El 18 de octubre a las 10.30 de la mañana la bahía de Pilpilehue, al sur de Chonchi, en el canal Yal, fue el escenario de uno de los accidentes marítimos más comentados a nivel nacional que hayan sucedido en el último tiempo en Chiloé.

El wellboat Seikongen, de CPT Empresas Marítimas S.A. sufrió un desperfecto y terminó hundido a escasos metros de la costa con una carga de 67 mil litros de combustible y 214 toneladas de salmones vivos de la empresa Camanchaca, a la cual el barco prestaba servicios.

La emergencia de inmediato hizo resurgir los temores de revivir el conflicto socioambiental generado en mayo del 2016 con la marea roja, sobre todo por la carga de peces en el barco y el petróleo, y el daño que podrían causar en la eventualidad de verterse en las aguas del Yal.

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia, donde la Armada y la propia CPT redoblaron cualquier tipo de medida de seguridad para evitar la contaminación ambiental. A estas instituciones se sumaron el Ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad Sanitaria y la Subsecretaría de Pesca.

Comunidades

Los días pasaron y, pese a las labores de contención realizadas por especialistas bajo estricta supervisión de las autoridades, donde existió una contaminación muy leve, las comunidades aledañas se impacientaron y comenzaron una serie de acciones, que fueron desde reuniones hasta protestas.

Entre los clamores de la población local, estaba el peligro de filtraciones del pescado ya en descomposición, además del cierre preventivo de un área circundante de 4 kilómetros al hundimiento, donde por semanas pescadores artesanales, recolectores y mitilicultores no pudieron extraer recursos marinos.

Los ánimos se agitaron más cuando el intendente Leonardo de la Prida visitó el jueves 26 de octubre el sitio de la emergencia, anunciando a los vecinos un plazo de 5 días para retirar los elementos contaminantes del barco, lo cual no se cumplió.

A comienzos de noviembre se comenzó con el retiro de los primeros riles desde el navío naufragado. La faena, al igual que todas las labores efectuadas por los propietarios del wellboat, estuvo a cargo de la Empresa Ardent de Holanda, líder mundial en rescate de barcos.

Desde la Quinta Zona Naval, su comandante en jefe Carlos Fiedler, advirtió respecto al programa que busca reflotar la nave, que el plazo para realizarlo sería "idealmente dos meses, dos meses y medio, tres meses a lo mejor", con lo cual la respuesta a la urgencia de los vecinos del sector quedó netamente supeditada a factores técnicos, principalmente para evitar cualquier accidente o contratiempo, incluida una eventual contaminación por mal manejo.

Poco a poco se fue extrayendo la carga de deshechos desde una de las bodegas de pescado, ya en descomposición, los cuales fueron llevados a Calbuco, a un vertedero autorizado para estos elementos. Todo, sin contaminar el sector.

Prosiguió el retiro del petróleo del interior de la nave, lo cual se llevó a cabo la tercera semana de noviembre, sin contratiempos y con la misma pulcritud que los riles de la primera bodega.

Acciones

En paralelo a estas labores se desplegaban recursos judiciales, investigaciones de rigor por parte de la Fiscalía de Castro, sumarios internos en CPT, indagatorias de la Armada y recursos de protección particulares.

Ahora, se espera la aprobación de un plan de contingencia para el reflote del barco, el cual podría en las próximas horas culminar la emergencia, sacando del canal Yal al Seikongen.