Concejo castreño aprobó modificación del presupuesto para pagar un fallo judicial
Concejales expresaron su inquietud por la pérdida que estos casos representan para el municipio.
Por cinco votos a favor, un rechazo y una abstención se aprobó en el último Concejo Municipal de Castro una modificación presupuestaria por 200 millones de pesos, recursos que estarían destinados a pagar uno de los fallos judiciales que pesa en contra del municipio tras las denuncias de exfuncionarios desvinculados.
Se trata específicamente de una sentencia que fue ratificada por en los últimos días por la Corte Suprema frente a una demanda presentada por cinco extrabajadores del municipio y que considera, entre otros aspectos, el pago de prestaciones por indemnización por años de servicio, cotizaciones con efecto retroactivo y el mes de aviso.
Sandra Mascareña, Leonel Méndez, Claudia Torres, Germán Vera y Marcelo Vásquez fueron los exfuncionarios que denunciaron a la municipalidad luego que no se les renovara el contrato a principios del año pasado.
Marcos Velásquez, asesor jurídico del municipio, indicó que la modificación presupuestaria que se aprobó en el concejo tiene el fin de liquidar el reciente fallo contra el consistorio, pero que aún se está calculando el dinero final, ya que depende de la cantidad de años que cada una de las personas prestó servicio a la repartición.
"Este fue un monto que se estimó a priori, considerando que varios concejales no van a estar y no habrá reuniones de concejo, y lo que estamos haciendo es calcular lo que corresponde pagar para no cometer errores en los montos", afirmó el abogado.
La merma que estas acciones judiciales representa para la municipalidad y las eventuales implicancias que podrían tener para el funcionamiento del organismo, como la imposibilidad de concretar convenios con el Estado en el caso que en otros juicios se configure vulneración de derechos fundamentales, preocupa a los concejales castreños.
En este sentido, el edil Jaime Márquez (indep.) indicó que su rechazo a la propuesta del alcalde se debió a que "no podía avalar una acción de negligencia", sobre todo cuando hay jurisprudencia de este tipo de casos de la dependencia de los exfuncionarios del Código del Trabajo.
Vulneración
"Por ahora no hemos tenido juicios en el que se acepte el tema de la vulneración de derechos y de ser así, eso sería grave porque la corporación no podría percibir los recursos del 889 y tampoco contraer convenios con el Estado para desarrollar distintos programas", señaló el profesor.
A su vez, su colega Julio Muñoz (DC) mencionó que "no hubo complicaciones a pesar que vaya en detrimento del presupuesto municipal porque perdimos en el área judicial, pero lo más importante si hubiere habido vulneración de derechos no hubiésemos podido votar a favor".
Por su parte, el concejal Jorge Luis Bórquez (UDI) expresó que "cuando hicimos la modificación presupuestaria se nos aclaró que no era por vulneración de derechos, sino que por años de servicios de funcionarios que estaban contratados a honorarios, y en este tipo de temas estamos a la deriva como institución municipal".
Para su par Julio Álvarez (PS) esta situación es "inédita; el daño patrimonial al municipio ya está causado y ha significado una manifestación en el presupuesto municipal que hasta el momento implica más de 250 millones de pesos".
Agregó que "esto requiere actuar conjuntamente, todo el concejo municipal, pero requiere también actuar con ponderación, que es lo que no ha existido hasta el momento; requiere una conversación con el resto de los concejales para definir qué decidir".
En tanto, el concejal René Vidal (PC) puntualizó que "mientras no tengamos todos los antecedentes de los fallos no podemos tomar acciones y si la corporación no recurre al municipio solicitando recursos, tampoco podemos tomar medidas".
Incluso, hace algunas semanas un grupo de concejales castreños remitió una consulta a la Contraloría Regional para conocer de qué forma se vería afectada, principalmente la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor frente a esta situación judicial. Los ediles recibieron como respuesta del organismo que se debe esperar el pronunciamiento de los tribunales.
Plantean sus puntos de vista
Marcos Velásquez, asesor jurídico del municipio
"Se aprobó la modificación y lo que estamos determinando son los cálculos. Lo más simple son los años de servicio, pero el tema de las imposiciones en algunos casos no pagadas durante 10 años es lo que hace el tema más complejo", relató.
Jorge Luis Bórquez, concejal de la UDI
"Nos gustaría poder destinar esos dineros a otras cosas más relevantes para la comunidad y, obviamente, nos preocupa este tema y creo que el alcalde va a analizar muy bien en el caso que deba desvincular a otros funcionarios", manifestó.
Julio Muñoz, representante de la DC
"Las medidas administrativas de los despidos no se condice con lo que se hizo y, por lo tanto, la Suprema otorga esta salida de indemnización a estos funcionarios. Si no hubiésemos aprobado esto, se pudieron haber rematado bienes municipales", sostuvo.
Julio Álvarez, militante del Partido Socialista
"En una situación como esta no se pueda actuar individualmente, se requiere de todo el concejo o de una mayoría. Hago un llamado al alcalde a recapacitar y cambiar el curso de la actual administración, el daño causado es insostenible", aseguró.
Jaime Márquez, edil independiente
"Estamos esperando que salgan nuevos fallos, a los menos el de dos profesores que están por vulneración de derechos y ahí como concejales vamos a ver qué decisión tomamos. Lo que hicimos antes fue una consulta a la Contraloría", afirmó.
René Vidal, concejal comunista
"Hicimos una presentación a Contraloría consultando si se iba a afectar a la corporación con el tema de la firma de los convenios y programas, así como la devolución del 889, ya que en este caso estamos hablando de 40 millones y fracción", detalló.
"Si hubiere habido vulneración de derechos no hubiésemos podido votar a favor".
Julio Muñoz,, concejal de la DC."
200 millones de pesos es el monto que se visó para hacer frente a la decisión del tribunal.








