Pedro Bárcena González

Ante la insuficiencia probatoria, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro determinó absolver a un buzo de los cargos de abuso sexual contra la hija de su conviviente. Se le acusó de ultrajar a una menor de apenas 6 años, al interior de la casa que compartían en Quellón. Incluso, pedían en su contra 4 años de cárcel.

El veredicto fue entregado ayer por la sala presidida por la magistrada Loreto Yáñez, quien expuso que "la única prueba directa fue el testimonio de la menor". Eso sí, calificó estos dichos de la pequeña como "verosímiles", aunque por sí solos no dieron sustento a los hechos, presuntamente acaecidos entre el 2013 y 2014.

Asimismo, los sentenciadores estimaron como "exigua" la evidencia, lo que imposibilitó acreditar una conducta abusiva y desvirtuar la presunción de inocencia del joven de iniciales J.P.C.H. (36). Una conclusión que se llegó con el análisis de los antecedentes expuestos por la afectada, tres testigos, dos policías de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) y un par de peritos.

También renunció a su derecho de guardar silencio el imputado, quien declaró en estrado negando la existencia de las agresiones.

"Esta acusación no es cierta. La niña estaba con su mamá todo el tiempo... nunca se me ha pasado por la mente hacer tocaciones. Siempre he dicho lo mismo porque es la verdad", esgrimió el hombre de mar.

La fiscal de la causa, Karen Rosas, pese a esta resolución adversa, insistió en que "le seguimos creyendo a la menor". Además, en sus alegatos recalcó que la víctima "fue capaz de develar casi de inmediato los hechos a su principal referente proteccional, su madre, pero ella no le creyó". Por ello, la denuncia se concretó dos años después de los hechos tras relatar su experiencia ante un sicólogo.

Bajo este antecedente, la persecutora evaluará el fallo que será entregado este martes. Sin embargo, resaltó que para la eventualidad de un recurso de nulidad "primará la consideración del daño sufrido por la niña en este proceso, lo que ahondaría su revictimización", aclaró.

Contradictorio

Por su parte, el abogado Ignacio Díaz, en lo que fue su último juicio oral como defensor público de Quellón, se mostró conforme con el dictamen, manifestando que su postura "pasiva" al inicio de la audiencia se debió a que "la prueba que presentaba el Ministerio Público era débil, lo que posteriormente se acreditó con los testimonios contradictorios que se vieron".

29 meses de intervención reparatoria tuvo la niña que denunció estos ultrajes.

4 años de presidio arriesgaba el acusado por estos hechos registrado en Quellón.

Un confuso altercado al interior del Centro de Detención Preventiva de Castro (CDP) activó los protocolos de seguridad y aislamiento de la unidad. El incidente que se manejó de manera interna involucró en una pelea a dos reclusos.

Dos imputados, uno primerizo como otro reincidente, se enfrascaron en una riña como reacción a lo que serían provocaciones de uno de ellos. Así lo indicó el jefe subrogante de la unidad penal, el capitán Cristian Calderón, enfatizando que por este hecho se activó el plan de enlace propio para estas contingencias.

"Por la pelea debió intervenir la totalidad de los funcionarios (gendarmes), quienes lograron separar a los intervinientes usando gas lacrimógeno en espuma, el cual se lanza de forma directa y no genera expansión como el aerosol", aclaró.

Junto con el traslado de los dos jóvenes que participaron del problema a la guardia interna, por protocolo la población penal -133 personas durante la jornada del miércoles cuando se registró la pelea- fue remitida al patio del recinto carcelario, donde fue inspeccionada. El jefe penitenciario recalcó que no se incautaron armas en este procedimiento y que los partícipes en este encontrón resultaron con lesiones menores constatadas en la enfermería local.

A su vez, como medida de seguridad se dispuso que el agente provocador de esta discusión y posterior agresión mutua, quedara en una celda de aislamiento preventivo con el objeto de evitar nuevos encuentros que terminen en incidentes. Una medida que hasta la jornada de ayer se mantenía.

Todos los antecedentes del caso fueron remitidos por el alcaide (s) a la Dirección Regional de Gendarmería, además se analizan las instancias a seguir con respecto al incitador de este hecho, quien podría ser derivado a otra unidad penal de la zona.

Un total de 40 atenciones realizó en la provincia el "Bus de la Justicia" que itineró por sectores rurales de las comunas de Quemchi, Curaco de Vélez, Queilen y Quellón. Consultas en materia civil, familia y laboral concentraron los requerimientos de los usuarios.

Los últimos sectores en que estuvo este furgón con funcionarios del Poder Judicial fueron Coinco, al sur de la Isla, donde se atendieron a ocho personas, y las localidades de Paildad, Apeche y Agoní Alto, donde 17 vecinos buscaron aclarar sus dudas.

Justamente, a estos tres pueblos queilinos se trasladaron trabajadores de los juzgados de Familia y Letras de Castro. Nury Barría, perteneciente al primer tribunal destacó que se decidió recorrer la comuna para llegar a más personas. "Además de atender a las personas de forma personalizada, tuvimos la posibilidad de dictar charlas y responder consultas de manera colectiva, a quienes se encontraban a esa hora en los centros de pago", aclaró.

Por su parte, María José Rojas, funcionaria de Letras, enfatizó que esta iniciativa constituye "una tremenda instancia de acceso a la justicia, considerando que no solo fuimos a una comuna en donde no hay tribunales, sino que además fuimos directamente a los sectores rurales más alejados, donde las personas tienen dificultades para viajar a los pueblos cercanos y esperan ayuda u orientación".

Agregó que fue "una experiencia excelente para darnos cuenta de las necesidades de los usuarios".