Demandas por $425 millones complican a la Corpocas
Monto se obtiene en base a las sentencias ya ejecutoriadas y pagadas por las Corporación Municipal de Castro, como también en las resoluciones de primera instancia que han sido recurridas. Intervinientes analizan complejo escenario.
Las arcas municipales tiemblan. Y el sismo no solo se siente en el norte de la Isla, donde incluso han debido "vender" edificios para obtener liquidez, ya que en la capital chilota se está viviendo un complejo escenario, en especial con la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y Atención al Menor (Corpocas) que ha sumado varios requerimientos judiciales.
La nueva administración en Castro tiene que lidiar con este panorama, marcado por la interposición desde el año pasado a la fecha de 21 demandas directas contra el ente corporativo, como también otras cuatro en las que aparece como denunciado subsidiario.
Según los antecedentes recogidos desde el Poder Judicial, en base a las sentencias ya ejecutoriadas y pagadas (3), como también en las resoluciones decretadas por el Juzgado de Letras del Trabajo local y que han sido recurridas de alzada, el monto que debiera pagar la entidad castreña llega a una cifra cercana a los 425 millones de pesos.
Es más, estas nueve causas no consideran el abandono del recurso de nulidad por una demanda colectiva de 47 profesores por más de $365 millones y otra acción laboral también enfocada en el pago de bonificaciones por más de un centenar de docentes, la cual se encuentra en plena tramitación.
Justamente, al considerar los casos que están siendo analizados en primera instancia las cifras que arriesga cancelar la corporación aumentan exponencialmente.
El total general por denuncias resueltas y vigentes llega a más de 965 millones de pesos, sin considerar intereses ni reajustes. Dentro de ellas, nueve se interpusieron este año alcanzando casi los $449 millones.
Las materias por las que ha sido demandada directamente la Corpocas se enfocan principalmente en vulneración de derechos fundamentales en ocasión de despidos. 12 procedimientos se abrieron por este concepto, mientras que otros tres por despido indirecto, injustificado o nulidad en el mismo.
Además, se presentaron acciones en cuatro casos por cobro de bonos y uno por cancelación de prestaciones y otro por indemnización de perjuicios.
Eso sí, en tres causas por tutela de derechos se rechazaron estos cargos y se terminó por sentenciar al empleador por despido injustificado. El ejemplo más conocido fue el de la exjefa de finanzas de la Corporación Municipal, María Adriana Olivares, el cual fue recurrido el martes recién pasado por ambas partes y está siendo analizado en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Complejo
El abogado de la contadora auditora que desde junio del 2003 ocupaba dicho cargo, Pablo Lehnebach, quien además sustenta otras causas contra la Corpocas, recalcó que el panorama jurídico respecto a esta organización es "complicado" por la gran cantidad de juicios en la que está inmersa.
Incluso, el profesional describe este escenario como "casi sin precedente en la Isla", explicando que pocas veces se ve que un empleador concentre todos estos requerimientos.
Asimismo, la fuente fundamentó este complejo momento por la incidencia de los casos de tutela de vulneración de derechos fundamentales, señalando que estas materias "son excepcionales" y que solo se configuran en situaciones estrictas.
"Estos hechos se centran más que todo en el trato con los trabajadores", especificó el jurista, recalcando que no se puede asignar este contexto de manera exclusiva al cambio de administración (ver recuadro).
"Cuando asume un nuevo empleador pueden haber despidos, pero no tiene por qué acarrear tantos juicios. Hay empresas grandes en Chiloé que no tienen tantas tutelas juntas. El tema acá es la forma en que se hacen los despidos, en cómo se relaciona el nuevo administrador con la gente, lo cual debe estar acorde con los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, acá hay una cuestión de trato que genera estas situaciones", aclaró Lehnebach.
Otro de los abogados demandantes contra la entidad corporativa castreña es Juan Pablo Sottolichio, quien también enfatizó que uno de los temas más preocupantes que se producen son las vulneraciones de derechos contra los funcionarios.
"El principal empleador de la provincia, que es en este caso la Corporación (Municipal de Castro), no respeta los derechos de sus trabajadores", expuso el profesional, detallando que esta entidad al manejar fondos públicos debería dar el ejemplo.
Igualmente, sostuvo que esta realidad se expresa en causas reiteradas. "No se trata de casos puntuales, ha pasado seguido con la nueva administración, tanto contra profesores, funcionarios de la Salud, administrativos. Todo esto genera un cuadro evidente que refleja que no se respetan los derechos de los empleados", dijo el profesional.
Además, quien fue asesor legal en el período alcaldicio de Nelson Águila, resaltó que todos estos juicios generarán un problema mayor, al momento en que se tengan que pagar las sanciones, subrayando que no ha tenido acercamiento con la contraparte.
Profesores
La gran mayoría de las demandas contra la Corpocas ha sido entablada por docentes, quienes han emprendido estas acciones tanto de manera particular como apoyados por el gremio.
Así lo describió la presidenta provincial del magisterio, Jacqueline Esquibel, quien calificó como "preocupante" la judicialización a la que han tenido que llegar los educadores en Chiloé por sus problemas laborales, aunque instó a revelar las dificultades que pasan.
"Tienen que perder el miedo y atreverse a denunciar las situaciones que viven en sus establecimientos", apuntó la dirigenta.
A su vez, explicó que existen conductos regulares para asesorar a los profesores: "Cuando se sientan vulnerados deben enviar un documento formal al Colegio de Profesores comunal, el cual luego pasa a nivel provincial donde intercedemos. Cuando quieran asesoría legal tiene que existir este documento como respaldo. Más allá que algunos prefieran tomar abogados particulares, los respaldos están ofrecidos".
La representante de los docentes reconoció que los cambios de administración municipal influyeron en este escenario judicial, a pesar que existieron contactos para paliar en alguna manera este impacto.
"Faltó que se anticipen a algunas situaciones para medir las consecuencias a las que podrían verse expuestos por decisiones arbitrarias", señaló la fuente, ahondando en el alto costo que conllevan estos requerimientos.
"Todos estos juicio afectan las finanzas de la educación, disminuyen los recursos que deben ser destinados a los niños de cada comuna", recalcó la titular del Colegio de Profesores de Chiloé, añadiendo que pese al duro panorama que vive Castro en esta materia "hemos tenido las puertas abiertas de la corporación y el municipio para tratar algunos temas, llegando a solucionar problemas a través del diálogo". Un contacto que seguirá, mientras se vislumbra el impacto definitivo que tendrán todas estas demandas.
"El tema es la forma en que se hacen los despidos, cómo se relaciona el nuevo administrador con la gente".
Pablo Lehnebach,, abogado."
Cifras
Con el cambio de administración municipal en Castro se incrementaron las denuncias contra la Corpocas. 25 demandas -directas y subsidiarias- contabiliza entre 2017 y este año, mientras que en los cinco años anteriores sumó 27. Este escenario se repite en algunas de las otras seis comunas con nueva plana consistorial. En Ancud se registran a la fecha 29 denuncias laborales, en los últimos dos años. Una situación que también se observó el 2013, con 23 causas. Por su parte, considerando el 2017 y lo que va de esta temporada, en Quemchi, la cifra llega a 16 requerimientos; en Dalcahue, a una decena que se concentró el 2017; Queilen suma cinco demandas a la actualidad contra su entidad corporativa; mientras que en Chonchi, siete son los recursos en el tribunal, y finalmente en Quinchao, son tres las causas interpuestas en el Juzgado Mixto de Achao.
21 denuncias laborales directas entre 2017 y 2018 se interpusieron en el tribunal castreño.