Michael Seguel P. - Medios Regionales
No hay primera sin segunda, dice el dicho popular, pero esta vez hubo un resultado di-ferente. Manuel Olivares Maldonado (56), conocido como el "Kiruza", quedó ayer en prisión preventiva tras ser formalizado por tráfico de drogas y tráfico de armas, en el Juzgado de Garantía de Rancagua.
Se trata del mismo hombre que la semana pasada había quedado en libertad tras ser detenido por Carabineros en El Tabo junto a Nilson Cerda, 31, cuando circulaba en un vehículo con vidrios polarizados, lo que despertó las sospechas de la policía. Revisaron el vehículo y en su interior se encontraron armas, municiones de diverso calibre y dinero en efectivo. Sin embargo, el juez Juan Pablo Flores determinó que su detención había sido ilegal y lo liberó.
Esto generó la molestia del Presidente Sebastián Piñera y críticas del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Incluso, el fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitó antecedentes del procedimiento realizado ese día por Carabineros.
En Rancagua, tras tres horas de audiencia, la jueza Andrea Urbina aceptó la solicitud de prisión presentada por el fiscal adjunto jefe de Rancagua, Sergio Moya. Mientras, el defensor público Cristián Miranda argumentó en la audiencia que las interceptaciones telefónicas realizadas en la indagación contra Olivares no acreditaban que su representado haya cometido el delito de tráfico de armas y drogas. En la audiencia, además, estuvo presente el abogado del Ministerio del Interior Italo León, querellante en el caso.
el tabo
Olivares fue detenido en la tarde del lunes por el OS-7 de Carabineros en El Tabo, luego de que fueran allanados dos domicilios relacionados con el imputado, encontrándose armas, cargadores, dinero en efectivo y relojes de alto valor. Esto, por una causa vigente del 2 de abril del Tribunal de Rancagua.
El fiscal Sergio Moya manifestó que "el tribunal consideró que era un peligro para la sociedad que el imputado estuviera libre. Además, arrastraba una condena desde 1999 por estos delitos".
1 querella fue interpuesta por el Ministerio del Interior en contra de los imputados.