Evitar interrupciones de suministro eléctrico por sobrecarga o instalaciones deficientes y fomentar un uso responsable de la electricidad son los objetivos de una campaña liderada por la Sociedad Austral de Electricidad S.A. (Saesa) y apoyada por la Gobernación de Chiloé.

El llamado está orientado a los municipios y organizaciones sociales en el marco de la realización de fiestas masivas en el verano.

Según lo explicado por Pablo Millán, jefe del área del servicio al cliente en Chiloé de la empresa, indicó que la idea de esta campaña preventiva conjunta con la Gobernación es evitar los riesgos de interrupción de la energía, además de la normalización de las instalaciones.

"El principal problema que se presenta es la sobrecarga de las instalaciones que no están diseñadas para el consumo que se realiza en esta época", afirmó el ejecutivo de la concesionaria eléctrica.

A su vez, el gobernador René Garcés sostuvo que "la idea es generar un levantamiento de la información de todos los festivales costumbristas que se realizan en esta época".

Carolina Larenas Faúndez

Tras cerca de 12 años de espera, en los próximos días 150 familias de la comuna de Quellón tendrán regularizados los servicios de agua potable y alcantarillado.

Se trata de los vecinos que viven en Riquelme (Barrio Industrial Costero) y Estero Quellón, los que si bien contaban con casetas sanitarias, nunca se logró el funcionamiento de las plantas elevadoras de aguas servidas.

Una inversión de más de 300 millones de pesos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) postulada por la actual administración municipal permitió avanzar en el tema de las plantas elevadoras, pero aún quedaba pendiente otro: revisar la operatividad del sistema de colectores.

En este sentido, el alcalde de Quellón, Cristian Ojeda, indicó que un convenio suscrito con la Empresa Sanitaria de Los Lagos (Essal) permitió abordar este aspecto y ahora las familias están a un paso de contar con ambos servicios regularizados.

"Cuando yo asumí hace cuatro años postulamos recursos para plantas elevadoras en la Subdere por cerca de 300 millones de pesos", explicó.

Además, el decé sostuvo que "como habían colectores antiguos hubo que hacer un proyecto aparte de 100 millones de pesos pagados por el municipio para que puedan empezar a funcionar".

FUNCIONAMIENTO

Tal iniciativa, agregó "se hizo con un convenio con Essal a 18 meses y con el contratista se hizo todo el tema de revisar los colectores, se echaron a funcionar las plantas elevadoras y conectaron a cada una de las familias".

A su vez, Juan Pablo Riquelme, jefe de asuntos corporativos de Essal, mencionó que con este trabajo en conjunto con el municipio se trató de regularizar desde el punto de vista sanitario, los servicios de agua potable y alcantarillado, incluidas las plantas elevadoras de agua servidas de los sectores Riquelme y Puente Soto.

Igualmente, detalló que "en ambos sectores se realizaron las pruebas hidráulicas correspondientes, las que permitieron evaluar el estado de la infraestructura sanitaria y valorizar las mejoras necesarias para dejar en norma".

Durante la primera quincena de enero se estima que se realizará la conexión de los vecinos de los sectores favorecidos con esta iniciativa sanitaria.

100 millones de pesos aportados por el municipio permitió revisar los colectores.

12 años esperaron los vecinos para regularizar el tema de las aguas servidas.

Un revés judicial sufrió la demanda laboral interpuesta por un docente de la comuna de Dalcahue en contra de la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire. El exdirectivo de esta misma entidad alegó supuesta vulneración de derechos laborales por la suspensión de una asignación especial que dejó de percibir.

La acción judicial fue interpuesta por Juan Carlos Soto, exdirector de Educación de la anterior administración comunal.

Así lo dio a conocer el asesor jurídico de la corporación dalcahuina, Marcos Velásquez, quien expuso que "revisamos los contratos y antes de dejar el cargo de director de Educación de la corporación y volver a su escuela de origen, porque es titular en el cargo, había modificado su contrato y se había puesto unas asignaciones especiales; era el único de una planilla de cientos de profesores y era el único que tenía esa asignación y significaba que tenía la remuneración más alta de toda la comuna".

El abogado sumó que el pago no correspondía. "Mi sugerencia fue no pagarla y consultar a la Contraloría si correspondía hacer el pago. Este señor presentó una denuncia de tutela de vulneración de derechos fundamentales en el Tribunal (Laboral) de Castro, se inició el juicio y la juez estimó que esto había sido una modificación unilateral y que al quitar el pago de la asignación se habían vulnerados los derechos del profesor", fundamentó.

El jurista dijo que en razón de lo resuelto por el tribunal de la capital chilota, la corporación recurrió con un recurso de nulidad al tribunal de alzada correspondiente. "La Corte de Apelaciones de Puerto Montt en una sentencia unánime, clara y rotunda, anula la sentencia de la jueza y declara que no correspondía el pago de la asignación y dicta una sentencia de reemplazo, rechazando la sentencia del señor Soto".

El aludido, Juan Carlos Soto, docente del Liceo Polivalente, adelantó que recurrirá a la Corte Suprema, porque -a su juicio- no hay nada definido. "No les dio la razón la Corte de Apelaciones. Vamos a recurrir a otros recursos con mis abogados en la Corte Suprema, lo anterior solo fue un paso más judicial", indicó el también excandidato al alcalde por Dalcahue.