Pedro Bárcena González

A casi 11 meses de comenzar la indagatoria interna por parte de Gendarmería producto de la denuncia anónima de presuntas irregularidades y faltas administrativas cometidas por quien era el alcaide de la cárcel de Castro, capitán Carlos Olavarría, en los últimos días emanó el resultado de las diligencias realizadas a nivel regional decretando el sobreseimiento del oficial.

A través de una carta sin remitente y que aludía a supuestos funcionarios del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la capital chilota, se acusaba al jefe de entonces de ese recinto de presuntos amedrentamientos, malos tratos y anormalidades en el funcionamiento del penal. Incluso, la misiva fue de conocimiento de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, además de autoridades locales.

Tal impacto generó que junto con el inicio de las pesquisas por parte de la Dirección Regional de Gendarmería, se procedió a trasladar al uniformado al Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.

A pesar que el sumario administrativo tenía una duración preliminar de 60 días, solo este mes tuvo su dictamen, del cual Olavarría fue notificado recién este viernes.

Firmado por el coronel José Provoste, director de la institución en Los Lagos, la resolución 750 del organismo suspende los cargos contra Olavarría por falta de pruebas por los hechos presuntamente ocurridos el 6 de abril del 2017 y en otras fechas de ese año.

Además, el fallo sanciona a los gendarmes Andrés Quezada y Jonathan Osorio a la medida disciplinaria de multa de 0,5% de su remuneración mensual por sus responsabilidades en la falta de control del cumplimiento de la condena de Carlos Gueicha, quien pernoctó por tres días más a lo correspondiente en la cárcel castreña.

El libelo destaca que quedó acreditado que estos funcionarios "no cumplieron satisfactoriamente el rol de suboficiales de guardia".

Esta decisión se toma dentro de esta larga investigación que comenzó con los antecedentes descritos en la carta anónima. Eso sí, los hechos sancionados no tienen relación a los casos puntuales que indicó la misiva, sino que emergieron dentro de las pesquisas del sumario.

Asimismo, esta resolución no se pronuncia sobre los autores de la carta ni de sus eventuales responsabilidades. Y, en definitiva, sella el término indagatorio de un caso que ya se había vivido con los alcaides de los penales de Castro y Ancud durante el 2012. Un modo de acusación anónimo y repetido que no se comprueba.

Bajo este escenario, el teniente coronel Alberto Figueroa, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) y quien tuvo conocimiento de la causa abierta contra el capitán Olavarría, recalcó que se logró acreditar que "la acusación fue falsa".

El máximo dirigente del gremio en el país enfatizó que "nos preocupa que se hace un daño a la honra de las personas con imputaciones poco serias que buscaban perjudicar al oficial y enlodar su carrera funcionaria".

Además, la fuente resaltó que están analizando acciones penales por injurias y calumnias contra quienes resulten responsables de esta misiva. "Estamos evaluando con un abogado si interponemos una querella. Buscaremos recabar información que puede ser usada en los tribunales para hacer justicia", acotó.

Retorno

A su vez, otro de los puntos en que pretende interceder la ANOP es el retorno del capitán Olavarría a la testera del CDP de Castro, en especial considerando los proyectos que estaba realizando en Chiloé y su arraigo social y familiar. Incluso, en este tiempo alejado de su hogar sufrió dos robos en su casa.

"Realizaremos las acciones para que retome la destinación, puesto que es una injusticia lo que pasó y podría asumir nuevamente la jefatura", explico Figueroa sobre una decisión que será resorte de la testera regional de Gendarmería.

269 fojas tiene el sumario administrativo al que fue sometido el capitán Olavarría.

0,5% de su remuneración mensual fue la multa contra dos gendarmes por este caso.