justamente, estas conclusiones tanatológicas remecieron a los dos hijos de la líder social fallecida, quienes estuvieron en la sala, al igual que la decena de amigos que llegó al tribunal.

La mujer hallada sin vida en su propio dormitorio, la tarde del martes 17 de este mes, presentó 14 estocadas en el rostro, cuerpo y extremidades, como también múltiples traumatismos producto de una golpiza. Además fue estrangulada.

Tal como especificó el persecutor, la causa de muerte fue asfixia por sofocación con signos de estrangulación junto a múltiples lesiones contusas y cortantes de carácter homicida.

El abogado sustentó sus cargos indicando que la alevosía se configura "ya que el menor ingresó de madrugada con un cuchillo al dormitorio de la víctima y mientras ella dormía, actuando sobre seguro, procedió a agredirla".

Mientras que la otra calificante invocada "se establece por las múltiples lesiones sufridas por la víctima, todas con ánimo de matar", aclaró la fuente. Es más, reiteró que el estudiante de primero medio "golpeó a la mujer, la acuchilló reiteradamente y finalmente la asfixió", por lo cual aumentó deliberadamente el dolor.

Cautela

Bajo este contexto, Barría invocó la cautelar más gravosa dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) con la cual se juzgará al imputado, expresando como necesidad de cautela la internación provisoria ante la gravedad del delito, que puede llega a una pena máxima dentro de este marco legal, constituyéndose la libertad del isleño un peligro para la seguridad de la sociedad.

"Además, existe un riesgo de fuga, ya que el menor huyó de Chiloé y solo fue detenido en Puerto Montt gracias a las diligencias policiales efectuadas", añadió.

La defensa del adolescente se opuso a la calificación jurídica del delito, esgrimiendo que se trata de un homicidio simple, descartando con ello el concurso de las calificantes. Igualmente, planteó medidas precautorias en el medio libre justificadas con antecedentes sociales y hasta sicológicos presentados en sala.

Como expuso María Alejandra Alvarado, abogada especializada en RPA, "no se discute la participación" de su representado en el crimen. Sin estar confeso, esta situación reconoce su autoría en la muerte de la mujer. Pero agregó que no es un homicidio calificado.

"No se da la alevosía porque los hechos son en el contexto en que hay más personas durmiendo en la casa, no obró a sobre seguro. Tampoco hay ensañamiento, puesto que las lesiones genéricas por sí solas pueden configurarse de menos graves", sostuvo la jurista, explicando que solo en su conjunto las heridas pudieron llegar a provocar la muerte.

Es más, en este punto, el defensor penal de Castro, Claudio Herrera, quien apoyó a esta profesional en la audiencia, fue claro en señalar que para acreditar esta calificante el actuar doloso debe ser "deliberado", incluso como describió, "similar a la tortura", lo que no se configuraría en este caso.

Atenuantes

Para rebajar el peso de la cautelar, los defensores alegaron la concurrencia de al menos tres atenuantes: la irreprochable conducta anterior, la colaboración sustancial y una eventual inimputabilidad disminuida, sustentada por un informe sicológico realizado en el colegio del isleño que daría cuenta de una discapacidad mental leve.

La jueza Jesica Yáñez no acogió estos postulados en favor del menor, aunque solo estableció en esta etapa de la causa el concurso del ensañamiento. Además, indicó que "se presume fundadamente que es el autor" del crimen, agregando que constituye un riesgo para la sociedad. Por ello, decretó la precautoria más gravosa, determinando un plazo investigativo de seis meses.

Describen como "perturbadores" detalles del crimen

Con la conformidad que el imputado se encuentra privado de libertad, pero remecidos por los detalles del crimen se mostraron los hijos de la víctima.

Tal como explicó Marina Núñez Oliva, no conocían mayores antecedentes sobre las lesiones que sufrió su madre, en especial el grado de ferocidad empleado para quitarle la vida. "No conocíamos estos hechos y al exponerse son... perturbadores. Lo único que espero que la justicie funcione y que le den la condena que merece porque lo que hizo con mi mamá fue excesivo", acotó.

Rigor

Por su parte, Francisco Rodríguez Oliva enfatizó que exige el máximo rigor de la justicia.

"Quedó en evidencia que (el imputado) actuó con toda la intención de causar el mayor daño. Pedimos justicia por el daño que causó, mi madre siempre fue buena con todos y a nadie le cerró la puertas", aclaró el joven, sumando que también existirían "otros responsables" por no mediar en la conducta del menor.

En este plano más enfática fue Carola Chamia, amiga de la víctima, quien indicó directamente que el colegio en que estudia el isleño "debe hacerse cargo, porque anteriormente exhibió problemas dentro del recinto y fue expulsado del internado por problemas de drogas". Es más, calificó al imputado como "un asesino adolescente" que debe recibir el mayor rigor legal.