A las cuatro de la tarde de Roma, comenzó ayer en El Vaticano el primer encuentro entre el Papa Francisco y los 31 obispos activos de la Conferencia Episcopal Chilena y los tres obispos eméritos, entre ellos el cardenal Francisco Javier Errázuriz. En la cita se esperaba que se dieran a conocer los resultados del informe elaborado por el arzobispo de Malta, Charles J. Scicluna, sobre el caso del obispo de Osorno, Juan Barros.

Barros es acusado extrajudicialmente de encubrir al expárroco de El Bosque Fernando Karadima, condenado por abusos por el Vaticano, en 2011.

Según informó la oficina de prensa vaticana, "el Papa ha entregado a cada uno de los obispos el texto con los temas de meditación; desde este momento y hasta la próxima reunión, se abre un tiempo dedicado exclusivamente a meditar y orar".

Para hoy se espera el segundo encuentro de los obispos chilenos con Jorge Bergoglio.

En paralelo, la agencia AP dio a conocer una carta del 10 de mayo atribuida al cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz, donde este descartó haber encubierto el caso Karadima.

El exdefensor de la Selección Chilena en Francia '98, Javier Margas, quedó ayer con firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y al lugar que habría usurpado, luego de ser formalizado en Viña del Mar por los delitos de usurpación violenta, destrucción de límites y destrucción de inmuebles.

El fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz, detalló que "el 2 de marzo de 2017, (Margas) habría ingresado sin autorización a los terrenos del empresario Samer Margieh, causando cuantiosos daños".

Incluso, habría ingresado con una retroexcavador y un camión a la zona ubicada a un costado de una de las cadenas de moteles del exseleccionado.

El defensor Rodrigo Álvarez no se opuso a las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía.

La compra de un televisor de 84 pulgadas por $8,8 millones para el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, causó ayer críticas en medio del plan de austeridad anunciado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hace algunas semanas.

La orden de compra fue enviada el 12 de marzo de este año, por un televisor LG 4k.

El diputado Javier Macaya, jefe de bancada de la UDI, sostuvo que "el Presidente (Sebastián Piñera) prácticamente todos los días tiene una videoconferencia. Cuando está en Cerro Castillo, esas reuniones no son presenciales, hay equipos bastante más costosos".

Mientras, el diputado Jorge Brito (RD), mencionó que "vemos cómo el plan de austeridad no alcanza para algunos".

Michael Seguel P. - Medios Regionales

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dijo ayer que se dispuso de un plazo de 20 días para mejorar la base de datos del Registro de Inhabilidad del Registro Civil. Esto, tras una serie de reclamos por parte de parlamentarios del oficialismo dando cuenta de que, hasta abril, 132 personas no habrían sido ingresadas al sistema.

Esta base pública fue creada en 2012 y contiene la lista de quiénes han recibido condenas por delitos sexuales contra menores y que, por lo tanto, están inhabilitadas para trabajar con niños.

"Esperamos con este anuncio agilizar el trabajo entre los tribunales y el Registro Civil para mejorar el funcionamiento de este sistema y el traspaso de información", dijo Brito.

Añadió que se ordenó la creación de un equipo de funcionarios del Poder Judicial y el Registro Civil para que "se revise la información disponible y se analice cómo opera el sistema para solucionar los problemas".

El ministro del máximo tribunal del país realizó el anuncio tras reunirse con los diputados de Renovación Nacional Marcela Sabat y José Miguel Castro.

Tras la cita, Sabat, quien es integrante de la Comisión Presidencial de Infancia, consignó que "el Poder Judicial debe tener actualizado este registro y más coordinado su trabajo en información con el Registro Civil".

De acuerdo a este último organismo, son cerca de seis mil las personas que se encuentran en este padrón.

Inhabilitados

De acuerdo al Código Penal, una persona podrá ser inhabilitada temporal o permanentemente para trabajar con menores.

En el primer caso, los condenados no podrán trabajar con menores "antes de transcurrido el tiempo de la condena de inhabilitación, contado desde que se hubiere dado cumplimiento a la pena principal, obtenido libertad condicional en la misma".

"(Se revisará) La información disponible y se analizará cómo opera el sistema para solucionar los problemas".

Haroldo Brito, presidente, de la Corte Suprema."

132 condenados por delitos contra menores no habían ingresado al registro hasta abril.