Un exintegrante del Movimiento del Izquierda Revolucionario (MIR) fue detenido junto a tres personas en un vehículo durante un procedimiento policial en el sector de Villa Francia, en Santiago.

Se trata de Gonzalo Toro (61), quien tenía una orden de detención pendiente por el atentado en 1991 contra el fallecido senador de la UDI Beltrán Urenda, en Viña de Mar.

"Luego de realizar un control de identidad, se logró la detención de estas cuatro personas y se les incautaron 12 armas artesanales, un chaleco antibalas y también un arma de fogueo", dijo el capitán de Carabineros Óscar Llantén.

Los otros detenidos fueron identificados como Fernando Droguett, Tomás Montenegro y Carla Garay.

Michael Seguel P. - Medios Regionales

Sorpresa causó el viaje que la machi Francisca Linconao, una de los 11 imputados en el caso Luchsinger-Mackay, realizó a las 8.30 de ayer desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, hasta Bolivia.

El hecho ocurrió una semana después de que la Corte de Apelaciones de Temuco decretara la nulidad del veredicto del 25 de octubre de 2017, en que se absolvió a los once comuneros mapuches del delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, por los hechos ocurridos en 2013, en el fundo Lumahue, Región de La Araucanía.

Abogado desdramatiza

Renato González, abogado de la machi Francisca Linconao, manifestó que el viaje no debiera ser criticado, porque no había ninguna medida cautelar que le impidiera salir del país.

"Es una mujer libre, y tiene todo el derecho de circular a nivel nacional o viajar al extranjero", indicó el defensor público.

González añadió que en diciembre de 2017, Linconao realizó un viaje a Bariloche, Argentina, sin problemas.

"Fue a ver a unos familiares por cuatros días y no se hizo el mismo revuelo que hay ahora", manifestó.

Extradición

Mientras, el fiscal nacional, Jorge Abbott, no descartó solicitar la extradición si Linconao no se presenta en el inicio del juicio oral el 26 de febrero.

"Esperamos que ella vuelva voluntariamente, si no, tendremos que simplemente pedir la extradición", apuntó Abbott.

Mientras, Jorge Luchsinger, hijo de las víctimas, criticó en radio ADN la lentitud de la justicia: "Ella se movió más rápido que los fiscales o los querellantes", sumó.

Ingrid Conejeros, vocera de la machi, afirmó que "no hay duda de que estará presente en el juicio".

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, calificó al respecto que "no hay que hacer especulaciones sobre esto".

"(La machi Linconao) es una mujer libre y tiene todo el derecho de circular a nivel nacional o viajar al extranjero".

Renato González, defensor, de la machi Francisca Linconao."

26 de febrero se iniciará el juicio en el caso Luchsinger Mackay, en la ciudad de Temuco.

Un trágico caso de maltrato animal ocurrió en el tradicional Mercado de Lo Valledor, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago, cuando un vigilante nocturno lanzó un gato a una jauría de perros.

El hecho ocurrió el 30 de diciembre, cuando las cámaras de seguridad registraron cómo el vigilante lanzaba al animal, durante la madrugada, al interior del recinto.

En un comunicado, la administración del Mercado Lo Valledor rechazó el hecho y anunció que el vigilante renunció a su cargo.

"Su acto no solo atenta contra la ley, sino, además, contra el espíritu que anima a Lo Valledor y a nuestro equipo de trabajo (...). El guardia aludido renunció a la empresa como consecuencia de los hechos", cerró el texto.

La misma administración del recinto de comercio hortofrutícola presentó una denuncia contra el vigilante por maltrato animal ante la Fiscalía Metropolitana Sur.

Por su parte, Enrique Veloso, jefe de comunicaciones del recinto, dijo a La Estrella que no es primera vez que tienen problemas con animales y que es una situación que se repite recurrentemente en varias ferias del país.

"Las ferias y los centros de alimentos se han transformado en basureros de animales. Hay dueños que llegan y los abandonan acá o si no llegan solos", indicó Veloso.

Las multas por este tipo de ilícitos, según la 'Ley Cholito', en caso de la muerte del animal, van desde 20 a 30 Unidades Tributarias Mensuales (es decir, hasta un millón 400 mil pesos). Quienes incurran en este delito también arriesgan penas de cárcel.