Pedro Bárcena González

Pese a todo el daño sufrido por la víctima que fue ultrajada por más de cinco años por su propio padre y las circunstancias modificatorias de responsabilidad que se acogieron, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro decidió condenar en el mínimo del grado al autor de estas aberrantes agresiones registradas en Quellón.

Así quedó establecido en las últimas horas tras la lectura del fallo contra el pescador de iniciales A.A.P.M. (48), quien fue sometido a juicio y sentenciado a 5 años y un día de presidio por el delito de violación impropia, perpetrado contra la pequeña cuando apenas tenía 9 años, hechos que se registraron entre el 2009 y el 2010.

Además, la sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve dictó una pena de 3 años y un día de reclusión contra el hombre de mar por su participación en el abuso sexual continuado contra la misma niña, el cual se extendió entre el 2010 y el 29 de marzo del 2014. Todos los ilícitos se concentraron en la casa que compartían estos familiares en el sur de la Isla.

Junto con confirmar la absolución por los cargos de abuso sexual de mayor de 14 años en carácter de reiterado, la jueza Loreto Yáñez, quien tuvo la misión de dar cuenta resumida al dictamen en una audiencia en la que solo estuvo el acusado, sin existir presencia de los abogados intervinientes, detalló las penas accesorias contra el isleño.

Vigilancia

Dentro de estas sanciones, la sentenciadora enfatizó que el sujeto se mantendrá "bajo la sujeción de la vigilancia de la autoridad por los 10 años siguientes al cumplimiento de la condena". Por ello, deberá informar cada tres meses a Carabineros su domicilio actual.

Además, se decretó la inhabilitación perpetua del también buzo para ejercer cargos u oficios con contacto o cercanía con menores. Igualmente, se incluirá su huella genética en el registro de condenados.

La fiscal de la causa, Karen Rosas, reconoció que en el fallo se consignó la extensión del mal causado sufrido por la hoy adolescente, quien se mantiene en tratamiento de reparación para intentar superar el calvario que sufrió al interior de su hogar. Incluso, como recalcó la jurista, la menor fue relocalizada familiarmente. Además, indicó que se consideró en la sentencia la agravante del parentesco. Eso sí, la valoración de estos elementos no fue extensiva.

"Estaban las condiciones para que la pena fuese establecida en toda su extensión. Sin embargo, se determinó imponerla en el mínimo, lo cual es facultad exclusiva del tribunal", especificó la persecutora, quien había invocado 12 años de presidio en total.

Más allá de esta interpretación judicial, la representante del Ministerio Público se mostró conforme por dictarse la condena "dentro del rango que solicitamos", como también por la acreditación de los delitos, salvo el relacionado con los abusos de mayor de 14 años.

En ese caso, como explicó la fuente, no se logró crear convicción de la existencia de la fuerza e intimidación, factores que sustentar esos cargos.

"La dinámica de las agresiones que sufrió la víctima fue similar en el largo tiempo de afectación. No obstante, la ley exige que se establezcan esos factores para configurar el delito cuando tiene más de 14 años, no así cuando es menor a esa edad, que fue lo que se determinó con este fallo", concluyó Rosas.

En tanto, el defensor particular Alfredo Castro analiza el fallo y luego de tomar contacto con su cliente se vería la factibilidad de recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Para generar una retroalimentación del trabajo realizado en la recopilación de las demandas más sentidas de las chilotas, que se incorporarán en el Plan Nacional de Igualdad 2018-2030, la secretaría regional ministerial del ramo organizó un encuentro con vecinas isleñas, a las que se les presentaron los antecedentes preliminares de la iniciativa.

Desde julio a octubre de este año se levantó información en encuentros con organizaciones. Así lo indicó la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ingrid Schulbach, quien llegó a Castro para dar cuenta de los avances de esta estrategia.

La personera recalcó que gracias a los contactos con "aliados estratégicos como son Prodemu y Senama, se aplicó el instrumento a quienes participaban en sus talleres. Además, nos acercamos a las comunidades indígenas con un conversatorio y levantamos datos de sus prioridades".

En este trabajo emergieron requerimientos propios de cada grupo consultado. "Se nos planteó el reconocimiento de los pueblo originarios, con sus tierras, cultura y costumbres. También, los emprendimientos son una necesidad sentida, muchas jefas de hogar buscan opciones para generar ingresos, apoyo para emerger con sus negocios", dijo la asistente social.

Una de las asistentes a esta cita, Blanca Millalonco, lawentuchefe (protectora y conocedora de las hierbas medicinales del bosque) de la comunidad Huaipulli de Quellón, recalcó que plantearon la necesidad que "se nos reconozcan como pueblo, aunque presentemos una mirada o realidad diferente, es importante nuestra integración cultural y a la sociedad, con nuestra lengua, costumbres, la propia medicina ancestral que se nos reconozca".

Campañas

Otro de los puntos esenciales que plantearon las isleñas fue la violencia. "Nos dijeron que se deben buscar políticas para erradicar esta problemática, generar un cambio cultural", acotó la seremi Schulbach, añadiendo que se encuentran difundiendo campañas para combatir este flagelo. Incluso, hasta ayer se repartieron folletos en Chiloé.

"Realizamos un trabajo de sensibilización de las personas puesto que esta problemática es de la sociedad, todos somos responsables para aportar. En conocimiento de una situación de violencia hay que ser capaces de ayudar, escuchar a las víctimas, no cuestionarlas para lograr el objetivo final que es la denuncia", manifestó la personera.