Acusan graves ataques de gendarme a interno de la unidad penal de Castro
Gendarmería inició un sumario administrativo por apremios ilegítimos, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos comenzó a reunir los antecedentes y visitará al denunciante.
Una investigación interna que puede trascender a esferas penales está realizando Gendarmería de Los Lagos por los presuntos apremios ilegítimos sufridos por un interno del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Castro por parte de un funcionario del mismo penal.
Este complejo escenario dentro del recinto emplazado en calle Monjitas, en el centro de la capital chilota, viene configurándose desde el mes pasado. Serían varios episodios de violencia física y sicológica contra este reo de 47 años, quien permanece recluido por su responsabilidad en un abuso sexual.
Sin embargo, el último incidente motivó la develación por parte de este isleño, quien literalmente asfixiado por esta situación contó todo a quien considera su madre adoptiva, la dirigenta vecinal Doris Chiguay, quien se encargó de notificar los hechos.
De acuerdo a la líder social, el reo la llamó para revelar lo que califica como una pesadilla. "Estaba desesperado, lloraba. Así que lo visité en la cárcel, donde me dijo que era constantemente amenazado por un funcionario, quien lo llevaba a una pieza para castigarlo, además lo obligaba a que lo atendiera sólo a él", aclaró.
Junto con señalar que el efectivo penitenciario está plenamente identificado, la fuente recalcó que existirían otras personas dentro del establecimiento penal que conocen sobre este caso.
Alcohol
Es más, la también encargada de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Castro dijo que con los datos que maneja "el funcionario habría llegado bajo los efectos del alcohol" a la unidad donde perpetraría estas agresiones.
"Solicité una orden de alejamiento, pero como tuve que ir a Santiago no estuve mucho al tanto de los sucedido. No obstante, ahí -en la capital- me contacté con la ONU porque esta persona -la víctima- pertenece a mi comunidad indígena (Wuarria-Che) y lo protege el Convenio 169 (de la OIT, Organización Internacional del Trabajo) sobre derechos humanos", acotó Chiguay.
La vecina detalló que el interno del CDP le comentó que, en el hecho más grave, el efectivo habría llegado "de amanecida" al penal, donde "lo empezó a maltratar sicológicamente y lo llevó a una sala y le pegó". Agregó que le pidió al alcaide Miguel Castro protección para su ser querido, enfatizando que es "injusto que este señor -el presunto agresor- haga abuso de su poder". Incluso, remarcó una hipótesis como origen de esta seguidilla de ataques.
"Todo podría deberse a su condición sexual, tal vez fue discriminado -el reo- por este señor, lo que no debiera ser. Hablamos de tolerancia en esta sociedad y ocurre esto dentro de una institución y por parte de un efectivo que también es indígena. No debiera trabajar en una población penal por ser un riesgo para quienes habitan ahí", concluyó la dirigenta.
Responsabilidades
Los antecedentes del caso se remitieron a Gendarmería de Los Lagos. Justamente, desde la dirección regional se informó que "ante la denuncia realizada por el interno se dispuso un sumario administrativo para determinar la forma en que ocurrieron los hechos y las eventuales responsabilidades que pudieran existir".
Sumó la institución que mientras exista una investigación interna no se entregarán detalles del hecho. Sin embargo, si las diligencias determinan que hubo un delito, todos los antecedentes serán entregados al Ministerio Público.
Desde la Fiscalía de Castro se comunicó que no han sido notificados del caso.
Averiguaciones
En tanto, otro estamento que ya está estudiando los antecedentes es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Un despliegue que incluirá en los próximos días la visita de personeros regionales hasta el CDP de Castro para conocer desde su fuente este complejo incidente.
Así lo confirmó el jefe regional de esta organización, Mauricio Maya, quien sostuvo que comenzaron las averiguaciones, ratificando la existencia del sumario administrativo por parte de la entidad penitenciaria y descartando la denuncia a la Fiscalía.
"En estos días viajaremos a Castro a ver si entrevistamos al interno y ver qué está ocurriendo", apuntó el sicólogo, describiendo que esta sería la primera acusación relacionada sobre la seguridad de los reclusos en los penales de Chiloé desde que está vigente el instituto en la zona (año 2015).
El profesional manifestó que las principales denuncias emanadas desde la Isla se enfocan a condiciones de habitabilidad de las unidades penales, pero no por agresiones de funcionarios a internos, calificando a las cárceles chilotas como "tranquilas".
De esta forma, el INDH se hará parte de esta investigación que si ratifica la existencia de algún ilícito podría llevar a la interposición de la primera querella por apremios ilegítimos en una cárcel insular.
"Dependiendo de la gravedad de los hechos que se denuncien podemos presentar una querella".
Mauricio Maya,, jefe regional del INDH."
Penalidad
La legislación indica que el empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplique, ordene o consienta en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, es decir, de 541 días a 5 años.
