Luis Contreras Villarroel

La realización de un conjunto de peritajes permitió al Ministerio Público de Castro reformalizar la investigación en contra de un adolescente de 17 años de edad, imputado en el asesinato de una conocida dirigenta ocurrido el 17 de octubre pasado en Chonchi.

Esta vez el organismo persecutor amplió la figura delictiva por la cual es indagado el joven originario de Puqueldón, siendo reencausado por los delitos de violación con homicidio y hurto reiterado.

La institución persecutora arribó a esta conclusión a partir de las diligencias encargadas a la Brigada de Homicidios (BH) de Puerto Montt, luego que el menor fuera capturado en esa ciudad y formalizado finalmente el 23 de octubre en la capital chilota, vale decir, una semana después de ocurridos los hechos en el domicilio de Jacqueline Carmen Oliva Carillo (51), en la calle Sargento Candelaria de la 'Ciudad de los Tres Pisos'.

Con estos nuevos antecedentes la Fiscalía Local, representada por el abogado Luis Barría, reformalizó la indagatoria en una audiencia realizada la mañana de ayer ante la presencia del imputado, quien se encuentra privado de libertad en el Centro de Internación Provisoria de Puerto Montt.

"Se solicitó una audiencia para ampliar los hechos de la formalización ante las nuevas evidencias que se remitieron por parte de la Brigada de Homicidios y se ampliaron los hechos", resaltó el abogado.

El fiscal Barría subrayó que desde la audiencia de control de detención el Ministerio Público ha solicitado la aplicación de un examen siquiátrico al imputado, lo que debería concretarse en un centro siquiátrico de Santiago.

Con respecto a estos peritajes el jurista argumentó que "se solicitó ya dicha diligencia, falta que nos fijen la fecha y ya con esa diligencia estaríamos con la investigación acabada".

Para el defensor penal público del acusado, Nelson Troncoso, resulta fundamental en lo que resta del período de la indagación acceder al informe siquiátrico de su cliente, para ser expuesto como medio de prueba durante el eventual juicio al que se sometería el estudiante secundario lemuyano que era pensionista de la víctima fatal.

"Esto va a estar agendado para marzo, nosotros como defensa vamos a apurar que esta diligencia se haga cuanto antes, aun cuando hay plazo de investigación vigente que es de un plazo de seis meses que se estableció originalmente", apuntó el abogado del menor.

Troncoso sumó que "este peritaje es fundamental para la hipótesis o estrategia de defensa que es, en definitiva, que este chico tiene algún grado de inimputabilidad que haga disminuir su responsabilidad penal".

A su vez, el profesional confirmó que ha solicitado que sea revisada la medida cautelar de internación provisoria por una menos gravosa, a fin de permitirle a su defendido esperar en régimen libre el posible juicio en su contra.

HECHOS

Jacqueline Oliva Carrillo fue hallada sin vida la tarde del 17 de octubre en su propio domicilio, en pleno centro de Chonchi urbano, tras sido salvajemente atacada por su agresor, cuya identidad y paradero hasta ese instante eran un misterio para los servicios policiales.

El deceso de la mujer caló profundo en la comunidad local que no daba crédito al fatal desenlace que tuvo la conocida líder social y madre de familia que se vino de Lirquén, Región del Bío Bío, a buscar futuro en Chiloé, primero en Puqueldón y después en Chonchi.

Los exámenes tanatológicos establecieron que la vecina fue ultimada con un arma blanca, recibiendo un total de 14 estocadas tanto a la altura de su rostro, cuerpo y extremidades, junto con ser estrangulada para perecer asfixiada.

Asimismo, la mujer evidenciaba otro tipo de lesiones asociadas a la golpiza: diversos traumatismos que confirmaron que fue sometida y asesinada con total alevosía.

Con el correr de las horas de conocerse el deceso, los antecedentes recogidos apuntaban como responsable del hecho a uno de los jóvenes estudiantes que residía en el inmueble de la malograda dirigenta.

Tras su detención, días después del asesinato, en la audiencia de formalización la Fiscalía lo formalizó inicialmente por el delito de homicidio calificado, bajo la circunstancia de alevosía y ensañamiento, aplicándosele la cautelar de internación provisoria en el continente.

Desde la Defensoría Penal Pública se aseveró que el acusado es investigado al amparo de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, por cuyo caso la indagatoria debe zanjarse en un plazo no superior a los 180 días.

La misma figura legal fija como sanción máxima una pena de 10 años de presidio por un delito de sangre.

Esta institución esperará ahora la realización del informe siquiátrico al que se someterá el imputado, sin perjuicio de que pueda optar a otras cautelares.

"Este peritaje (informe siquiátrico al adolescente) es fundamental".

Nelson Troncoso,, defensor."