Carolina Larenas Faúndez

Al pago de 120 millones de pesos, más prestaciones por indemnización por años de servicio, cotizaciones con efecto retroactivo y el mes de aviso, fue condenado el municipio de Castro luego que en los últimos días la Corte Suprema entregara el fallo de un proceso iniciado por cinco exfuncionarios que fueron desvinculados a principios del año pasado.

Un plazo de 5 días, una vez que el demandado sea notificado, tiene el municipio para cancelar los montos establecidos, lo que a juicio del abogado de los extrabajadores, Ignacio Álvarez, ascendería a cerca de 200 millones de pesos.

Sandra Mascareña, Leonel Méndez, Claudia Torres, Germán Vera y Marcelo Vásquez fueron los exfuncionarios que denunciaron al municipio luego que no se les renovara el contrato.

"Aquí existió una demanda de tutela por una parte, pero conjuntamente a ello, una demanda de despido injustificado con nulidad del despido y cobro de prestaciones. Esta demanda fue acogida por el Tribunal de Letras del Trabajo de Castro, confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y recientemente por la Corte Suprema", afirmó el jurista.

Asimismo, el profesional expuso que "lo que hace esta sentencia es que todos los despidos que han existido acá, en este caso en la municipalidad han sido ilegales y el fallo tiene un impacto económico muy relevante porque a lo que condena es a tres tipos de prestaciones".

Ellas son indemnizaciones por años de servicio, esto incrementado en un 50 por ciento y las indemnizaciones por falta de aviso previo. Además, debe pagar la nulidad del despido, porque se acreditó que este es nulo porque los funcionarios nunca recibieron pago de cotizaciones previsionales.

"Lo que corresponde es el pago de todas las cotizaciones, todos los sueldos hasta la fecha desde que fueron despedidos a principios del 2017, incluso hasta que ellos paguen todas las cotizaciones", afirmó el abogado.

Junto con ello, Álvarez sostuvo que "estamos hablando de trabajadores que llevaban incluso 12 años y desde esa fecha se arrastra la deuda, entonces la suma debiese bordear los 200 millones de pesos o incluso más".

Contraparte

Por su parte, el asesor jurídico del municipio, Marcos Velásquez, respondió que "un grupo de funcionarios a quienes no se les renovó el contrato el año pasado y que eran personas que estaban contratadas a honorarios presentaron una denuncia que era por vulneración de derechos fundamentales, alegando que el despido había sido por razones políticas y solicitaban el reconocimiento de la relación laboral".

Del mismo modo, el abogado comentó que "nosotros contestamos la demanda, fuimos a las audiencias del juicio, rendimos pruebas y contestamos oportunamente, y el tribunal rechazó la demanda de vulneración, porque estimó que no había vulneración de derechos fundamentales y esa parte de la demanda fue rechazada".

También agregó que "como no había una solicitud expresa respecto de la relación laboral ese fue uno de los antecedentes que el tribunal tuvo en cuenta porque todos los contratos acreditaban que cumplían funciones permanentes y esa no es una situación exclusiva de la Municipalidad de Castro, sino que de todos los servicios públicos".

Velásquez indicó que la liquidación del monto a pagar la resolverá el Tribunal de Letras y del Trabajo de la capital provincial, una vez que la Suprema remita el fallo.