Conociendo en terreno la realidad de los 120 internos existentes en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Castro, tanto el gobernador de Chiloé, Fernando Bórquez, como el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Alex Meeder, visitaron las instalaciones de calle Monjitas.

El primero en llegar al recinto fue el representante del Ejecutivo en la provincia, quien junto al jefe (s) de unidad, subteniente Miguel Castro, recorrió la escuela, talleres, guardia interna, línea de fuego, garitas y área administrativa.

Posteriormente, el seremi en compañía del director regional de Gendarmería, coronel José Provoste, inspeccionó las dependencias y tomó contacto con los mismos reclusos.

Como recalcó la autoridad, en el CDP no se dan las condiciones de hacinamiento de otras unidades del país, pero sí reconoce que existe sobrepoblación. "Nos han informado que antes incluso llegaron a tener unos 180 internos, una situación que ahora está controlada", dijo.

El personero recalcó que "me llevo una buena impresión del penal desde su plano operativo. Existe recurso humano y espacios para visitas y talleres". Además, destacó la implementación de la biblioteca y que pese a no existir mucho espacio, se seguirán buscando iniciativas para mejorar la infraestructura y la maquinaria existente.

Por su parte, el coronel Provoste explicó que "tanto el gobernador como el seremi querían conocer la realidad del CDP de Castro y se llevaron una visión global de lo que se realiza en materia de reinserción social como de los aspectos de seguridad e infraestructura. Hay varios temas en los que ellos quedaron interesados y que iremos trabajando en el futuro".

Con el objeto de coordinar el trabajo en la investigación de delitos asociados a la sustracción de recursos hidrobiológicos, la Fiscalía Regional convocó a una reunión con sus organismos asociados: Armada, las policías, Sernapesca y el SII.

Uno de los hechos remarcados fue que después de un máximo de denuncias alcanzado en 2016, estas bajan en 2017, llegando incluso a que en los dos primeros meses de este año no se registraran otras denuncias.

El fiscal Jaime Aguayo, coordinador regional para este tipo de ilícitos, explicó que "cada vez que se verifica la presencia de lanchas en áreas de manejo se activa un protocolo y eso ha logrado resultados potentes que aumentaron el número de detenidos, de controles y también de incautaciones".

Pedro Bárcena González

Temiendo que las máximas penas por los delitos que fueron acusados recayeran sobre ambos, dos delincuentes con abultado prontuario reconocieron su participación en los hechos, posibilitando la colaboración sustancial un procedimiento abreviado realizado en Castro que los ayudó a evitar los casi 30 años de cárcel que arriesgaban en conjunto.

Así quedó establecido y a firme en los últimos días, con la resolución ejecutoriada de la magistrada Alejandra Varas, quien condenó a los dos jóvenes por seis delitos diferentes por una misma secuencia de hechos, registrada el 20 de septiembre del 2017 en la Ruta W-55, a la altura del cruce Rilán.

En la ocasión, efectivos de Carabineros controlaron a los ocupantes de un vehículo que realizó una maniobra de adelantamiento, percatándose que el conductor identificado como Manuel Beltrán Márquez manejaba con una licencia de otra persona.

Al interior del maletero, los uniformados hallaron gorros pasamontañas, esposas de seguridad y hasta una baliza, como también municiones. Además, se percataron que la máquina tenía un encargo por robo desde la comuna de Ñuñoa.

Desde ese instante se desarrolló una indagatoria por parte de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Castro, con el respaldo científico del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros de Puerto Montt, que llevó al Ministerio Público a formular la acusación respectiva.

Contra el chofer se levantaron cargos por conducción a sabiendas de un vehículo con licencia perteneciente a otra persona, por manejar un móvil con placa patente de otro vehículo, por porte de elementos conocidamente para cometer robos, por porte de munición y por receptación del auto. Mientras que su acompañante, Set Hernández Araya, también fue imputado por estos tres últimos delitos.

El fiscal Luis Barría al término de las pesquisas y tras cerrar la indagatoria invocó penas contra el primero de los sujetos que sumaron más de 19 años y medio de presidio. Por el otro joven, la pretensión llegó a casi una década de reclusión.

Procedimiento

Bajo este escenario, al momento de realizarse la preparación del juicio oral, los encartados decidieron reconocer los antecedentes de la acusación y someterse a un procedimiento abreviado.

El fiscal asistente, Fabián Fernández, quien sustanció esta audiencia, enfatizó que "se calificó la colaboración de los imputados para llegar a este término". Una decisión que implicó una fuerte rebaja en la condena efectiva y sin beneficios que en definitiva dictó la sentenciadora.

De acuerdo a lo señalado por el defensor Nelson Troncoso, quien representó a los imputados, el conductor del móvil fue sentenciado a un total de 611 días por cuatro de los cinco delitos que se le asociaron, no perseverando el persecutor por el porte de municiones.

Por su parte, el acompañante fue condenado a 602 días por dos de los hechos delictivos por los cuales fue acusado, siendo desligado de responsabilidad por la receptación.

"Quedó ejecutoriada en el acto la sentencia, existiendo plena conformidad de parte de mis representados por las altísimas penas que arriesgaban", enfatizó el abogado.