Carolina Larenas Faúndez

Quellón Viejo e isla Coldita se sumaron al área de cierre y prohibición de extracción de recursos por la presencia de niveles tóxicos de veneno paralizante de mariscos (VPM).

De esta forma, tras la resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Salud se amplía el área sujeta a esta determinación, ya que el pasado 30 de enero se decretó el cierre de Asasao, isla Redonda, Inío y el grupo Guapiquilán, en el sur de la Isla Grande de Chiloé y área adyacente.

La nueva medida se adoptó con los informes del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) sobre los resultados del Programa de Sanidad del Molusco Bivalvo (PSMB) que evidencian niveles sobre lo permitido de veneno paralizante de mariscos en Quellón Viejo.

A ello se suma lo informado por el Laboratorio de Marea Roja de Quellón sobre los resultados de las muestras de monitoreos, las que no cumplen con lo establecido en el artículo 333 del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

De esta forma, la resolución exenta 184 deja sin efecto la del 30 de enero pasado y prohíbe la extracción de recursos en un nuevo polígono y también establece que su cumplimiento será fiscalizado por la Autoridad Sanitaria, la Armada y Carabineros.

En este sentido, la seremi de Salud, Eugenia Schnake, indicó que "hemos dictado una nueva resolución que incorpora nuevas áreas de cierre en la comuna de Quellón. A las ya cerradas el 30 de enero se suman los sectores de isla Coldita y Quellón Viejo, esto debido a muestras de mariscos con valores sobre los 80 microgramos de toxina paralizante".

Además, sostuvo que "llamamos a la población a comprar mariscos en establecimientos certificados y solicitar el documento que emitimos de certificación libre de VPM una vez analizados los productos en nuestros laboratorios de salud pública".

Mañana se realizaría una reunión extraordinaria de la Mesa de Marea Roja en Quellón, hasta ahora la única comuna chilota con áreas con niveles tóxicos del VPM.

Tras una reunión con los vecinos del sector Gamboa Alto que se oponen a la construcción de una subestación eléctrica del Grupo Saesa (Sociedad Austral de Electricidad S.A.) en las cercanías de sus viviendas, el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera (UDI), indicó que el municipio se hará parte en el recursos de protección que recientemente presentó la comunidad indígena.

"Si bien la empresa Saesa, responsable del proyecto, busca mejorar la calidad de servicio, la comunidad se opone puesto que aseguran que no fueron informados, y se ha faltado a la verdad respecto a los impactos para la población, por lo que presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt", se indicó desde el municipio.

Además, se informó que en la reunión los vecinos expresaron su "desconocimiento y rechazo" a la instalación de torres de alta tensión en el sector.

Con una inversión de 41 millones de dólares, el proyecto ya aprobado considera la construcción de una línea de transmisión de 220 kV de 45 kilómetros, más una subestación eléctrica de alta tensión de 90 MVA en Gamboa, además de una línea de 110 kV de 228 metros de extensión.