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Artesana queda presa por tráfico y cultivo de cannabis

OS-7 decomisó 1,8 kilos de marihuana elaborada y 13 plantas en un operativo realizado en Huillinco, Chonchi.
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Pedro Bárcena González

Revelando la falta de rigurosidad en que incurren quienes cultivan Cannabis sativa para fines terapéuticos, medicinales y hasta cosméticos, como también la severidad en que actúan las policías y la justicia en materia de drogas, ayer quedó en prisión preventiva una artesana detenida en Chonchi, quien asegura que buscaba emplear las plantas para la confección que cremas y aceites.

En un operativo gestado por personal del OS-7 de Carabineros de Puerto Montt se logró las incautación de 1,8 kilos de marihuana elaborada y 13 plantas en proceso de crecimiento y secado, al interior del domicilio de la imputada de 46 años, ubicado en la localidad de Huillinco.

Una denuncia anónima alertó sobre la existencia de esta plantación, lo que motivó al equipo policial especializado formalizar una denuncia ante el Ministerio Público para canalizar las pesquisas, las cuales se extendieron por espacio de unas tres semanas.

Con los antecedentes reunidos, como explicó el jefe de esta unidad, capitán Luis Morales, los funcionarios se trasladaron hasta el kilómetro 9 de la Ruta W-80 para concretar el procedimiento.

"Se concurre con la orden de indagar y en coordinación con el Ministerio Público. (La dueña de casa) Autoriza la entrada voluntaria al domicilio y se encuentran las especies vegetales ilegales", acotó el oficial.

En el segundo piso del inmueble se encontraron 844 gramos de la hierba y una planta, en la cocina se hallaron otros 129 gramos de marihuana, mientras que en un dormitorio y en dos envases separados se ubicaron 323 y 504 gramos, respectivamente. Además, otras 12 plantas se detectaron en un invernadero.

Dosis

El jefe policial recalcó que en el dispositivo que "permitió sacar de circulación unas 3 mil 500 dosis de la sustancia" no se hallaron elementos de dosificación, como balanzas o bolsas. Un antecedente que está siendo analizado dentro de las aristas investigativas.

"Se está llevando una línea de investigación para determinar el destino de esta droga, aunque se descarta que sea para el consumo personal próximo en el tiempo, debido a su gran cantidad", aseveró la fuente.

Con el peso de esta evidencia, la imputada fue detenida y puesta a disposición durante el mediodía de ayer ante el Juzgado de Garantía de Castro.

En la audiencia la magistrada Jesica Yáñez acreditó la legalidad de la aprehensión, pese a la oposición de la defensora Fernanda Molina, quien recalcó que una denuncia anónima no es un indicio suficiente para iniciar una indagatoria.

La abogada resaltó que no existen registros sobre esta notificación, "además personal del OS-7 ingresa al domicilio sin orden judicial no advirtiendo a mi representada sobre sus derechos, como guardar silencio o no dejarlos entrar", acotó.

Tras desecharse los postulados de la defensa, el fiscal asistente Max Ubilla, formalizó a la artesana por dos delitos relacionados a la Ley de Drogas. La encausó por tráfico en su modalidad de porte y guarda, como también por siembra, cultivo y cosecha de especies vegetales del género Cannabis.

Asimismo, el persecutor solicitó la prisión preventiva, explicando que existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos, como la participación de la mujer. Agregó que "su libertad puede entorpecer el éxito de las diligencias investigativas".

Otros puntos que adujo el jurista para sustentar la cautelar fue la alta cantidad de marihuana decomisada, el número de ilícitos, el carácter de ambos y la gravedad de sus penas asociadas, las cuales podrían alcanzar el rango de crimen (superiores a 5 años y un día de cárcel).

"desproporcionado"

Molina también se opuso a esta medida, la cual calificó como "desproporcionada", resaltando que no existen datos ni evidencia para acreditar la existencia del tráfico. "No hay pesas, ni elementos para dosificar, tampoco dinero. Solo existen suposiciones sobre este delito, esbozando como argumento la cantidad incautada", sostuvo en sus alegatos.

Es más, la profesional señaló que la Fiscalía "intenta agrandar la realidad, cuando lo único que existe es un cultivo". A ello, sumó el concurso de la irreprochable conducta anterior y hasta una colaboración de parte de la mujer, por lo cual una eventual pena podría bajar al margen de los 61 días de presidio, lo que pueden llevar a un requerimiento simple o una suspensión condicional del procedimiento.

Bajo este escenario y reiterando que la prisión preventiva "sería una pena anticipada", la fuente invocó la firma mensual. Una precautoria que fue desechada por la sentenciadora.

La jueza estableció que el hallazgo de la sustancia ilegal ya sustenta la hipótesis de porte o guarda dentro del tráfico, ante lo cual se configurarían en esta etapa de la indagatoria los dos ilícitos, cuya naturaleza y gravedad sancionatoria justifican esta cautelar.

"Se estima que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", resolvió la magistrada, ordenando el traslado de la encartada al Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt y decretando un plazo de 90 días para el desarrollo de las diligencias.

Sag no ha recibido solicitudes en la región

Tal como indicó la imputada, como su familia, la marihuana incautada tenía como destino la preparación de cremas, aceites u otras sustancias para fines terapéuticos. Sin embargo, como aclaró la propia defensora Fernanda Molina, no contaba con la autorización respectiva. Y este punto es el clave. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el único organismo que puede visar un cultivo de cannabis para fines científicos o de estudio, mientras que el Instituto de Salud Pública se encarga de autorizar estas prácticas para uso medicinal. Como aclaró el jefe de la oficina de Castro del SAG, Miguel López, en la jurisdicción no existen permisos solicitados ni entregados para estas actividades, enfatizando que "la autorización se tramita a nivel regional", donde tampoco existen peticiones al respecto.