Interpretaciones encontradas halló el fallo de la Corte Suprema tras acoger el recurso de protección del mundo pesquero y declarar ilegal la forma en que se procedió al vertimiento de salmones en el mar, en 2016.

Una de las voces más críticas es la del director nacional de Greenpeace, Matías Asun, quien avaló los términos en que el documento jurídico dejó al descubierto el proceder de las instituciones estatales.

"El máximo tribunal del país ha dejado en claro quiénes mintieron y actuaron de manera negligente. Esperamos una respuesta satisfactoria a este fallo por parte de los entes aludidos y especialmente de la industria salmonera. Este fallo los deja en un muy mal pie", señaló el ambientalista que siempre ha cuestionado el vertido.

Desde la otra vereda el presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), Arturo Clément, ratificó que en su momento las salmoneras, tras canalizar los permisos, recibieron las autorizaciones para vaciar la carga de mortandad.

"Las empresas pidieron las autorizaciones a todos los organismos públicos que correspondían, por lo tanto esas autorizaciones se otorgaron y por eso se realizó el vertimiento", apuntó el empresario.

El fallo en su contenido obliga a las instituciones públicas recurridas a que en un plazo de dos meses deben realizar "medidas que propendan a impedir la repetición de lo ocurrido", lo que incluye continuar con investigaciones científicas y administrativas de rigor.