Ante la falta de antecedentes para acreditar participación, un acusado por un delito de microtráfico y por ilegal de municiones fue absuelto, después de enfrentar un juicio oral en Castro.

El joven que arriesgaba 8 años de presidio por ambos ilícitos salió caminando del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y sin cautelares, en espera que la resolución de los sentenciadores quede ejecutoriada.

Tal como explicó uno de sus defensores, Claudio Herrera, los jueces se inclinaron por la tesis que plantearon en la audiencia, centrada en que no existían elementos de convicción para establecer la autoría en los hechos ocurridos el 22 de junio del 2016, cuando en el domicilio del obrero en el sector Gamboa de la capital chilota, personal del OS-7 de Carabineros de Chile incautó 26 gramos de cocaína y otros 110 gramos de marihuana.

"La supuesta participación descansaba en una 'seudoconfesión' que habría prestado ante personal del OS-7 de Puerto Montt, hipótesis que no pudo ser demostrada en el juicio y porque además aquella situación de haber existido no puede ser fundante de una condena si no hay otros elementos de convicción", acotó el abogado.

procedimiento

Junto con cuestionar el procedimiento policial, calificándolo como "carente de rigurosidad", el profesional también postuló que los hechos no eran constitutivos de delito.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo que desarrollamos antes y durante el juicio oral en razón que sostuvimos la tesis de la absolución desde el inicio", explicó el defensor.

La lectura de sentencia por este caso quedó programada para el domingo en la misma sala.

Pedro Bárcena González

Con una mirada de no muy buenos amigos se despidió de sus dos defensores el imputado de un feroz asalto en Castro, después de finalizar la audiencia en la cual quedó en prisión preventiva. El prontuario delictivo que atesora este antisocial proveniente de Temuco y la prueba recopilada por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) fueron la clave para llegar a la cautelar más gravosa.

En la audiencia realizada ayer en el Juzgado de Garantía de la capital chilota, el joven de iniciales P.H.Q.S. (28) fue formalizado por robo con violencia, por el ataque perpetrado el jueves pasado contra las locatarias del minimercado Arco Iris, ubicado en calle Galvarino Riveros. Las víctimas fueron reducidas con gas paralizante y sufrieron la sustracción de unos 4 millones de pesos.

La magistrada Jesica Yáñez acreditó que el sujeto constituye un peligro para la seguridad de las víctimas y la sociedad, por lo cual dictó esta cautelar que fue invocada por el fiscal Javier Calisto, quien presentó una serie de antecedentes para sustentar esta medida.

Identificación

Tal como indicó el persecutor, una de las comerciantes "reconoció plenamente" al asaltante, después de su captura por parte de Carabineros del Retén Panitao, en Puerto Montt, en los momentos en que intentaba huir hacia el norte. Su aprehensión se registró el sábado y tras ampliarse este martes fue formalizado.

Además, otras evidencias presentadas para configurar el delito y la participación del joven se enfocaron en los datos policiales de la unidad especializada castreña, como también los peritajes efectuados por el Laboratorio de Criminalística (Labocar) que analizaron un espray que sería coincidente con el "gas pimienta" empleado contra las víctimas. Este implemento fue hallado en el auto en que viajaba el imputado, junto a un electroshock y más de un millón 200 mil pesos.

"Estos antecedentes fundamentan la existencia del robo con violencia y la intervención del imputado", acotó el abogado, sumando que la cautelar se sostiene "en la gravedad de la pena asignada al delito y por tener condenas anteriores por ilícitos de la misma naturaleza".

Según el jurista existe la reincidencia específica, exponiendo que el ladrón fue sentenciado a 5 años y un día de presidio el 2009 por un robo con intimidación. Además, el 2012 recibió 7 años de presidio por un robo con fuerza y este año fue condenado por un porte de arma.

El defensor Nelson Troncoso se opuso a esta precautoria, enfatizando que "no hay antecedentes de la existencia del delito" y que los hechos se enfocarían en un robo por sorpresa, por el accionar fugaz empleado por su representado, "que no provocó lesiones de mayor entidad". Además, recalcó que no hay precisión de la cantidad de dinero sustraída lo que sería crucial para establecer el asalto.

Pese a estos argumentos, la magistrada decretó la prisión preventiva y estableció un plazo para indagar de 90 días.