Carolina Larenas Faúndez
Con el fin de verificar que los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) del Ministerio de Educación sean percibidos, aplicados y rendidos de acuerdo a las disposiciones establecidas, la Contraloría Regional de Los Lagos realizó una investigación a la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Castro, en el período comprendido entre el 1 enero y el 31 de diciembre 2016.
De acuerdo al informe ejecutivo del organismo, la fiscalización determinó algunas irregularidades, las que describe en cinco puntos, en los que también da cuenta de algunas acciones que se deben seguir.
En uno de los puntos, el ente contralor expone que se verificó que el saldo de la cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones habilitada para la administración exclusiva de los fondos SEP (Subvención Escolar Preferencial) al 31 de diciembre de 2016 no cubre el monto sin utilizar de los recursos de la Ley 20.248 por la suma de 84 millones 544 mil 60 pesos.
Además, sostiene que la entidad corporativa debe "restituir a la citada cuenta corriente la discrepancia detectada, informando documentadamente de ello a este organismo contralor".
Sin perjuicio de lo anterior, agrega que "esta Contraloría Regional remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines que estime pertinente".
Junto con ello, el informe da cuenta que "se rindieron gastos con cargo al 10% de administración central por concepto de la jornada inaugural del año 2016 por la suma de 14 millones 834 mil 116 pesos, lo cual no se ajusta a lo establecido en el artículo 6, letra e) de la Ley 20.248.
En este caso, el ente fiscalizador determinó que la corporación debe efectuar las rectificaciones pertinentes a las rendiciones de cuentas presentadas ante la Superintendencia de Educación, rebajando los gastos antes mencionados, realizando el reintegro respectivo a la cuenta corriente bancaria exclusiva para SEP.
Asimismo, el informe establece que "se verificaron adquisiciones con certificaciones de proveedor exclusivo, lo que no se ajusta a lo establecido en el punto 1 del 'Manual de procedimientos y procesos' de esta corporación municipal".
Otro de los elementos que contiene el resumen de la fiscalización fue que si bien dos postes trasladables de vóleibol, equivalentes a 370 mil 20 pesos, se encontraban físicamente en la Escuela Aytué, estos estaban embalados y sin uso, lo que no aviene a lo dispuesto en el instructivo de control y respaldo del gasto.
También se determinó que la Corporación Municipal de Castro no ha exigido el cumplimiento de la obligación de rendir la póliza de fianza a los directores de los establecimientos educacionales que administra, lo que infringe el artículo 68 de la Ley 10. 336, debiendo esta entidad tramitar a las brevedad las pólizas.
No acreditados
En este sentido, desde el municipio de Castro se indicó que "en total, a la fecha, son 734 millones de pesos que no han podido ser acreditados, desconociéndose los fines en que habrían sido usados durante la administración anterior".
Juan Eduardo Vera, presidente de la corporación, explicó que se trata de "nuevos antecedentes que nos confirma la Contraloría y que se suman a los ya entregados a la Fiscalía de Castro en una querella que presentamos en el mes de mayo del año pasado por malversación de fondos por 411 millones de pesos correspondientes al Programa de Integración Escolar (PIE) y a una ampliación de esta acción judicial que hiciéramos en agosto por 213 millones de pesos correspondiente a los programas de Salud".
Al cierre fue imposible comunicarse con el exalcalde Nelson Águila (DC) para conocer su versión sobre este asunto.