Una inversión de 232 millones de pesos representa la puesta en marcha del nuevo alumbrado público de Queilen y que considera el cambio del sistema de iluminación a la tecnología led.

Se trata de un proyecto que fue financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y contempla el cambio de las antiguas luminarias de vapor de sodio por diodo emisor de luz, lo que se traducirá en un ahorro anual de 15 millones de pesos en los costos de operación.

"La idea nuestra es incorporar la tecnología led y mejorar además las condiciones técnicas, ahorrando los costos de mantención, operación y consumo del sistema", indicó Fernando Sánchez, director de la Dirección de Planificación Comunal.

A su vez, el alcalde Marcos Vargas (DC) sostuvo que "las nuevas luminarias led cambiarán la cara de nuestra ciudad, de las zonas rurales y también de las islas, entregando una luminosidad de mejor calidad y, a la vez, otorgando un mayor grado de seguridad a nuestras vecinas y vecinos".

Las nuevas luminarias led beneficiarán a más de 3 mil personas solamente en el radio urbano. El año pasado el municipio postuló el proyecto a la Subdere.

Resolver dudas y trámites de los vecinos de la comuna de Chonchi permitió la jornada del programa "Gobierno en terreno, más cerca de ti" que se realizó en el Teatro Municipal de esa comuna y reunió a distintos servicios públicos, así como oficinas municipales.

Cintia Velásquez, habitante del sector de Pindaco, fue una de las personas que participó del programa, indicando que "es bueno este tipo de actividades, porque nos evita viajar a Castro, tener que hacer filas y esperar. Bajé desde el campo para poder aclarar las dudas que tenía, es necesario que los servicios se acerquen a la gente, porque a veces a las personas les cuesta llegar a las oficinas".

Por su parte, el gobernador provincial Fernando Bórquez mencionó que "el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se caracteriza por estar en terreno con la gente, es por lo mismo que este programa llegará a las diez comunas de la provincia, con la atención de servicios públicos resolviendo las inquietudes y dudas que mantiene la población insular".

Carolina Larenas Faúndez

Los problemas que enfrenta la Municipalidad y la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Castro por los juicios que exfuncionarios han emprendido en contra de estas entidades preocupa a los miembros del concejo.

Incluso, un grupo de ellos realizó en las últimas semanas una consulta a la Controlaría sobre cómo esta situación podría afectar el futuro de ambos organismos ante la posibilidad de retenciones y no poder establecer convenios con el Estado.

Uno de los críticos de esta tema es el concejal, Julio Álvarez (PS), quien aseguró que es necesario un cambio de rumbo para intentar mejorar esta situación.

-¿En qué terminó la consulta que presentaron en Contraloría?

-Por lo que tengo entendido, porque a mí no me ha llegado ninguna notificación pero sí a otros colegas, es que lo que el contralor dijo fue que estando esa materia sometida a conocimiento de los tribunales de justicia, no le corresponde al contralor pronunciarse por ahora. Es decir, hay que esperar el término definitivo de los juicios que fueron denunciados por nosotros que fue la generalidad de las causas por vulneración de derechos fundamentales.

-¿Cómo, desde su rol de concejal, se analiza la situación del municipio a raíz de una serie de demandas que le pueden representar una merma patrimonial?

-Lo veo muy grave, no solamente por la merma patrimonial del municipio y la corporación, sino que estamos hablando de entidades públicas, en este caso el municipio y la corporación que si bien es de derecho privado, se financia con fondos públicos y es grave por varias cosas. La primera es que se trata de trabajadores que han sido despedidos de manera ilegal, contraria a la ley y contraria a la Constitución; segunda, porque han habido muchas condenas por despido injustificado que significan pago y también vulneración de derechos fundamentales, lo que significa que se han violentado severamente las garantías establecidas en favor de los derechos de los trabajadores y que puede tener varias consecuencias. Esto, además de la plata que ya ha gastado la municipalidad y la corporación significa que hay retenciones del Decreto Ley 889 y además la prohibición de establecer convenios con el Estado.

-¿Eso podría afectar al municipio y la corporación en el corto plazo?

-A ambos en el corto plazo porque hay varios juicios de estos que están ejecutoriados, incluso la municipalidad y corporación han recurrido a la Corte de Apelaciones, se ha llegado incluso a la Corte Suprema que ha confirmado estos fallos; por ejemplo, los juicios del señor Severino y del señor Giordano, vulneración de derechos fundamentales y, en cuanto a la corporación, hay dos juicios de dos profesoras que se han declarado como vulneración de derechos fundamentales. En el caso de la corporación son más de 200 millones de pesos por cada juicio y en el caso de la municipalidad se calcula que deben ser cerca de 50 a 60 millones por cada juicio y, aunque no tenemos el número específico, son muchos porque fueron 37 los despedidos y hasta donde sabemos ha habido 34 a 35 juicios, y de estos la mayor parte han sido a favor de los trabajadores.

-¿De quién es la responsabilidad de todo esto?

-Exclusivamente del alcalde, porque la decisión la toma el alcalde, quien contrata y quien despide en la municipalidad y la corporación es el alcalde; por lo tanto, las decisiones que han tomado ha sido malas.

"Responsabilidad es exclusivamente del alcalde".

Julio Álvarez,, concejal del PS."