Pedro Bárcena González

El complejo estado de salud que lo mantiene internado en el Hospital de Castro se constituyó en uno de los factores que incidió para que el sujeto baleado por un carabinero eludiera la cárcel tras ser formalizado por tres delitos.

En la misma unidad de Cirugía del Augusto Riffart, donde permanece R.O.G.N. (47) por la fractura de fémur izquierdo que registró producto del impacto del proyectil, se realizó ayer la audiencia en la que fue encausado por lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), como también por amenazas a carabineros de servicio.

Por tres días el Ministerio Público analizó los antecedentes del caso antes de iniciar la indagatoria formalizada, en especial para esclarecer la dinámica de lo sucedido el mediodía del sábado en el domicilio de calle Eduardo Provasoli, donde el imputado agredió a su conviviente de 33 años.

Las pesquisas desjudicializadas ampliadas incluyeron la evaluación de las lesiones contusas que sufrió la mujer en el cráneo. Además, los efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Segunda Comisaría entregaron un informe de la embestida con motosierra que hizo el individuo contra su pareja y el posterior altercado que tuvo con los uniformados que abordaron el procedimiento.

Justamente, en este entrevero con los policías centró la atención del fiscal Enrique Canales, quien sustancia la causa, por la necesidad de determinar en qué forma el sujeto utilizó el hacha contra los efectivos de la unidad base. Ello, considerando que Carabineros estimó que el vecino intentó matar a los patrulleros.

Junto con aclarar que sólo compete al ente persecutor determinar la calificación jurídica de los hechos, el abogado enfatizó que "con los antecedentes recopilados y por la existencia de un video, no se puede configurar el elemento objetivo del homicidio aún en un grado imperfecto de desarrollo. Eso nos llevó a establecer las amenazas".

Es más, explicó la fuente que necesariamente para que exista esta figura legal la víctima tendría que sufrir lesiones con riesgo vital, lo que no ocurrió en este caso, puesto que los carabineros no resultaron con heridas.

Más allá que la gravosidad de los ilícitos sea menor a lo que inicialmente se contempló, el fiscal igual solicitó la prisión preventiva a la magistrada Jesica Yáñez, quien también se constituyó en el hospital, invocando la necesidad de cautela para la indagatoria en base al peligro que constituiría la libertad del imputado para las víctimas y la sociedad.

A pesar que la jueza recalcó que en esta etapa de la causa existirían los elementos necesarios para acreditar la existencia de los tres delitos, no acogió la precautoria.

"El tribunal dijo que el imputado está inmovilizado y hospitalizado sin un tiempo determinado para recibir el alta, lo que fue considerado para indicar que esto disminuía el riesgo para la víctima y estableció otras medidas", sostuvo Canales.

Defensa

Por su parte, el defensor Filippo Covalán argumentó para oponerse a la privación de libertad que existen otras medidas para asegurar los fines del procedimiento. "Mi representado está muy lesionado, tiene un fractura y está con tutores. Incluso, el proyectil no ha sido extraído de su pierna. Por eso, la posibilidad de atentar contra la víctima o los policías está totalmente reducida por su estado de salud", expresó el abogado.

Bajo este escenario, la jueza determinó el arresto total, arraigo nacional, la prohibición de acercarse a las víctimas y la obligación de abandonar el domicilio común. La indagatoria se extenderá por 60 días.