Pedro Bárcena González
Con el objetivo de agilizar las diligencias de la causa y buscar la máxima pena contra el responsable, la hija de la líder social asesinada en Chonchi se querelló con el patrocinio del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg). Un recurso que se interpuso ayer en el Juzgado de Garantía de Castro y que está abierto a ampliarse, incluso a otros ilícitos gravosos, considerando el éxito de las pesquisas.
Por la figura de homicidio calificado fue presentado el requerimiento, el mismo delito por el cual fue formalizado el menor de iniciales B.A.C.C. (16), sindicado como el responsable de la muerte Jacqueline Oliva Carrillo (51), cuyo cadáver fue hallado en el dormitorio de su casa, la tarde del martes 17 de octubre.
Tal como expresó el abogado del servicio a nivel regional, Marcelo Urra, en el escrito se replican las calificantes que ya invocó el Ministerio Público. Se trata de la alevosía y el ensañamiento. "La víctima no tuvo la oportunidad de defenderse y además sufrió numerosas lesiones que aumentaron su sufrimiento", dijo para justificar ambas circunstancias.
Con el concurso de estos elementos, el jurista espera llegar al máximo penal dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por la cual será juzgado el menor que se encuentra en internación provisoria y cuya autoría en el asesinato no ha sido discutida.
La pena que buscan es de 10 años de internación en régimen cerrado para el imputado. Eso sí, para sustentar esta pretensión podrían sumar nuevos tipos penales que agravarían el crimen.
"La querella se podría ampliar, por una eventual agresión sexual o un delito de robo que haya afectado a la víctima", acotó el jurista, agregando que solicitaron pericias para determinar la existencia de estos ilícitos.
"Estas pesquisas tienen por objeto impulsar a la fiscalía a que pueda reconstituir lo que ocurrió, saber qué hechos sucedieron aparte del homicidio calificado. Se puede recalificar a futuro y hay peritajes pendientes en cuanto a la agresión sexual, lo cual puede llevar a una reformalización", aclaró Urra.
Afectación
Por su parte, Marina Núñez Oliva, hija de la dirigente social originaria de Tomé, Región del Bío Bío, y que vivió 13 años en Chiloé antes de su muerte, reconoció el complejo caminar que ha tenido que pasar estas semanas desde la pérdida de su madre. Un tránsito marcado por los trámites legales y las verdaderas llagas que todavía se abren producto del crimen.
Incluso, la propia joven enfatizó que "no he tenido tiempo para la reparación", en cuanto al apoyo sicológico que el Centro de Apoyo a Víctimas tiene abierto en su favor. Debe luchar por las consecuencias del daño generado por este asesinato que cada día suma nuevos episodios.
"Ha sido muy difícil todo... mi hijo que no está muy bien con lo que pasó a su abuela. También hablé con uno de los estudiantes (uno de los dos pensionistas que vivían con la dirigenta en Chonchi y que hallaron su cuerpo), quien está en su casa, está mal, le vino una recaída. Estaba asistiendo a clases y tuvo una recaída sicológica, pese al apoyo que recibe en el colegio", acotó.
Pese a este complejo escenario, Marina se las ha arreglado para no faltar a las instancias procesales de la causa. Ya estuvo en la formalización del imputado, donde sintió el impacto de los detalles expuestos sobre la muerte de su mamá, pero no se amilana y exige el máximo rigor de la ley considerando el mal causado.
"En esa audiencia nos encontramos con varias sorpresas, además viendo las secuelas, el daño, mi hijo epiléptico está retrocediendo en su proceso de recuperación. Los mismos estudiantes sufren este daño, que fue muy grande. Por ello, esperamos la pena máxima", finalizó la joven.
14 estocadas en el cuerpo presentaba la víctima, quien además fue estrangulada.
6 meses se decretaron para la indagatoria en la audiencia de formalización.
