Pedro Bárcena González

La exposición del acusado y el análisis de los antecedentes entregados por testigos marcaron el inicio del juicio en que se debate la responsabilidad de un electricista en el delito de daño en monumentos nacionales. Una causa que se abrió tras el hallazgo de restos óseos de carácter histórico en pleno centro de Castro.

La audiencia que comenzó ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de la capital chilota además espera la incorporación de medio centenar de prueba documental, la cual será crucial para determinar o desvirtuar la autoría del imputado. Se le acusa de intervenir el sitio arqueológico mientras tenía a cargo la ejecución del proyecto de normalización de semáforos, entre noviembre del 2015 y el 9 de junio del 2016.

Acusación

El fiscal Luis Barría invocó una pena de 3 años y un día de presidio contra el contratista de iniciales C.M.G.A. (46), recalcando que este decidió continuar con las faenas que dirigía en la intersección de las calles Esmeralda y Chacabuco después que se encontraran las osamentas.

"Por un simple capricho", como acotó el persecutor en sus alegatos, el acusado buscó terminar las obras, pese a que se le habría informado la paralización de las mismas. "De manera unilateral continuó con la excavación para presentar el trabajo, diciendo que no había alteración del lugar", añadió.

Como especificó el representante del Ministerio Público, los arqueólogos que posteriormente estudiaron el sitio determinaron que los restos estaban diseminados y hasta con daños, lo cual motivó el inicio de la persecución penal.

En tanto, el defensor Luis Mora, junto con detallar por medio de los informes de expertos que los restos óseos podrían corresponder a parte de un cementerio que existía en el lugar junto a una iglesia mercedaria -del tiempo de la Colonia-, resaltó que en ese mismo punto de establecieron otros asentamientos.

Este dinamismo, como explicó el abogado, se dio por siglos y en la actualidad quedó marcado por movimiento, incluso después de los hallazgos.

"Se construyeron viviendas, hasta una librería que queda junto a este sector nunca cerró sus puertas. Además, ya habían semáforos en la zona, lo que demuestra que ya se había trabajado en el lugar", acotó la fuente.

Asimismo, el jurista manifestó que existirían informes que dan cuenta que no se protegió el lugar y que existiría alteración producto de la presencia de perros. Una serie de antecedentes que fundamenta su solicitud de absolución.

Y también fue enfático al señalar que "mi representado sólo recibió instrucciones de la empresa mandante de hacer un bypass al punto del hallazgo y continuar con las faenas para que funcionen los semáforos. No intervino el sitio con las osamentas, por lo cual no existe dolo".

Declaración

Esta postura fue sostenida por el acusado en estrado, quien relató que a una profundidad de unos 50 a 60 centímetros se encontraron los huesos y que posteriormente se denunció el hecho a Carabineros paralizando las obras.

Agregó el electricista que "se realizó un cierre provisorio de forma rústica" a la espera de los arqueólogos y que tras los respectivos informes "se volvieron a pedir los permisos para retomar los trabajos, los cuales se entregaron, y luego fue recepcionada la obra con todas las autorizaciones y se activa el servicio".

El imputado insistió que con la modificación del plan inicial se instalaron cámaras periféricas y que no se volvió a tocar el sitio del hallazgo. Una situación que está siendo evaluada por la sala presidida por la magistrada Angélica Monsalve que hoy sigue recibiendo la prueba por este juicio.

$9 millones y medio invoca como multa el fiscal contra el acusado.

1.096 días de presidio pidió el persecutor como pena principal dentro de su acusación.