Tribunales dictan sentencias contra municipio por despidos de funcionarios
El caso más bullado fue el de la exjefa de Obras Municipales de Castro.
Dos fallos en diferentes instancias judiciales se desprendieron durante los últimos días desde el Juzgado de Letras y del Trabajo de Castro y Corte Suprema de Santiago en contra de la municipalidad castreña.
Las resoluciones se sustentan a través de demandas laborales emprendidas durante el 2017 por dos exfuncionarios municipales, quienes invocaron la existencia de persecución política y vulneración de derechos fundamentales en sus respectivos despidos.
Uno de los casos corresponde al de la exdirectora de obras municipales, María Luisa Cifuentes, quien en mayo del año pasado fue destituida por el edil de la UDI, Juan Eduardo Vera, atendiendo al resultado de un sumario administrativo iniciado en 2012 sustentado en la eventual existencia de irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción del mall Paseo Chiloé.
A partir de esta determinación la constructora civil emprendió acciones legales en contra del consistorio castreño, las cuales redundaron en una sentencia en primera instancia dictada el 27 de febrero. La demanda laboral invocaba el pago de una suma del orden de los $400 millones para la exfuncionaria, obteniendo una cifra inferior.
Juan Pablo Sottolichio, abogado patrocinante, dijo que este requerimiento buscaba el reconocimiento frente a la existencia de vulneración de derechos respecto de su cliente, dada la forma en que el municipio procedió a su despido.
"El tribunal reconoce que la destitución de la directora de obras y su desvinculación desde el municipio se verificó con vulneración de derechos laborales", apuntó el profesional, enfatizando que "al momento de ser despedida, destituida, no se respetaron ciertos principios básicos en el respeto a su honra e integridad personal".
Sottolichio señaló que "pedimos que se indemnizaran otros parámetros, entendemos que además de la vulneración de derechos se le provocó a ella un daño moral y ese daño todavía no ha sido cuantificado".
Consistorio
Bajo este contexto, el asesor jurídico del municipio, Marcos Velásquez, reaccionó con satisfacción al resultado de fondo obtenido tras esta sentencia en primera instancia, en la cual la exdirectora de obras solo percibirá una indemnización equivalente a 10 sueldos mensuales.
"Estamos satisfechos porque lo más importante a objeto del juicio no fue cuestionado por el tribunal de Castro", sostuvo el jurista.
"La municipalidad actuó dentro de sus facultades y obligaciones al dictar el decreto final que puso término al sumario instruido por Contraloría y que sancionó con la destitución a la directora de obras por su responsabilidad administrativa", precisó Velásquez.
SUPREMA
El otro caso vinculado a la vulneración de derechos lo confirmó la Corte Suprema al ratificar las condenas de la Corte de Apelaciones y Juzgado de Letras de Castro a favor del periodista Pablo Giordano. El exfuncionario fue desvinculado en marzo de 2017, luego de prestar servicios comunicacionales en el programa Quiero mi Barrio. Según el abogado Ignacio Alvarez, "ha quedado firme la vulneración de derechos fundamentales", de la que fue víctima su representado. El jurista añadió que "la municipalidad no solo tendrá que pagarle una suma superior a los 11 millones de pesos, sino que además tiene graves sanciones tributarias y administrativas, como la pérdida de devolución de mano de obra y la imposibilidad de contratar con el Estado por dos años".
"A la directora al momento de ser despedida no se le respetaron ciertos principios básicos".
Juan Pablo Sottolichio,, abogado demandante."