Carolina Larenas Faúndez
Los problemas que enfrenta la Municipalidad y la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Castro por los juicios que exfuncionarios han emprendido en contra de estas entidades preocupa a los miembros del concejo.
Incluso, un grupo de ellos realizó en las últimas semanas una consulta a la Controlaría sobre cómo esta situación podría afectar el futuro de ambos organismos ante la posibilidad de retenciones y no poder establecer convenios con el Estado.
Uno de los críticos de esta tema es el concejal, Julio Álvarez (PS), quien aseguró que es necesario un cambio de rumbo para intentar mejorar esta situación.
-¿En qué terminó la consulta que presentaron en Contraloría?
-Por lo que tengo entendido, porque a mí no me ha llegado ninguna notificación pero sí a otros colegas, es que lo que el contralor dijo fue que estando esa materia sometida a conocimiento de los tribunales de justicia, no le corresponde al contralor pronunciarse por ahora. Es decir, hay que esperar el término definitivo de los juicios que fueron denunciados por nosotros que fue la generalidad de las causas por vulneración de derechos fundamentales.
-¿Cómo, desde su rol de concejal, se analiza la situación del municipio a raíz de una serie de demandas que le pueden representar una merma patrimonial?
-Lo veo muy grave, no solamente por la merma patrimonial del municipio y la corporación, sino que estamos hablando de entidades públicas, en este caso el municipio y la corporación que si bien es de derecho privado, se financia con fondos públicos y es grave por varias cosas. La primera es que se trata de trabajadores que han sido despedidos de manera ilegal, contraria a la ley y contraria a la Constitución; segunda, porque han habido muchas condenas por despido injustificado que significan pago y también vulneración de derechos fundamentales, lo que significa que se han violentado severamente las garantías establecidas en favor de los derechos de los trabajadores y que puede tener varias consecuencias. Esto, además de la plata que ya ha gastado la municipalidad y la corporación significa que hay retenciones del Decreto Ley 889 y además la prohibición de establecer convenios con el Estado.
-¿Eso podría afectar al municipio y la corporación en el corto plazo?
-A ambos en el corto plazo porque hay varios juicios de estos que están ejecutoriados, incluso la municipalidad y corporación han recurrido a la Corte de Apelaciones, se ha llegado incluso a la Corte Suprema que ha confirmado estos fallos; por ejemplo, los juicios del señor Severino y del señor Giordano, vulneración de derechos fundamentales y, en cuanto a la corporación, hay dos juicios de dos profesoras que se han declarado como vulneración de derechos fundamentales. En el caso de la corporación son más de 200 millones de pesos por cada juicio y en el caso de la municipalidad se calcula que deben ser cerca de 50 a 60 millones por cada juicio y, aunque no tenemos el número específico, son muchos porque fueron 37 los despedidos y hasta donde sabemos ha habido 34 a 35 juicios, y de estos la mayor parte han sido a favor de los trabajadores.
-¿De quién es la responsabilidad de todo esto?
-Exclusivamente del alcalde, porque la decisión la toma el alcalde, quien contrata y quien despide en la municipalidad y la corporación es el alcalde; por lo tanto, las decisiones que han tomado ha sido malas.
Cambio de rumbo
-¿Hay alguna forma de mejorar esta situación?
-Creo que en el tema de los juicios ya no hay solución porque están judicializados. En cuanto al municipio creo que lo que se necesita es un cambio profundo para que esta cosa marche bien, yo tengo una opinión distintas desde el punto de vista político, todos remamos para el mismo lado y nos interesa que a la municipalidad le vaya bien y para eso falta un cambio de rumbo. Creo que falta capacidad de gestión y un equipo técnico mejor preparado.
"Responsabilidad es exclusivamente del alcalde".
Julio Álvarez,, concejal del PS."