Pedro Bárcena González

Al carecer de relevancia jurídica los informes presentados por su defensa para modificar el actual escenario cautelar que pesa en su contra, un adolescente sindicado como el responsable del horrible asesinato de una dirigenta social de Chonchi se mantendrá privado de libertad.

Así quedó establecido durante la mañana de ayer en audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Castro, donde el abogado Luis Mora buscó modificar la medida de internación provisoria que pesa sobre el estudiante de 16 años de iniciales B.A.C.C., desde el 24 de octubre pasado, cuando fue encausado por la muerte de Jacqueline Oliva Carrillo (51), registrada el martes 17 de ese mes.

El menor está siendo indagado -tras ser reformalizado a comienzos de ese mes- por los delitos de violación con homicidio y hurto reiterado. Justamente, la gravosidad del primer ilícito fue uno de los elementos considerados para no cambiar la precautoria.

Argumentos

El defensor penal público presentó ante la sala presidida por la magistrada Jesica Yáñez una serie de antecedentes provenientes de informes sociales y sicológicos. Los datos se enfocaban en presuntas incapacidades mentales que afectarían al imputado, como también en el arraigo que podría sustentar un eventual arresto domiciliario total.

El profesional recalcó que "en todos los informes se da cuenta que (el liceano) tiene una discapacidad mental leve, lo cual tiene mayor relevancia al ser un adolescente". Es más, puntualizó con respecto a una pesquisa sicológica encargada por la propia defensa -del 23 de noviembre pasado- que "habría sufrido episodios de alucinación", aclaró.

Estos antecedentes fueron calificados por el jurista como "coherentes", los que se sumarían a su irreprochable conducta anterior para justificar su solicitud ante la sentenciadora.

"El joven no está exento de responsabilidad penal, si hay evidencia de su incapacidad e inmadurez mental, lo que sumado a que nunca antes tuvo un problema delictivo y a su arraigo social y familiar, puede justificar la modificación de la cautelar por el arresto domiciliario total", explicó la fuente.

Esta petición recibió el inmediato rechazo de los acusadores en sala. Como señaló el fiscal de la causa, Luis Barría, para invocar un cambio de la internación provisoria deben entregarse antecedentes nuevos que varíen las circunstancias que marcaron la imposición de esta medida. Ello, a su juicio no se ofreció.

Incluso, el persecutor enfatizó que "se presentó un informe conocido, como el realizado por su colegio, que da cuenta sólo de una discapacidad intelectual leve; mientras que otro encargado por la misma defensa, los cuales no alteran la necesidad de cautela al considerarse su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y el riesgo de fuga".

Sernameg

Por su parte, el abogado Marcelo Urra del Servicio de la Mujer y Equidad de Género, que actúa como querellante en representación de la hija de la víctima, manifestó que los datos entregados por la defensa sólo podrían "atenuar" responsabilidad en el menor, pero nunca eximir de la misma.

Además, el profesional detalló que el imputado "se dio a la fuga -fue capturado por la Brigada de Homicidios en Puerto Montt cinco días después del crimen- y con otra cautelar diferente a la impuesta podría hacerlo de nuevo".

Bajo este contexto, la jueza Jesica Yáñez determinó que los informes presentados por la defensa "no logran desvirtuar el peligro para la sociedad y fuga", por lo que no existen otras medidas que no sean la internación provisoria para asegurar la protección social y la comparecencia del imputado a las futuras actuaciones de la causa.