Pedro Bárcena González

Manteniendo la certeza que no se ha indagado el caso con acuciosidad, la familia de Claudio Manquemilla, el joven que desapareció el 6 de julio del 2011 y fue hallado muerto 11 días después en el canal Yal, comuna de Chonchi, está llevando a cabo una contraofensiva judicial después de sufrir un fuerte golpe procesal.

En el Juzgado de Garantía de Castro se decretó en los últimos días el sobreseimiento definitivo de la causa seguida por obstrucción a la investigación contra los fiscales Jorge Raddatz, Jaime Rojas y Karen Rosas, quienes fueron los encargados de realizar las primeras indagaciones por el extravío y fallecimiento del trabajador chilote de 23 años.

Elena Manquemilla, madre de la víctima, se querelló contra los persecutores arguyendo que no realizaron las diligencias necesarias para esclarecer el hecho, enfocando sus antecedentes especialmente en un accidente registrado en el sector de cruce de Teupa, en el cual se vio involucrado el chonchino, quien supuestamente viajaba como acompañante.

Tras este choque se le perdió la pista al isleño. Un siniestro que según sus parientes estaría asociado a una maquinación tendiente a ocultar un asesinato.

El fiscal regional Marcos Emilfork fue el encargado se instruir las pericias por esta causa contra sus colegas, la cual avanzó en paralelo a la indagatoria por el presunto crimen de Manquemilla. A fines de junio del año pasado cerró la investigación y solicitó el sobreseimiento.

Bajo estos antecedentes y pese a estos cuestionamientos de la familia del occiso, en el tribunal castreño se determinó que las pesquisas se efectuaron acogiendo la petición del Ministerio Público de suspender el procedimiento penal por falta de antecedentes.

Argumentos

Tal como expresó la fiscal Ana María Agüero, quien sustanció esta audiencia, recalcó que "el querellante atribuía que no se indagó el delito de manejo en estado de ebriedad causando daños a la propiedad y una violación de morada. Sin embargo, quedó demostrado que los fiscales realizaron una serie de diligencias para esclarecer estos hechos, instruyendo informes periciales de la SIAT, la SIP y la Brigada de Homicidios".

La abogada insistió en que se pudo demostrar que los fiscales efectuaron todas las diligencias con una calificación jurídica diversa, "que tal vez no compartía el querellante, pero sí los hechos fueron indagados", acotó.

Con esta medida, como especificó la fuente, se determinó "la inexistencia del delito y, por ende, la no participación en esta supuesta obstrucción de la investigación de los fiscales de Castro".

Complementando esta decisión, el defensor Luis Mora, quien tenía la misión de representar a los querellados, junto con recalcar que sí se desarrollaron las pesquisas invocadas por estos supuestos ilícitos, añadió que las líneas indagatorias se agotaron.

"Se acreditó en la audiencia que las diligencias fueron decretadas en forma oportuna. Además, se pudo establecer que solo existió un accidente de tránsito, cuyos daños son competencia del Juzgado de Policía Local, por lo cual el Tribunal de Garantía es incompetente y la investigación no corresponde al Ministerio Público", explicó el jurista.

Asimismo, el profesional destacó que se adhirió al sobreseimiento invocado, no solo por la inexistencia del delito, sino también sumando en su petición "el establecimiento de la inocencia de los imputados, en este caso los fiscales de Castro que intervinieron en la investigación", concluyó.

Este dictamen causó molestia en los cercanos a la víctima. Por un lado, sostienen que las pericias no se consumaron; y por otro, buscaron suspender esta audiencia por la ausencia del abogado patrocinante, Rubén Jerez. Dos aspectos que no fueron considerados.

Recurso

Pero esta situación, no amilanó a estos pobladores. En contrapartida interpusieron una querella contra el fiscal regional por los delitos de obstrucción a la investigación, denegación de servicio y omisión de denuncia.

El recurso fue declarado admisible y refuerza los datos sobre el extravío del joven el 6 de julio del 2011, detallando que fue "secuestrado y golpeado para ser asfixiado, pasadas las 23 horas de ese día, en el contexto de una celada o trampa", tras lo cual su cuerpo habría sido arrojado al mar.

Junto con individualizar a presuntos autores del hecho, el requerimiento fundamenta los cargos con la inexistencia de denuncias, la falta de investigación de los delitos, la falsedad de testimonios y la falsificación de declaraciones.

Es más, Jerez incluye en el texto que "los tres fiscales de Castro que fueron interrogados reconocieron no haber denunciado ni investigado el supuesto accidente de tránsito". Además, remarca que "el fiscal regional, en vez de formalizar a los inculpados pide su sobreseimiento generando una autoimpunidad del Ministerio Público".

El querellante pide que se indaguen estos nuevos ilícitos y se tome declaración a seis personas. "No queremos que esto termine o se cierre. Acá no hay justicia, se han burlado de nosotros", señaló Elena Manquemilla, quien no claudica en su lucha por esclarecer la muerte de su hijo.