Pedro Bárcena González

Inmediatas reacciones generó la revelación del resultado del sumario realizado al capitán Carlos Olavarría, exalcaide de la cárcel de Castro, quien fue sobreseído de los cargos de presuntas irregularidades y faltas administrativas al interior del penal chilote. Una indagatoria que terminó sancionando a dos subalternos.

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) no conciben que solamente los gendarmes Andrés Quezada y Jonathan Osorio fueran multados con el 0,5% de su remuneración mensual por sus responsabilidades en la falta de control del cumplimiento de la condena de Carlos Gueicha, quien pernoctó tres días más a lo estipulado en la unidad castreña tras cumplir su sentencia.

Por casi un año se investigaron las acusaciones realizadas a través de una carta anónima contra el oficial, hechos presuntamente ocurridos el 6 de abril del 2017 y en otras fechas de ese año. Una serie diligencias contenidas en las 269 fojas del proceso sumarial y que concluyeron que los dos funcionarios no cumplieron su rol como suboficiales de guardia.

De acuerdo a lo señalado por Benito Saravia, segundo director nacional de la Anfup, no existe conformidad con las medidas aplicadas y espera que estos hechos sean indagados de forma más profunda.

"Que un reo haya permanecido tres días más después del cumplimiento de su condena no puede ser solo responsabilidad de funcionarios de la planta 2. Hay responsabilidades del mando, de los cargos superiores y también otras situaciones que esperamos sean aclaradas", apuntó el dirigente.

Dentro de las primeras acciones contempladas está el análisis exhaustivo de la investigación llevada a cabo desde la Dirección Regional de Gendarmería de Los Lagos e impedir que el oficial retome su destinación en el recinto carcelario insular.

"Estamos estudiando el sumario y no estamos de acuerdo con su regreso hasta que no se resuelvan totalmente las situaciones que fueron denunciadas", explicó la fuente.

Desde el gremio se informó que remitirán sus observaciones a la autoridad para invocar la reapertura del sumario, en base a nuevos antecedentes que puedan reunir.

"Como tengo entendido, los funcionarios afectados firmaron la notificación de la sanción y no apelaron a los cargos, pero independiente de ello también podemos presentar datos para que se busque la responsabilidad administrativa del oficial a cargo", recalcó Saravia, quien insistió en que "no es prudente" que el capitán regrese a la cárcel castreña mientras no se esclarezcan todas estas dudas que plantean.

Acciones

En tanto, junto con analizar una eventual querella por injurias y calumnias contra el capitán Carlos Olavarría, tras la carta anónima que activó el sumario en su contra, desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) hicieron un llamado a las autoridades a evaluar la credibilidad de estas imputaciones.

Como resaltó Alberto Figueroa, presidente de este organismo, se insta a los personeros, tanto de Gendarmería de Chile como de Gobierno, "a que coloquen oído a acusaciones pocos serias, anónimas. Hay que hacer un mea culpa, como gremio exigimos seriedad y no podemos dar credibilidad a estos dichos que buscan enlodar a los oficiales, porque (hay funcionarios que) no les gusta el sistema de mando o que los sancionen".

"No estamos de acuerdo que solo se sancionen a funcionarios de la planta de suboficiales".

Benito Saravia,, director de la Anfup."

En el rango intermedio a lo solicitado por los intervinientes, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro sentenció a 6 años de presidio efectivo al obrero responsable de la violación de una adolescente, al interior de su domicilio en el sector de Tehuaco, comuna de Dalcahue.

La sala presidida por la magistrada Loreto Yáñez determinó en su fallo entregado en las últimas horas que el sujeto de iniciales L.A.P.P. ultrajó a la víctima de 18 años, la jornada del 11 de febrero del 2016. Una agresión sexual acreditada en base al testimonio de la estudiante, como la prueba pericial y policial entregada en el juicio, en especial considerando que el sujeto fue detenido en flagrancia.

Por este ilícito, el fiscal Enrique Canales, había invocado 7 años de reclusión, pretensión que se vio reducida levemente por lo dictado por los sentenciadores.

El persecutor resaltó que la condena es "razonable" y que está dentro del rango posible "para que el tribunal la aplicara". Igualmente, está analizando el fondo del dictamen, primordialmente con relación a las circunstancias que llevaron a absolver al obrero por el otro caso, los presuntos ataques contra la hijastra de 17 años. El abogado acusó al isleño por violación y abusos sexuales reiterados, pero su autoría fue desechada.

"Estamos revisando la sentencia, pero en un primer análisis no existirían vicios para esta resolución. Hay que entender que la nulidad no es una apelación, sino un reclamo por algún vicio cometido en la investigación, el juicio o la sentencia. Por lo tanto, desde esa primera lectura no se avizora un elemento que pudiese invocarse en esa lógica", explicó el profesional.

De todas formas, el fiscal tiene hasta el viernes de la próxima semana para interponer un eventual requerimiento, el cual también está estudiando la defensa del trabajador condenado.

Defensa

Así lo remarcó Rodrigo Zamorano, quien representó al imputado que enfrentó en libertad el juicio y que había pedido el mínimo dentro del rango, 5 años y un día de presidio.

"Estamos analizando el fondo de la decisión de los jueces y esperamos los 10 días de plazo para ver si interponemos el recurso", apuntó el abogado, recordando que inicialmente había postulado la absolución por los dos casos.

2014 año de los presuntos ultrajes contra la hijastra, cargos que se desestimaron.

6 años de presidio efectivo dictaron los sentenciadores contra el obrero.