Pedro Bárcena González

Con el objeto de generar un espacio de reflexión sobre las experiencias carcelarias en la provincia y el país, se realizó ayer un seminario impulsado por Centro de Estudios Regionales (Cider) de la Universidad de Los Lagos y la ONG Vínculos Chiloé.

Más de 50 profesionales y funcionarios vinculados al área social como penitenciario se reunieron en el Hotel Esmeralda de Castro para dialogar en torno a esta realidad y analizar con una mirada crítica su impacto a nivel local.

Tal como expresó uno de los organizadores, Fernando Codoceo, profesor de la ULagos, en esta iniciativa se discutieron problemáticas ligadas a las reinserción social de los privados de libertad, abordando el tema desde varias miradas.

"Por un lado se piensa que existe un avance, los internos reconocen que las condiciones ahora son distintas, el trato antes era salvaje, extremadamente duro, ahora reconocen un espacio mucho más tranquilo, en especial en las cárceles isleñas que son más pequeñas y no son concesionadas", acotó el académico.

Asimismo, la fuente apuntó como otra arista de análisis que "para una persona que viene desde afuera y observa el espacio carcelario, lo sigue viendo como violento, trágico y éticamente inaceptable, más allá del desarrollo de este lugar".

El profesional destacó que dentro de la investigación que han realizado y en las entrevistas con los reclusos, estos no reconocen ser parte de un proceso de intervención. Por lo menos, no visualizan esta situación. Justamente ahí ponen los expertos el ojo crítico, para que se identifiquen las estrategias de reinserción.

"Como equipo pensamos que se puede hacer más, no es posible generar procesos de vinculación social cuando se violan los derechos humanos de los internos, cuando la intervención no es permanente. Y no es solo una mirada nuestra, hay informes críticos que vienen del Instituto de Derechos Humanos, hasta de Gendarmería y sus asociaciones de funcionarios, en los cuales se reconoce una problemática que tiene que ser solucionada", acotó la fuente.

Es más, Codoceo no dudó en señalar que "las cárceles son depósitos de personas que impiden que se reinserten socialmente". Una postura que generó reacciones entre algunos asistentes al seminario, vinculados al trabajo penitenciario.

Por su parte, Antonio Fabró, de la ONG Vínculos Chiloé, recalcó que desarrollan programas como comunidad terapéutica en beneficio de adolescentes, jóvenes y adultos, contando con permanente contacto con las personas recluidas en los penales.

"La experiencia es compleja respecto a cómo el sistema carcelario y las leyes que regulan estos ordenamientos institucionales no permiten avanzar en procesos de rehabilitación y reinsersión social", acotó.

Desafío

A su vez, el coordinador de esta organización planteó como desafío que estas instancias de debate y análisis sigan multiplicándose en la Isla. "Se debe instalar una mirada que no está presente públicamente. Hay que crear una conversación social sobre estos temas que generalmente se ocultan, donde vemos reacciones de instituciones públicas que no abren el diálogo para abordar el problema de fondo y eso no contribuye", concluyó.

Por su eventual responsabilidad en cuatro ataques delictivos, un joven de Quellón arriesga una pena total de más de 15 años de cárcel. Un juicio que se realiza en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro y que hoy espera finalizar su fase probatoria.

El acusado de iniciales C.A.C.M. enfrenta cargos por dos hurtos, un robo con intimidación y otro con violencia, perpetrados entre enero y marzo de este año, tanto en el cesfam porteño, un local de comida rápida y dos establecimiento de juegos electrónicos. Incluso, una de las víctimas fue su propia hermana. El sujeto se apoderó de dos teléfonos celulares en los ilícitos menos gravosos, mientras que gracias a los otros ataques huyó con cerca de un millón 800 mil pesos.

De acuerdo a lo señalado por la fiscal Karen Rosas, quien sustanció la indagatoria por esta causa, por los hurtos reiterados invocó una pena de 818 días de presidio, mientras que por los asaltos, también en carácter de reiterados, solicitó 13 años de reclusión.

La persecutora manifestó que pidió estas penas únicas por ambos ilícitos, "porque los hechos ocurren en un tiempo secuencial en el que no mediaron condenas". Además, espera crear convicción en los sentenciadores, especialmente a base de testimonios y la evidencia audiovisual recopilada durante la indagatoria.

Recalificación

Por su parte, el defensor Ignacio Díaz no discutió la participación de su representado en los hechos. Sin embargo, apunta por la recalificación de los hechos más gravosos. Una postura que la fiscal rechazó de plano.

"Los robos con intimidación y violencia se configuran a base de las pruebas que presentamos. En el primero de ellos la víctima fue amenazada con un arma blanca, mientras que en el segundo el sujeto usando una piedra causa lesiones a la víctima -su hermana de apenas 15 años quien atendía el local de juegos- y también la intimida con un cuchillo", manifestó la abogada.